Por Juan Cruz Butvilofsky,
De ANALISIS DIGITAL
El pasado viernes se debatió en Paraná la utilización de la marihuana con fines medicinales. Además, el propio presidente Mauricio Macri abrió la posibilidad a la discusión sobre la legalización del cannabis evaluando su implementación en la República Oriental del Uruguay. Estas discusiones y distintos sectores sociales hacen fuerza para cambiar el paradigma que rige sobre la problemática de las drogas, basado en la doctrina de la guerra que impulsó Estados Unidos e implementaron distintos países del continente.
El magistrado bonaerense que dirige la Asociación de Pensamiento Penal a nivel nacional, Mario Alberto Juliano, se refirió a la discusión con una radio paranaense: “Mi opinión es lisa y llana, el cannabis debe ser legalizado en la Argentina”. “Planteamos la necesidad de rever la legislación sobre una sustancia que científicamente está demostrando efectos absolutamente benéficos para determinadas afecciones en las cuales la medicina tradicional no está dando respuestas”, destacó.
Pero para Juliano el debate no debe reducirse a la utilización medicinal, sino que debe ampliarse hacia todas las drogas y los distintos tipos de consumo: “La guerra contra las drogas ha fracasado y ha sido desastrosa en distintas partes del mundo y está llegando la hora de que dejemos de tapar el sol con las manos”.
“El negocio del narcotráfico es la clandestinidad e ilegalidad de las drogas. La imposibilidad de regular el uso de las sustancias. La legalización no implica que se venda drogas en la puerta de una escuela o una iglesia. La legalización es la regulación, el control, la detección de los consumos problemáticos para dar asistencia a los ciudadanos que así lo requieran y no ofrecerle criminalización, sino salud pública. Esto sería la política inteligente de un Estado moderno”, describió.
Luego de lo que fue la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp se abrió la discusión sobre un Estado que lleve adelante una política de reducción de riesgos que cambie la lógica punitiva y represiva que se mantiene vigente en la actualidad. De esta manera, el Estado se pondría de frente a una realidad que hasta el momento decide darle la espalda.
En ese marco, Juliano consideró que “hay muchos tabúes y prejuicios fundados en la ignorancia” y que este es el motivo por el cual la clase política ha demorado esta discusión. “Afortunadamente, me parece que, más tarde o temprano, este tema va a entrar en el debate en la Argentina y esto es empujado por realidades concretas como la experiencia Uruguay”, agregó. “Yo estoy absolutamente confiado en que este tema va a salir”, reflexionó.
Ante la consulta sobre las complicidades que encuentra el negociado del narcotráfico dentro de los estamentos públicos, Juliano reconoció que se ven “algunos dirigentes involucrados con las redes o a las propias fuerzas de seguridad que muchas veces tienen que ver con el propio negocio que deben perseguir, pero yo no generalizaría”, explicó en relación a muchos de los dirigentes políticos e integrantes de las fuerzas de seguridad que no son cómplices del sistema montado para sostener el narcotráfico. “Apuesto a que nuestros representantes se pondrán los pantalones largos”, se esperanzó.
Narcomenudeo: una herramienta ya utilizada
La provincia de Buenos Aires fue de las primeras en adherir a la ley sancionada por el Congreso de la Nación en 2005. Dicha norma propone descentralizar los procedimientos judiciales para otorgar mayores herramientas a las justicias provinciales y sus respectivas fuerzas policiales. En la provincia de Buenos Aires, a más de siete años de su aplicación, se pueden observar algunos resultados sobre dicha política: “Narcomenudeo: lamentablemente en Buenos Aires se implementó y yo soy protagonista como juez de que pasen por mi tribunal estas causas que terminan en la nada”.
“A las pruebas me remito: en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley hace varios años y basta con ver los medios de comunicación para comprender que el comercio de estupefacientes sigue floreciente y que esto no ha tenido ningún tipo de impacto, salvo el de encarcelar a pequeños dealers que no tienen impacto porque son reemplazados por otros”, finalizó el magistrado.
La Asociación de Pensamiento Penal
"La Asociación Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.org.ar) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 2004, e integrada por personas vinculadas al sistema penal —jueces, fiscales, defensores oficiales, abogados particulares, funcionarios y empleados judiciales, docentes universitarios, estudiantes de derecho, personas privadas de la libertad, liberados, y aún de otras disciplinas afines — interesados en la promoción de los derechos humanos en su más amplio espectro y, consecuentemente, en una administración de justicia de cara a la sociedad, en sintonía con los postulados del programa constitucional".
