Consultado por la postura del procurador Jorge García de no acusar al juez Carlos Rossi en el jury, Campos admitió: “Por cómo se venía desarrollando el jury ya desde el arranque mismo no puedo decir que me sorprendió, aunque creí que iba a sostener la acusación inicial” y en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) opinó que “son vicisitudes de estos procedimientos donde se mezclan tantos componentes”.
No obstante, sostuvo que “acá hay varios elementos a analizarse porque a través del jury se pusieron de manifiesto toda una serie de falencias muy importantes de todo el sistema que gira alrededor, a veces de la pena negociada y en otras circunstancias del tratamiento post libertad”.
“En el medio de todo ello, está la situación vinculada con la libertad condicional que otorgó el doctor Rossi en contra de toda una serie de dictámenes y estudios que habían realizado los organismos interdisciplinarios e incluso el propio fiscal interviniente en la causa. Si bien es cierto que esos dictámenes y opiniones no son vinculantes conforme doctrina del Superior Tribunal, no por ello dejan de ser importantes y aportan al conocimiento jurídico del juez muchísimos otros elementos que son de mucha gravitación desde la perspectiva psicológica, psiquiátrica, de terapia ocupacional, con el objetivo final de la reinserción social del reo”, analizó.
En referencia a una posible interpretación del fallo como respuesta de la corporación judicial, Campos reconoció que “la manera en que se distribuyeron los votos puede llevar a un análisis de esa naturaleza pero yo en lo particular no lo tomaría tan livianamente como un fenómeno de reacción, aunque evidentemente ha habido un criterio unánime en toda la representación del Poder Judicial en el jury”.
Sobre la realidad del sistema, sostuvo que “en primer lugar se llega a una sentencia por una doble violación negociada, con una pena de nueve años, con lo cual arrancamos con que se están negociando penas en delitos graves” y recordó que “la primera ley de juicio procesal abreviado la limitábamos exclusivamente a aquellos delitos que tuvieran hasta seis años de eventual sanción, con lo cual era una manera de sanear toda esa situación que se planteaba con los delitos de menor cuantía que abarrotaban los tribunales y terminaban prescribiendo”.
Y agregó a la descripción: “En el otro extremo tenemos el tratamiento post libertad donde el Patronato de Liberados no funciona, y evidentemente no puede funcionar con dos a cinco personas ante la cantidad de unidades carcelarias que existen en la provincia. Lo mismo sucede con la secuencia de tratamiento psicológico que es muy importante cuando se trata de delitos de abuso sexual, donde hay una visita por mes a un psicólogo y no sé si se pueden arreglar muchas cosas yendo una vez al mes. En el medio está la decisión del juez de poner en libertad a Wagner a pesar de todos los dictámenes previos que le estaban aconsejando que no lo hiciera. Entonces, se ve toda una secuencia que no es la que desearíamos”.
Ante ello, aseguró que “esto debe conducir a una mejora de la perspectiva legislativa, de la perspectiva de institutos penales para ver si se puede mejorar y no debemos esperar que se produzca una nueva Micaela u otro hecho tan aberrante como ese para que otra vez nos pongamos a pensar qué se puede hacer”.
Respecto de los dictámenes periciales que aconsejan a los jueces, sostuvo que “tradicionalmente todos los dictámenes no son vinculantes porque si no estaríamos frente al gobierno de los técnicos y de los peritos, pero es de sentido común que igual tienen su importancia, porque el juez sabe de derecho pero hay un montón de otras disciplinas de las que no conoce y necesita el aporte de quienes sí las conocen”. “Esa es la función de estos dictámenes interdisciplinarios donde se mezcla la psiquiatría con la sociología, con el estudio de las adicciones a las drogas, y más aún en una situación ante los delitos sexuales”, explicitó.
En ese marco, se mostró de acuerdo con la iniciativa que busca restringir la aplicación de juicios abreviados en delitos sexuales y de género, y afirmó que “no se pueden negociar homicidios, violaciones, secuestros o delitos de corrupción”.
Causas por corrupción y narcomunicipio
En otro orden de temas, Campos dijo que sigue las causas por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno provincial “como a las viejas novelas por entregas, donde por ahí salía un capítulo y había que ir al puerto a esperar que llegue el siguiente, que demoraba unos meses”.
Sostuvo que “a todas esas causas les falta celeridad, dedicación, empuje, las veo muy demoradas, tiene que tener otra dinámica que por el momento no la visualizo”.
En cuanto a la situación de la causa narcomunicipio que involucra al intendente de Paraná, Sergio Varisco, opinó que “tiene dos situaciones: la estrictamente jurídica y la proyección política o mediática que tiene la primera”.
“Creo que no habrá muchas modificaciones hasta el final del mandato, puede ser que se produzcan algunas alternativas procesales, y desde ya que me hubiera gustado que desde la Municipalidad tuviéramos otros resultados, otras demostraciones y no una situación como ésta que perjudica a muchos y puede generar descreimiento en quienes lo votaron”, reflexionó.
Respecto a una posible licencia del intendente dijo que “es algo muy personal” y aclaró que “la generación de una licencia por parte del intendente podría generar el problema de quien asume la intendencia causando un conflicto más grave porque no sé si quien está en la línea sucesoria estaría en condiciones de manejar la intendencia de Paraná”.
