La procuradora adjunta y titular de la Oficina Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, brindó un panorama del trabajo a su cargo en causas por corrupción en el Estado provincial y refirió a la situación particular del exgobernador Sergio Urribarri, al ser designado embajador en el Estado de Israel.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Goyeneche dijo que la designación de Urribarri como embajador se recibió “con mucha tranquilidad, porque desde la perspectiva política es una decisión que nos excede absolutamente y tenemos causas en trámite de investigación y otras a la espera de juicio que no están incididas por esta decisión sino que seguirán su curso normal”.

Aunque admitió que “obviamente puede darse alguna situación que se puede llegar a presentar en cuanto a notificaciones o cuestiones que tengan que ver con prácticas en la presentación de las audiencias pero en el fondo de la cuestión procesal penal esta decisión no tiene ninguna incidencia”.

Explicó asimismo que “los embajadores tienen fueros específicos en relación con sus funciones o en relación a hechos que ocurran en la jurisdicción donde cumplen su función, pero no acepta las cuestiones legales que tengan en el país de origen”. “Los fueros son una suerte de obstáculos para proceder, no quiere decir que los hechos dejen de ser investigables o que deje de ser posible llevarlos a juicio aun cuando lo abarcara el fuero. En este caso no lo abarca, pero los fueros lo único que pueden hacer es dilatar una investigación pero no impiden que se lleve una investigación o que se lleve  juicio a una persona”, especificó.

La procuradora adjunta confirmó además el pedido de los abogados defensores del exgobernador para aplazar los juicios en su contra pero aclaró que dicha solicitud “no tiene que ver con la designación de embajador sino con otras cuestiones del procedimiento porque entienden que tienen motivos para solicitar la suspensión en el marco de la causa con fecha de juicio fijada para agosto del año que viene”.

Consultada por las declaraciones polémicas del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, definió: “Estamos muy tranquilos, todas estas cuestiones se demuestran con hechos, con trabajo, con resultados, y en esto tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo y hemos hecho las cosas bien. Se está demostrando, y se ha demostrado con los resultados del trabajo – esto no tiene que ver con un discurso o con lo que se puede decir en un medio de prensa- lo que está pasando con las causas”.

Puntualizó que “hay probablemente más de 50 causas de corrupción más o menos relevantes en trámite”. “Tenemos causas por hechos muy menores, y aunque no tengo un cómputo actualizado, hace aproximadamente un año atrás teníamos unas 50 causas en trámite más o menos relevantes de corrupción”.

En tal sentido, resaltó que “es muy distinto investigar hechos de corrupción que investigar otros hechos concretos, cotidianos; si hay que investigar un homicidio se investiga un hecho concreto, con la prueba que hay y en algunos meses –más allá de las demoras de alguna pericia- se resuelve. Con los hechos de corrupción es muchísimo más engorroso porque son hechos, porque requiere mucha prueba documental que ya recopilar es engorroso y lleva mucho tiempo. A veces parce que los trámites son eternos y que no pasa nada sino que muchas veces lo que pasa es que se está recopilando información, luego hay que analizarla, hay necesidad de traer más elementos documentales, hay que requerir registros, y demás”.

“Entonces, lo que aparentemente es una dilatación, no es que se produzca para que algo no ocurra sino que tiene que ver con instancias propias de la recopilación de la información, y luego el análisis de la misma tiene sus particularidades y demoras porque hay que entender lo que ha pasado y eso es como un armar un rompecabezas que muchas veces es muy difícil de componer; y eso es lo que hace que muchas veces las causas complejas de corrupción lleven mucho más tiempo del que se desearía”, explicitó.

Respecto de la estructura de la Fiscalía, Goyeneche definió que “si uno piensa en el ideal de la investigación de una Fiscalía Anticorrupción con recursos, piensa en la necesidad de tener equipos técnicos, contadores, informáticos abocados exclusivamente a eso. Hoy el problema que tenemos, por la característica de nuestro sistema, es que no tenemos especialidad, no hay funcionarios que se estén abocados con exclusividad a esto ni tenemos gente que esté llevando exclusivamente este tipo de causas”.

“Más allá de eso, esto pasa en todo el sector público de nuestro país y en otras áreas también pasa lo mismo, pero a pesar de eso hemos podido hacer muchas cosas estamos satisfechos, no hemos tenido significativas demoras vinculadas con la ausencia de recursos específicos sino que dentro de las posibilidades de recursos humanos que tenemos las causas han ido avanzando adecuadamente”, valoró.

Por otra parte, sobre la relación de trabajo junto a la policía, explicó que “en corrupción es muy poco lo que hacemos con la policía salvo los allanamientos, y no mucho más, porque como esto se trata de información documental es muy poco lo que puede hacer la investigación que aporta la policía. Sí se recurrió mucho al aporte científico de la policía a través de Criminalística con algún tipo de pericia”.

Respecto de la causa contratos truchos de la legislatura, Goneyeche recordó que está apartada de la misma aunque informó que “lo último que se dispuso es una pericia contable” y en cuanto a la causa que involucra al empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, amigo y sindicado como testaferro del exgobernador Sergio Urribarri, apuntó que “está en plena investigación y todavía en etapa de recopilación de pruebas”. “Es una causa que está vinculada con la investigación de enriquecimiento ilícito, allí surgieron un montón de elementos que derivaron en que se solicite mucha información documental a organismos, y está en esa instancia. No hay imputaciones ni llamados a indagatoria todavía”, detalló.

Asimismo, refirió que “los llamados a indagatoria se producen cuando hay una prueba bastante cerrada y contundente ya recopilada, porque de otra manera –al ser una suerte de rompecabezas donde hay que ir uniendo las pruebas- puede ser que se malinterprete alguna documentación y que luego otra información obtenida a posteriori aclare la situación, o que se pueda imputar un hecho que reconduzca en otro, con prueba nueva que tenga otra implicancia. Por eso las indagatorias no se dan ni bien se inicia la causa, pero tiene que ver con una técnica de trabajo, de ser muy serios en esto, y hasta no tener muy claro cómo son las cosas y no estar muy seguros de lo que se puede imputar y de las pruebas que se tienen, se procura no generar la imputación del hecho”.

Suplencias de fiscales

Ante los dichos del vocal del STJ, Bernardo Salduna, sobre una supuesta falta de independencia en aquellos fiscales que ofician como suplentes, Goyeneche apuntó que “en este momento está en curso uno de los concursos más grandes que ha hecho el Consejo de la Magistratura que es el de los fiscales auxiliares, el cual seguramente se realizará en el primer trimestre del año que viene, hay más de 200 inscriptos y por eso es bastante engorroso”.

De todos modos, sostuvo que “el Consejo de la Magistratura aportó para nuestra provincia una dosis de tranquilidad y de independencia en el ejercicio de la función que se ve claramente en todo el funcionariado de la provincia, con la realización de los concursos, lo que ha dado un salto cualitativo muy importante”.

“Los concursos de fiscales se realizaron casi todos, hay ahora uno en trámite para la costa del Uruguay, mientras que los de fiscales auxiliares son los que más se dilataron en el tiempo por distintas circunstancias, porque son los últimos que se crearon y en su momento no pasaban por el Consejo de la Magistratura, hasta que salió la ley de Ministerio Público”, concluyó.