(De ANÁLISIS)
Continúa empantanado en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ética Pública que impulsa el Poder Ejecutivo. Luego de que la semana pasada se anunciara un dictamen sobre el que finalmente el propio oficialismo dio marcha atrás, este martes en una nueva reunión de comisión hubo más desacuerdos. Desde el bloque del PJ se informó a ANÁLISIS que en lugar del texto acordado recibieron a último momento uno con varios cambios. El más saliente, que causó desavenencias, fue que estaba acordado que el titular de la futura Oficina de Ética Pública iba a ser designado por concurso y ahora el gobierno quiere nombrarlo por decreto.
“Conseguimos firmar el dictamen de la Ley de Ética Pública”, informó con un video en redes sociales la semana pasada diputada radical Gabriela Lena, que preside una de las dos comisiones donde se analiza el proyecto. Al rato, la legisladora tuvo que borrarlo.
El motivó que trascendió fue inusual: dos diputados también radicales, Carola Laner y Silvio Gallay, habían dando marcha atrás por la incorporación de una cláusula antinegacionismo impulsada por el peronista Yari Seyler.
El contexto era el repudio a la visita del diputado nacional libertario Beltrán Benedit con algunos colegas a represores presos en el penal de Ezeiza y el párrafo añadido indicaba que los funcionarios públicos no debían justificar o relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
Este martes, ante otro nuevo fracaso en comisiones, desde la bancada del PJ hay quienes creen que todo fue una excusa para frenar el avance de un texto que no convencía al propio gobernador Rogelio Frigerio.
La discordia es en relación a un punto sustancial: el mecanismo de designación del futuro titular de la Oficina de Ética Pública, que será órgano de aplicación de la norma en debate.
“Los diputados llegaron a la reunión y se sorprendieron al revisar el texto: no era el que habían acordado, sino que tenía varios cambios”, se explicó a ANÁLISIS desde la bancada.
Para los legisladores, las modificaciones enmascaraban una que era la principal: en el texto acordado el titular de la Oficina de Ética Pública iba a ser designado por concurso y en el nuevo la potestad del nombramiento queda para el Poder Ejecutivo.
“Todo fue para eliminar el concurso de prepo. Y, además, se podó la cláusula antinegacionismo lo que causó el enojo de Seyler”, contó la fuente.
La explicación de los cambios corrió por cuenta de la diputada Lena, que preside una de las comisiones, y también despertó polémica. La legisladora habría asegurado en la reunión que las modificaciones en el mecanismo de designación “ya estaban habladas” entre su par radical Marcelo López, que preside la otra comisión en la que tiene lugar el debate, y el justicialista Juan José Bahillo.
“La referencia era insólita porque lo que pasó fue que antes de comenzar Bahillo fue al baño, López lo cruzó allí y le dijo algo así como que se habían excedido con las regulaciones para designar las autoridades, que habría que flexibilizar eso y Bahillo, en ese contexto, simplemente se mostró en favor de conversarlo”, contaron desde el bloque del PJ.
