Por JCB de ANÁLISIS
En la Cámara de Diputados se está tratando el proyecto que busca reducir los alcances del jurado popular en la provincia. Se trata de la reforma del artículo 2 de la Ley 10.746 que creó el juicio por jurados en la provincia tras una deuda de décadas con la Constitución Provincial y la Constitución Nacional que establecen como derecho ciudadano la existencia de los jurados populares.
Desde su aplicación en la provincia en noviembre del 2020 se han desarrollado poco menos de 100 juicios por jurado en Entre Ríos.
Actualmente la norma establece que se definiran con un jurado popular aquellos delitos cuya pena máxima sea de 20 años o más incluyendo los delitos en grado de tentativa. Los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja comenzaron a discutir el proyecto del oficialismo -en sintonía con las autoridades del Poder Judicial- que busca reducir el alcance del instrumento a los delitos cuya pena máxima sea superior a 20 años excluyendo las tentativas y los delitos de 20 años de prisión máxima.
En el marco de una reunión de dicha comisión de la Cámara de Diputados, expuso Carla Cusimano, titular de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) y manifestó su rechazo a la reducción del Juicio por Jurados.
En dialogo con FM Universidad, la titular de la asociación de víctimas explicó los motivos del rechazo: "El juicio por jurados es una manda constitucional, no hay como escaparle. Es un derecho que tenemos todos los argentinos y entrerrianos. Llevó 170 años en nuestra provincia que se cumpliera y hoy a cuatro años de ser sancionada se la quiere recortar".
"La evaluación de estos años de juicio por jurados es absolutamente positiva. No ha habido un sólo inconveniente en los casi 100 juicios por jurados que se han hecho en la provincia. Los inconvenientes que surgieron en algunos de los juicios han tenido que ver con la parte técnica que interviene (jueces, fiscales, defensores)", agregó Cusimano.
En esa línea, explicó que "los jurados se comportaron de manera impecable y los veredictos han sido impecables". "La evaluación ha sido 100% positiva y nada de esto está en juego en los argumentos que brindan para la reforma. Lo que está en juego es lo presupuestario e infraestructura, estamos hablando de plata", agregó.
Las pocas explicaciones oficiales hasta el momento hablan de falta de infraestructura. Lo hacen con los números que brinda el Poder Judicial respecto a cierta demora en el avance de los juicios ante la falta de infraestructura. Lo curioso es que el Poder Judicial contando con un importante presupuesto no invirtió en infraestructura durante estos cuatro años de aplicación para poder desarrollar mejor la herramienta, mientras sí continuó con otras obras en sede judicial que son públicas y notorias.
Es decir, generan la falta de infraestructura sin presupuesto para eso y luego la usan como argumento para pedir la reducción del único instrumento de participación popular en el Poder Judicial.
Cusimano profundizó más respecto a la cuestión económicas y expresó con datos: "No es sólo por plata, acá sólo se tiran algunos números por arriba. Dentro del presupuesto total del Poder Judicial, el juicio por jurados insume el 0,8%. En viáticos del Superior Tribunal de Justicia se insume $31.000.000 y el juicio por jurados insume $31.100.000, entonces ¿de donde recortamos? Para lo que no les alcanza es para llevar adelante el único sistema con participación ciudadana y democratización de la Justicia".
Hablan de las víctimas sin consultarles
El proyecto está en discusión en las comisión. Uno de los argumentos que se deslizan tiene que ver con una supuesta revictimización de las víctimas durante el proceso. Cusimano, titular de una de las organizaciones que hace 20 años trabajan junto a las víctimas de delitos aberrantes, niega que esto sea así: "Hacen incapié en las víctimas de delitos de abuso sexual. El 50% de los delitos que se juzgan por juicio por jurados son delitos de índole sexual. En caso de avanzar con este proyecto sacan el 50% de los delitos que llegan a jurado popular, sumado a la quita de tentativas y los juicios abreviados que se hacen, nos quedarían 5 juicios por jurado por año".
"Se cumple con la manda judicial, no lo sacan porque no pueden, pero lo reducen a su mínima expresión", explicó respecto a la trampa del proyecto e insistió: "Hablar de la revictimización de las víctimas, es darle una vuelta que no es real, habla claramente de intentar llevar la situación para su convenciencia".
Si bien fueron convocados a la reunión, Cusimano lamentó que Vidaer no haya sido consultada en la elaboración del proyectoi: "Lamento mucho que cuando se elabora un proyecto que incluye a las víctimas y a los imputados no se los consulta. Ellos son los protagonistas, el resto es decorado. Si nosotros no estamos atentos permanemtenteme a los movimientos y pedimos ser convocados nos pasan por alto. Lamento que no nos hayan informado, llamado antes de elaborar el proyecto". "Quizá terminaban elaborando el mismo proyecto pero antes escuchaban las voces de los protagonistas", aseguró.
Como discutir mejoras del juicio por jurado
Cusimano no niega que se pueda mejorar el instrumento pero asegura que el proyecto en discusión va en sentido contrario: "Para nosotros se puede mejorar el juicio por jurados incorporando más delitos de manera progresiva, por ejemplo llevarlo a la órbita Civil y Comercial. Ampliar. Las provincias que tienen este instrumento, lo han ampliado no reducido".
"El proyecto que está en Nación para incoporar el juicio por jurados en lo Federal, habla de delitos desde los 5 años de pena, osea más amplio", ejemplificó.
Sin embargo, por la discusión propuesta por el oficialismo y el Poder Judicial, la situación es otra: "Nosotros hoy pretendemos que no se toque la ley, que la dejen correr unos años más y que empecemos a incoporar otros tipos de delitos una vez que el sistema esté asentado. En 4 años no generaron el presupuesto necesario, no hicieron las obras de infraestructura necesarias, sólo crearon dos cargos para la coordinación de los juicios por jurados, es una aberración. Es claro que se necesita más infraestructura, con el presupuesto que tienen les alcanza".
Un tipo de delitos que no se juzga por jurado popular en la actualidad son los de corrupción, algo que se discutió en la legislatura y los representantes decidieron excluir de la norma.
Frigerio no ha recibido a Vidaer
En otro tramo de la entrevista, Cusimano expresó que el 11 de enero pidió una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio para hablar de este y otros temas vinculados a la Asociación que preside. "Nunca tuve respuestas", lamentó.
Luego aseguró que el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, sí respondió de manera favorable y que mantuvo un encuentro con el durante el mes de marzo. Allí le planteó la preocupación respecto a la reforma que pretendían impulsar.