En medio de los graves incidentes en Chile, un grupo de manifestantes rodeó la residencia del embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, tiró piedras contra el domicilio y quemó un local gastronómico lindero, en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera.

“Estamos dentro. Ingresaron al terreno que hay entre el museo y la residencia. Llevan media hora tratando de entrar y apedreando. Estamos resistiendo a lo Ghandi”, graficó Bordón ante la consulta de Infobae.

La semana pasada, y en medio de la crisis política que atraviesa Chile, también se registraron incidentes en la residencia de Bordón, cuando los manifestantes ingresaron a los jardines y rompieron vidrios. En aquella oportunidad, el embajador fue evacuado por prevención y ante la falta de seguridad.

En este nuevo ataque tampoco hubo presencial policial, y la delegación argentina espera la llegada de un camión blindado para trasladar a cuatros empleados, con excepción de Bordón y su esposa, que resolvieron quedarse en la residencia.

La residencia del embajador argentino en Santiago de Chile está enfrente de la sede de la Universidad privada Pedro de Valdivia, que ya fue incendiada por los manifestantes en medio de duros enfrentamientos con la policía.

Durante la jornada de hoy se realizó en Chile la primera huelga general, convocada por un centenar de organizaciones sociales, en un contexto donde el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.

A primera hora, las barricadas incendiadas impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago y una gran marcha convocó a 80.000 personas -de acuerdo a cálculos del gobierno- por la céntrica avenida Alameda.

Chile transita la cuarta semana de manifestaciones -que se saldan con 20 muertos y miles de heridos-, en momentos en que el presidente Piñera dio un giro y anunció el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque no con una Asamblea Constituyente –como se pide en las calles – sino a partir de un “Congreso Constituyente”, cuyos detalles y composición aún no se definen.

El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales.