El odontólogo de Paraná, Santiago Scetta, se refirió a la determinación unilateral del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos de mantener cortados los servicios a las obras sociales que se niegan a pagar los aranceles impuestos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Scetta consideró que la situación “es un avasallamiento al derecho al trabajo, no hay un sustento legal para lo que hacen porque no existe una ley de aranceles para los odontólogos en la provincia de Entre Ríos”. Mencionó en tal sentido que “hubo hace unos cinco un proyecto de ley que se impulsó en la Cámara de Senadores con el cual estaba de acuerdo porque es la forma de actuar, pero no habiendo logrado el cometido deciden empezar a manifestar resoluciones internas dentro del Colegio que tenemos que acatar sí o sí porque de no hacerlo comienzan con medidas disciplinarias”.

“Con un grupo de colegas entendemos que si no existe una ley, cómo puede ser que el Colegio tome decisiones unilateralmente. Más allá de que hoy ya tenemos un dictamen de Fiscalía de Estado que pidió el IOSPER, lo que dice el abogado del Estado habla por sí mismo, lo cual no es poca cosa, y así y todo el Colegio desconoce todas las autoridades del Estado. Ayer también se manifestó el Ministerio de Salud con la misma postura, en su momento se intentó mediar reuniones ante la Secretaría de Trabajo a la que también desconocieron”, cuestionó.

En relación con la argumentación de la entidad respecto a los bajos valores que las obras sociales pagan por las prestaciones, argumentó: “Yo tengo 40 años, tengo una familia, dos hijas, no necesito que el Colegio me diga si lo que me están ofreciendo pagar me sirve o no me sirve. Estas son excusas para seguir avasallando derechos, el tema es que necesitamos un parate, alguien que les diga que hasta acá llegaron”.

“Esto atraviesa a todas las obras sociales, con todas hubo que renegociar convenios, de los cuales muchos se han caído. Yo trabajo en un consultorio donde el 90% de los que llaman tienen IOSPER, por eso a mí me afectó directamente este proceso. Y uso esta palabra porque es un proceso mediante el cual nos obligan a tomar una reglamentación interna como ley y a quienes no cumplen con esto o estamos en desacuerdo nos mandan a tribunal de honor”, se quejó.

Al respecto, reveló que “en este momento estoy ante tribunal de honor defendiéndome. Con este avasallamiento intentan quebrar la conducta humana del colega odontólogo, tienen que demostrar que tienen el poder y por eso toman estas acciones para amedrentar a los demás colegas que piensan como yo”.  Estimó que “debe haber unos 20 odontólogos con tribunal de honor, algunos tienen dos o tres tribunales de honor iniciados por distintos motivos, y ante eso hay quienes no están de acuerdo pero se quedan callados y acatan la regla”.

“Hay una persecución por pensar diferente, pero esto no es una cuestión ideológica sino que es una cuestión legal. Acá no hay una ley que tengamos que cumplir, el artículo 15 inciso K de la ley de creación del Colegio establece que el Colegio tiene la facultad de propiciar ante el Poder Ejecutivo aranceles mínimos, no obligatorios. Y estos muchachos ni siquiera mandaron nada al Ejecutivo propiciando nada y lo imponen como obligatorio”, planteó.

Asimismo, sostuvo que “esto afecta directamente a todas las obras sociales pero además sobrecarga al sistema público, que está generando mayores erogaciones, quizás debiendo hasta contratar mayor recurso humano porque no da abasto”.    

Explicó que “un odontólogo para trabajar en la provincia tiene que pasar sí o sí por el Colegio para que le den la matrícula y automáticamente quedamos afiliados obligatoriamente al Colegio. Luego, en Paraná hay dos entidades gremiales: el Círculo Odontológico de Paraná y la Asociación Odontológica de Paraná y cada profesional decide si se agremia a alguna o no”.

Dijo que “somos muchos los odontólogos que pensamos igual y que estamos trabajando en esta situación pero quiero ser cauto y no adelantar demasiado”.

Por último, planteó que “esto surge a partir de la Resolución 387 del Colegio de Odontólogos que es firmada por un colega, el doctor Ricardo García, que fue presidente del Colegio en la comisión pasada actualmente tiene un cargo en Salud Pública y sigue formando parte como presidente de la Comisión de Defensa del Ejercicio Profesional del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos”. “Ante esto, uno se pregunta si esto es compatible, o si es ético. Porque saca una resolución que afecta también a la salud pública que él debería defender como funcionario, no debería estar sobrecargando al sistema sino, por el contrario, debería estar cuidándolo”, concluyó.