De ANALISIS DIGITAL
La jornada en los tribunales la Justicia Federal de Paraná se dividió en dos testimonios que, según la norma que rige la investigación, sólo acudían a los tribunales con el fin de ratificar o rectificar sus declaraciones. Clarisa Sobko y Beatriz Guadalupe Pfeiffer, ratificaron y ampliaron sus declaraciones anteriores ante el juez Federal Leandro Ríos. En un marco de total conmoción, ambas testigos y víctimas, relataron parte de sus historias.
Los delitos de aberraciones sexuales volvieron a protagonizar una de las declaraciones en la jornada en la sede del Tribunal Federal. Pfeiffer ratificó sus anteriores declaraciones –dos en el marco de esta causa- y respondió a algunas preguntas por parte del magistrado y la querella. En su testimonio, muchas veces quebrado por el dolor, relató todo el proceso de detención que sufrió en compañía de María Luz Piérola, también ex detenida política, que declarara esta semana.
La víctima y testigo de los crímenes de lesa humanidad relató cómo era el proceso de torturas y violaciones sistemáticas por quién ellas conocían bajo el pseudónimo de “Ramiro”. Pfeiffer sostuvo que fue violada en reiteradas ocasiones y agregó que puede describir a su victimario “por las veces que lo tuvo encima”.
Ante la pregunta del magistrado, en relación a los dichos de Appiani que sostienen que la víctima no lo había imputado con nombre en ninguna de sus declaraciones anteriores, Pfeiffer respondió: “Es cierto que no formulé imputaciones con su nombre, por el simple hecho de que no lo sabía”. En ese sentido remarcó: “Me hubiese gustado que estuviera presente porque tengo un recuerdo exclusivo de las voces y de esa manera lo pudiera haber reconocido. Appiani es un cobarde”, sentenció Pfeiffer y sostuvo que creía que el acusado no se presentó por miedo a que le pueda reconocer la voz, registro más cabal para quienes estuvieron detenidos, torturados y encapuchados durante las detenciones clandestinas de la dictadura.
Con historias con alto grado de tristeza y pena, con llanto de familiares y allegados presentes, desarrolló el trayecto de sus traslados, torturas y hasta incluso, ante la pregunta del juez, el desarrollo de uno de los denominados Consejo de Guerra, que pretendían “blanquear” las irregularidades cometidas por las fuerzas represivas.
“Muchas veces, señor juez, deseamos morirnos mientras nos torturaban… pero lo que más dolía era la tortura de un compañero”, resaltó con dolor Pfeiffer. En ese sentido, sentenció con fuerte valor en lo que se transformó como el momento de mayor conmoción de la jornada: “Nosotros no estamos acá porque nos guste. Estamos acá porque tenemos el compromiso de declarar por todos los compañeros que no pudieron hacerlo porque estos señores los asesinaron”. En ese sentido, reclamó “todo el rigor de la ley” para los acusados y pidió “brevedad” para las resoluciones, porque el tiempo pasa y muchos “van quedando en el camino”.
El caso Sobko
En primer término, declaró Clarisa Sobko y se refirió a la causa que investiga la desaparición y el asesinato de su padre Pedro Miguel, en las inmediaciones de Avenida Ramírez y La Paz, de la ciudad de Paraná. “Para mí, mi viejo está en el cementerio Municipal de Paraná”, remarcó en relación a una de las líneas de investigación por la búsqueda de los restos de su padre, aunque no quiso descartar otra que intenta encontrar respuestas por Campo de Mayo.
Clarisa, condenada por el accionar militar a crecer sin sus padres (su madre Elida Olga Goyeneche también fue secuestrada y desaparecida en Goya, Corrientes, cuando ella se encontraba con su hermano Oscar en la playa), relató lo que significó y significa la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia a lo largo de este tiempo. Tenía apenas seis meses de vida cuando su padre desapareció y sostuvo que fue a los 18 años cuándo comenzó a preguntarse sobre los responsables de la desaparición y muerte de su padre.
Sobko destacó que fue a través de diversos testimonios que fueron recolectando con la organización HIJOS que pudo llegar a la conclusión de que uno de los responsables máximos de la muerte de su padre Pedro Miguel fue el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, uno de los enjuiciados en causas federales de esta capital. En ese sentido, Clarisa remarca la aparición voluntaria como testigo del hecho del docente de la UNER, Juan Vilar, que en el año 2005 se presentó y declaró haber sido testigo presencial del secuestro de su padre.
Con distintos indicios certeros, entre los cuales están los testimonios de familiares de la zona del hecho, se marcó como la escena del crimen a la esquina de Avenida Ramírez y calle La Paz. El relato indica que Pedro Miguel se había logrado escapar del auto policial donde era trasladado y se bajó Demonte, en conjunto con otros civiles, quienes “le dispararon y lo metieron en el baúl del auto”. La única fuerza que la testigo e hija de desaparecidos pudo afirmar que estaban a cargo del procedimiento, era la Policía Federal, a través de “un oficial que vivía en calle Don Bosco” –en relación a Demonte-, según relataron varios testigos, e incluso un vecino que “lo conocía desde antes”.
La joven abogada Sobko remarcó el valor de la protección que significa dar testimonio, en contraposición de muchos testigos que aún se niegan por temor a represalias: “Hay que hablar para cuidarse y por eso me esmero para poder reconstruir y que al menos algunos vayan presos”, remarcó Clarisa quién relató que Demonte es el único que está siendo investigado y con vida, mientras que “los otros involucrados no están en la causa o están muertos”.
A su vez, el Código de procedimiento vigente para esta causa propone como posible el pliego de preguntas de la defensa del propio Demonte, que no se hizo presente en la sala pero que si presentó el mismo con una cantidad de 12 preguntas. La Fiscalía en primera instancia y luego la querella pidieron desestimar el mismo por improcedente e impertinente. El juez Federal Leandro Ríos consideró pertinente el reclamo de dichas partes y ante la ausencia de la defensa del acusado para poder ampliar el pliego, lo rechazó y eximió a Clarisa de responder las preguntas conformadas por la defensa.
Dicho pliego, al cual tuvo acceso ANALISIS DIGITAL cargaba con una alta dosis de terror, poniendo hasta en duda la relación filial entre Clarisa y su padre.
La causa
La Causa Área Paraná está en las últimas instancias de un proceso añoso que colocó a víctimas, familiares de desaparecidos y organizaciones de lucha por los derechos humanos en un lugar de paciente espera. Se realiza con una modalidad diferente a la de cualquier juicio oral porque el expediente se tramitó por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, del año 1888. Esto significa que los testigos que declararon en el expediente, llegaron a esta instancia sólo a los fines de ratificar sus exposiciones anteriores, y para aclarar puntos planteados por una defensa sobre esas declaraciones, tal como se le permite al represor Appiani, quien por su condición de abogado ejerce su propia representación legal.
Los acusados por delitos de lesa humanidad en la causa son varios. Pero desde que comenzaron las audiencias públicas, el único que asiste como tal es el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte. Appiani, por su parte, permanece junto al resto de los defensores. Los otros imputados son José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el policía provincial Carlos Horacio Zapata; y el médico civil Hugo Mario Moyano.
A todos se los juzga por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos contra 52 víctimas, entre 1976 y 1983. Cinco de esas víctimas aún permanecen desaparecidas. Se trata de Claudio Fink, Victorio CocoErbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.
El juez de sentencia es Leandro Ríos; los fiscales son José Ignacio Candioti y Mario Silva. Los querellantes Marcelo Baridón; Martín Uranga; Edgar Olivera y Juan Antonio Méndez; Florencia Amore y Marcelo Boeykens, en representación de la asociación Hijos Regional Paraná; y Lucía Tejera por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además de Appiani que ejerce su autodefensa; José Esteban Ostolaza y Martín Clapier defienden a Moyano; Alberto Salvatelli a Bidinost; Guillermo Retamar a Demonte; y José Alberto Boxler fue designado por el Ministerio Público de la Defensa.
