De ANÁLISIS

El abogado Pablo Hawlena Gianotti se presentó este martes con su pupilo, el imputado Jorge De Breuil, y concluyó la contestación a los fiscales que pidieron a la jueza la elevación a juicio de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. “Hablaré por él”, anunció a la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

El letrado aseguró que hay falta de objetividad de parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado en la investigación por Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. “Sostienen que existieron los mal llamados ‘contratos truchos’ y enfocan la responsabilidad del derecho penal sin conocer el derecho de administración pública”, aseguró el abogado y pidió que la conducta de De Breuil sea analizada “bajo las reglas del derecho administrativo”. El argumento defensivo es el mismo que se usó en el “megajuicio por corrupción”. En aquella discusión, los defensores sostuvieron que el derecho penal no tenía nada para aportar en procesos de la administración pública.

Para fundamentar su argumento, Hawlena Gianotti dijo que las normas que rigen los procesos de la administración pública no fueron consideradas por los fiscales y mencionó la “ley de presupuestos”; “normas que regulan la administración financiera del Estado”; “ley de ministerios”; “reglamentos de las cámaras” legislativas; y ley de “Tesorería General”, entre otras.

El 7 de mayo pasado, cuando De Breuil amplió su declaración indagatoria en la audiencia oral ante la jueza Barbagelata, se quejó de la pesquisa porque los fiscales “no evacuaron las citas”, es decir, no siguieron la línea que él mismo planteó en las indagatorias. Hawlena retomó este martes ese argumento y volvió a criticar la investigación fiscal. “Es arbitraria, carente de objetividad y extrema”, calificó. “Las declaraciones de De Breuil fueron útiles, pertinentes y suficientes”, contrastó después.

La intervención del abogado fue una lectura de documentos preparados previamente. Sólo se detuvo en ampliar algunos aspectos. A su lado permaneció el imputado, estoico, con un cúmulo de papeles sobre el escritorio.

El abogado atacó la calificación legal que achaca fiscalía, puntualmente la supuesta “asociación ilícita”. “Lamentablemente De Breuil está aquí porque realizó negocios jurídicos lícitos con personas investigadas en esta causa penal (Pérez y Bilbao). No logran adjudicarle un rol en la asociación ilícita supuestamente creada para sustraer fondos públicos. Quieren hacerlo responsable. Pero el imputado no tiene culpa de haber hecho negocios lícitos con personas que a la postre fueron imputadas”, subrayó.

Acción civil

El abogado Gustavo Acosta, encara la acción civil en el proceso. Este martes, leyó la demanda que presentó el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. “Adherimos a la postulación del MPF”, introdujo. El reclamo dinerario se basa en la pericial contable oficial y asciende a $372.924.249,00. “La suma es una estimación, atento a la ausencia parcial de documentación respaldatoria. De ello se deriva que el monto definitivo resultará de la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas (TdC), y o de la pericia ofrecida en subsidio. A eso se adicionan los intereses judiciales correspondientes. El objeto cuantitativo de esta pretensión queda sujeto a lo que en más o menos resulte precedente con arreglo al plexo probatorio y al elevado criterio de la judicatura”, manifestó.

A pedido de los defensores, leyó la demanda completa y, posteriormente, la ratificó ante la jueza.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará este miércoles a las 9.