Según el colectivo de sindicatos del Estado y organizaciones sociales que constituyen la Multisectorial de Entre Ríos, la Ley de Emergencia supuso una transferencia de recursos de los sectores asalariados para sortear la crisis que derivó de la pandemia de coronavirus. Por eso pidieron la derogación parcial de la normativa, informó Entre Ríos Ahora.

«La situación actual se dirime en esta pulseada: quién paga los estragos provocados por la pandemia», señala un documento que hizo público este martes la Multisectoral. «Reconocemos el valor positivo que tiene la asistencia del Estado nacional mediante la implementación de programas asistenciales, como el ingreso familiar de emergencia (IFE) y su incremento para el mes de septiembre -agrega-. Pero señalamos que es insuficiente, de acuerdo con las necesidades que atraviesan los sectores populares y las economías regionales. Y en esta pulseada, el gobierno de Bordet, implementó la Ley de Emergencia, descargando lo principal de la crisis sobre los trabajadores».

El pronunciamiento, que firman la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Bancaria, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa y, entre otras entidades, Barrios de Pie, señala: >»Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones, porque estamos convencidos y convencidas sobre quiénes son los que pueden pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todo nuestro esfuerzo para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron, quienes deban pagarla. Nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y el Pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada».

La Multisectorial pidió la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia Solidaria -que establecen recortes salariales y aportes extra de los jubilados para sostener la Caja de Jubilaciones y Pensiones-, y que forman parte del recurso de inconstitucionalidad que presentaron en la Justicia AGMER, ATE, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Los cuatro sindicatos del Estado que acudieron con un recurso para que la Justicia declare inconstitucional la Ley N° 10.806 reprochan cuatro artículos clave de esa norma sancionada el jueves 2 del actual por la Legislatura: los que aplican recortes salariales a los pasivos, crean un aporte extra a los activos y suspende la aplicación de la discusión paritaria salarial.

El artículo 4° de la Ley de Emergencia establece: “En razón del estado de emergencia declarado, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario Nominal (en $) – Aportes Personales (en %)

a) hasta 75.000 – 16 %

b) desde 75.001 a 100.000 – 18%

c) desde 100.001 a 200.000 – 20%

d) desde 200.001 en adelante – 22%”.

Mientras, el artículo 5°dispone que «el personal comprendido en la Ley Nº 5.654/75, continuará efectuando el aporte establecido de acuerdo al Artículo 242º de dicho cuerpo legal en tanto sus haberes estén incluidos en la escala prevista en los apartados a y b del esquema del Artículo 4º. Para quienes perciban haberes iguales o superiores a $ 100.001, los aportes personales se incrementarán según el porcentaje de la escala prevista en los apartados c y d del Artículo 4º. De igual manera se procederá con los agentes comprendidos en la Ley Nº 5797/75”.

Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.

En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo régimen está comprendido en la Ley N° 5.797.

Y el artículo 6°establece que durante la Emergencia se apliquen «aportes solidarios extraordinarios» a los jubilados «con destino a cubrir el déficit previsional»:

Monto total beneficio Nominal en $ – aporte %

a) desde 75.001 a 100.000 – 4%

b) desde 100.001 a 200.000 – 6%

c) desde 200.001 a 300.000 – 8%

d) más de 300.001 – 10% .

La Multisectorial también reclamó la reapertura de la discusión salarial en la Provincia y en los municipios; y que «se incremente los gravámenes a los sectores concentrados de la economía. Frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, se debe impulsar la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la fortunas) para los grandes patrimonios».