Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) defendieron el paquete de medidas al argumentar que tiene "como sustento fundamental el concepto de soberanía popular", mientras que los bloques de la oposición alertaron que se busca proteger "a funcionarios corruptos" y plantearon que su aprobación representaría "el fin de la República".

El oficialista Aníbal Fernández aseguró que el "único dueño" del poder político "es el pueblo", respaldó la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura en los próximos comicios y calificó como "cambios medulares" las iniciativas que apuntan a una reforma judicial.

"Nunca nos hemos expresado que no sea con respeto hacia la Corte (Suprema)", subrayó y aseguró que "la designación de jueces y abogados no pueden hacerse con organizaciones de la coyuntura".

En tanto, el radical Ernesto Sanz aseguró que la reforma que promueve el oficialismo busca "consagrar la impunidad" y alertó que si se aprueba "el que gana una elección se lleva todo y tiene derecho a gobernar los tres poderes".

Su par del peronismo federal Liliana Negre de Alonso también rechazó los proyectos kirchneristas al considerar que con ellos el Gobierno promueve "un golpe de Estado constitucional".