Pero el tiempo pasa, los ejercicios deficitarios se suceden y la reprogramación de compromisos se vuelve una bola de nieve, en un contexto en el que está claro que la Nación dispone de instrumentos financiaros que las provincias no tienen y los municipios ni siquiera imaginan.
El incremento salarial alcanzado (dos etapas, de un 14 por ciento a partir de marzo de 2012 y un 5 por ciento en julio para la mayoría de los escalafones) debe ser incorporado también a ese campo de tensiones, cuya duración se desconoce con certeza hoy día.
“El impacto real en los costos para la provincia, representaría unos puntos más, producto de otros ajustes de carácter particular en cada escalafón, de reacomodamientos internos que se producen en la planta de personal a lo largo del año, y del crecimiento vegetativo que aumenta lo que se paga por antigüedad”, dijo Valiero, a modo de introito. Sin que medie intervención periodística, el funcionario completó con que “en el 2012 teniendo en cuenta que la masa salarial promedio a los meses de enero-febrero se ubicaba en un monto cercano a los 490 millones de pesos, el costo del nuevo incremento resultaría en aproximadamente 70 millones de pesos adicionales a partir de marzo y otros 30 millones de pesos extras desde julio, proyectándose un costo total anual en gasto en personal de 7.520 millones de pesos”.
Dirá también que los incrementos para los trabajadores en actividad generan obligaciones “en similar porcentaje” en lo referido al pago de jubilaciones y pensiones, antes que se le consulte por el cuadro general. “El costo en personal tiene una gran significación respecto de los recursos disponibles de la Provincia, por lo que este incremento ha sido el máximo que se ha podido otorgar”, expresó, entonces, al señalar que “fue concretado en el marco de la política salarial nacional y en consonancia con la mayoría de las provincias, que han dado similares aumentos”. Fue entonces cuando observó que “conforme a los datos de recaudación que ya se han ejecutado y a las proyecciones realizadas para el resto del año, se estima que se va a poder contar con una mayor recaudación”.
No obstante, aclaró que “en las condiciones actuales no es factible determinar con precisión si resultarán suficientes para cubrir en su totalidad los mayores costos en personal”, lo que en buen romance es como haber abierto el paraguas en torno a la posibilidad de que los déficits de ejercicios anterior no logren revertirse. Ajeno a estas especulaciones, Valiero indicó que “en este contexto, hay que trabajar en todos los frentes para que durante el corriente año, los recursos sean suficientes y permitan hacer frente a estos mayores gastos”.
Momentos
En el sector público se tiene por cierto que lo que ocurre en mayo en materia de ingresos da la pauta de lo que ocurrirá en el resto del año. Habitualmente, desde enero los recursos van creciendo lentamente y es lo que ocurra en el quinto mes del año lo que constituirá el piso para lo que vendrá al menos hasta diciembre. En 2011, alguna previsión falló. “Con la intención de atemperar el efecto negativo que produjo en las cuentas públicas del ejercicio 2011 el otorgamiento de un incremento en una sola etapa desde marzo, es que en este ejercicio se ha promovido otorgar el incremento salarial en dos etapas o tramos, a fin de que tenga un menor impacto a nivel presupuestario”, planteó. Luego de confirmar que en el año 2011, el costo salarial proyectado en base a las remuneraciones de enero y febrero fue de 433 millones mensuales (4.770 millones de pesos al anualizarlo, incluido el SAC), puntualizó que “al cierre de 2011, este costo representó un 25 por ciento por encima de lo proyectado, ascendiendo a la suma de 5.945 millones de pesos”.
Se le preguntó entonces al ministro por la deuda que se fue generando desde 2008 y que, si bien fue moderándose, nunca logró revertirse del todo en los ejercicios 2010 y 2011, no sólo por un desbalance entre compromisos corrientes e ingresos sino además porque la Nación viene demorando la compensación anual por el déficit previsional. “Esos compromisos pendientes, acumulados, son la causa del atraso en el cumplimiento de las obligaciones” reflejó, al referir que “estamos estudiando alternativas de financiamiento que nos permitan achicar esa brecha y volverlo más manejable, menos traumático”.
Panorama
Ante una consulta de El Diario, Valiero no quiso confirmar aunque tampoco desmintió que la brecha a la que alude pueda ser de unos 1.200 millones. “Recién cuando tengamos terminado definitivamente el ejecutado surgirá ese dato de manera oficial y prefiero esperar ese momento antes de poner a circular estimaciones”, se limitó a decir. “Sé que no es consuelo, pero lo mismo ha pasado para el conjunto de provincias”, indicó, luego de una pausa en la que pareció medir cada palabra.
Respecto a cuáles son las alternativas concretas de dar con financiamiento extraordinario, señaló: “Las estamos buscando, como ocurre en otras jurisdicciones; la ventaja si se quiere es que acá ya contamos con autorización legislativa”, explicó, no sin transmitir que “la exploración no es sencilla porque más allá de las condiciones particulares del mercado, cada instrumento demanda una presentación específica y, a la vez, hay que ver si esa puerta que hipotéticamente se abre está expresamente autorizada por la Legislatura”. Conspira en un punto que “las provincias venimos con falta de gimnasia porque hasta ahora los auxilios llegaban desde el Fondo Fiduciario Federal”.
“¿Y esa vía está definitivamente clausurada?”, se interrogó. “No, hay conversaciones”, contestó, aunque inmediatamente indicó que “pero no quisiera generar expectativas: la situación es compleja a nivel general y hay que manejarse con suma cautela”.
Foto: El Diario.
