De ANÁLISIS
Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, respondieron este lunes a los planteos defensivos en el marco de la remisión a juicio de la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Desde el inicio de la audiencia, pasadas las 9, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), comenzaron a contestar los cuestionamientos de los abogados que representan a los imputados. Cabe señalar que en días previos, se criticó la investigación penal. Los planteos y estrategias defensivas trazadas no difirieron de las intervenciones en otras causas por corrupción en la provincia. Los letrados atacaron los cimientos de la investigación penal, sostuvieron que los allanamientos y secuestros de documentación y evidencia fueron ilegales; dijeron que el corazón de la pesquisa, la descripción de los hechos y los roles de las personas imputadas no están claros y, aseguraron en ese sentido, que tienen serias dificultades para defenderse. Por eso pidieron a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
“Las defensas tienen contradicciones. De alguna manera, la hipótesis de la ilicitud se da de bruces con estrategias como una inhibitoria que se planteó, y en la que se usó prueba que apareció mágicamente en la puerta de la casa de un abogado, para decir que el dinero fue usado para una campaña política. Algunas estrategias defensivas tampoco concilian con excluir a los contratistas de comparecer como testigos por temor a ser imputados ¿Por qué si los contratos fueron lícitos y reales? Esto devela que la acusación está comprendida”, manifestó Aramberry al iniciar la jornada este lunes.
“Nuestra hipótesis es que hubo una sustracción de dinero teniendo como base contratos de obra y lo destacado es que ninguno de los contratados realizó una prestación en favor del Estado. Percibieron una ínfima parte del contrato y el resto quedaba en poder de la organización”, subrayó después. “Si nos ubicamos en el terreno de la ilicitud, lo hacemos en función, además de la prueba que exhibimos, de la inevitable existencia de personas que aparecieron y manifestaban no hacer ninguna prestación en favor del Estado, pese a que figuraron esas mismas personas endosando cheques”, precisó y subrayó después que “desde la Legislatura remitieron contratos a Fiscalía que supuestamente fueron pagados pero no fueron firmados por los contratistas”.
El fiscal sostuvo también que constataron que “algunos contratos remitidos por senadores carecen de referencia al asunto impositivo”. “Además los vínculos están huérfanos de los montos retenidos en concepto impositivo, lo cual debe hacerse en firma simultánea con el pago de la factura”.
“Los contratistas dijeron no haber prestado servicios ni conocer a las autoridades de las cámaras, y que debieron entregar el mayor porcentaje de lo cobrado al sistema; estas singularidades elevan el piso de ilicitud sobre el que pretendemos llegar a juicio”, dijo Aramberry. “Esto desbarata estrategias defensivas afincadas en el rol, fundamentalmente a quienes tenían el rol de controlar la regularidad. Nuestra teoría del caso es relevante para responder. Yendo a lo formal, primeramente podemos decir que cada imputado tiene un párrafo específico respecto de cómo convergen en el hecho, no solo en el relato del hecho en sí, si no en el desarrollo de la acusación”.
En el mismo sentido, el fiscal manifestó que “está muy claro el sustrato fáctico que pretende llevarse a juicio, es precisa, circunstanciada, y específica porque define y determina, caracteriza los roles de los imputados, y cumple con las exigencias legales”.
“La descripción acerca de las intervenciones no está reducida al entrecomillado. Es necesario examinar la acusación para constatar que no existieron efectos sorpresas que imposibiliten la defensa delos imputados en juicio, están individualizados, están determinados los elementos objetivos materiales, está mencionado el requisito jurídico, aparece identificable el fundamento por el cual se sostiene que la causa debe avanzar”, resaltó.
Cientos de contratos sin firma del legislador contratante
La fiscal Patricia Yedro recordó los pedidos de información que hicieron a la Legislatura desde que comenzó la investigación, las dificultades para recolectarla y los hallazgos cuando se hicieron de documentación. “Toda la documentación que logramos está ofrecida en la remisión a juicio. Los defensores dicen que la información está oculta, que nunca se la mostramos. Todo está ofrecido por Fiscalía, e incluso mucha documentación está ofrecida por las mismas partes. Nos resultan insólitos los planteos, tenemos que pensar que la ofrecieron sin analizarla”, espetó Yedro a los defensores.
La fiscal señaló cientos de contratos a los que accedieron los fiscales, remitidos por la Legislatura, que no cuentan con la firma de los legisladores contratantes. “De 2011 recibimos 198 contratos de obra sin firmar por el legislador; de 2012 son 71 contratos sin firma del legislador; de 2013 son 189 contratos de obra sin firma del legislador contratante; de 2014 son 258 contratos sin firma de los legisladores contratantes; de 2015 son 182 contratos de obra sin forma del contratante, de ese mismo año recibimos solo 6 contratos firmados por legisladores; de 2016 son 509 contratos de los cuales solo 2 están firmados y 507 sin firmar”, detalló.
“Más allá de los que no poseían firma del legislador y sí firma del contratado, muchos aparecían a nombre de un legislador contratante, pero abajo la firma de otro legislador, hay otros contratos donde aparecen la autoridad mencionada abajo, sólo la rúbrica sin aclarar. Hay algunas diferencias sustanciales en las firmas, entre otras irregularidades. Además de que en las entrevistas, los contratados desconocieron sus firmas. A todo esto se suma que no contamos con los expedientes administrativos de estas personas”, describió Yedro.
Más adelante la fiscal mencionó contratos hechos en Diputados a nombre de una persona, primero contratado por el diputado Juan Reynaldo Navarro y posteriormente por Presidencia de Diputados. “El abogado Emilio Fouces mencionó la contratación de este señor. Nosotros buscamos y Diputados no nos remitió este contrato señalado por el abogado. Sí encontramos otros tres contratos a nombre de este señor: el primero celebrado con las autoridades de la Cámara de Diputados en 2011; y otros dos, uno fechado el 1 de enero de 2016 y el segundo a partir de julio de 2016 entre este señor y Presidencia de diputados. En el lugar de locatario aparece una rúbrica sin aclarar, advertimos que es una rúbrica similar a la del señor Sergio Urribarri, pero no tiene sello”.
La representante del MPF refirió por otro lado a los controles del Tribunal de Cuentas (TdC); y a planteos puntuales de los defensores como la falta de evacuación de citas que realizaron algunos imputados en sus descargos. “Toda la documentación ofrecida, por ejemplo por el imputado Jorge De Breuil y sus descargos, fueron ofrecidos por Fiscalía. Después de todo concluimos que podíamos hacer la remisión a juicio. Debemos investigar todos y cada uno de los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a los cuales se refirió el imputado. Esto no lleva implícito la obligación de que la Fiscalía desarrolle la defensa del imputado”, apuntó la fiscal. “Nosotros debemos investigar completa y abarcativamente pero no el trabajo de la defensa. Cada parte debe llevar los elementos que funden sus proposiciones. No hay un mandato legal para que nosotros evacuemos las citas que sostienen la estrategia de defensa. La defensa nunca solicitó la evacuación de las citas de De Breuil, nuestra responsabilidad es preparare un caso, llevarlo a juicio con base sólida como ocurre en este caso”, agregó.
“El hecho de que los imputados acompañen su defensa con prueba, deben aportarla, pero eso no invierte la carga probatoria de la Fiscalía. Acá se dijeron muchas cosas”, indicó y más adelante sostuvo que “De Breuil explicó, dio explicaciones”. “Pero en Fiscalía tenemos otras explicaciones. Estamos en una discusión que debe ser llevada a etapa de debate. Acá no hay certeza negativa que permita un sobreseimiento”.
“Los abogados esgrimieron una grave violación al principio de defensa y pidieron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Nuestro trabajo es serio, tenemos evidencia y decidimos remitir la causa a juicio porque nuestra hipótesis está sustentada. Investigamos una asociación ilícita que funcionó durante más de diez años, un sistema que funcionó ordenadamente, esto pasaba con esta asociación, estaban organizados. Si hay alguien que subestimó y tomó de tontos a los ciudadanos, no fue el Ministerio Público Fiscal. Acá no podemos admitir que investigamos cuestiones políticos, investigamos graves hechos de corrupción. Por eso solicitamos que admita esta remisión de causa a juicio”, requirió a la jueza de Garantías.
Por último, el fiscal Gonzalo Badano se refirió al encuadre legal de los delitos investigados en la causa, dijo que se trata de delitos de corrupción que tienen rango constitucional en el país a partir de los pactos internacionales a los cuales se comprometió Argentina, marcó la afectación a los derechos humanos de las personas vulnerables, y mencionó jurisprudencia. “Se realizaron miles de contratos en estas causas, no podemos pensar en delitos reales sino un delito continuado. Estas personas sustrajeron fondos públicos, realizaron miles de contratos durante años. Más allá de la regla concursal, no podemos hacer depender de cómo catalogar estos hechos para saber si existieron pluralidad de planos. Bajo la perspectiva de la defensa, trataríamos los hechos como uno solo, un peculado”.
“Entendemos que hacer una división conforme a año calendario como pidieron los defensores, generaría confusión. Si hay particularidades están señaladas. Si los jueces condenan o absuelven por algún año calendario puntual, se puede aclarar en la sentencia”, contestó.
Puntualmente sobre la defensa de Jorge De Breuil, dijo que “no era un particular, era un funcionario público. Era parte del cuerpo de asesores, independientemente que en un período haya estado afectado al despacho del exsenador Pedro Guastavino”. “Entendemos que debido a este rol, recaen sobre él deberes, era un funcionario de la Cámara de la cual se sustraían fondos públicos. Es una maniobra compleja que implica muchos actos prolongados por años: se retiraban fondos, se repartían, se invertían”, puntualizó.
“Solicitamos que rechace los planteos”, reiteró por último Badano.
La intervención de defensores
El abogado Miguel Cullen pidió dos mañanas día para ir a Fiscalía a chequear todos los contratos sin firma de legisladores contratantes, según dijo la fiscal Yedro. “No hay problema contestó”, Aramberry y remarcó que la documentación “siempre estuvo a disposición de la defensa, incluso clasificada por cámara y por año”.
Mañana y pasado, Cullen y el abogado Tomás Vírgala irán a Fiscalía para recabar información sobre los contratos mencionados por el MPF y contestar. “No estaba al tanto de semejante cantidad de contratos que mencionó la Fiscalía, también pretendo ir con Cullen a verlos”, se sumó el abogado Iván Vernengo.
Emilio Fouces sí duplicó los planteos de los Fiscales. “Después de una causa con casi siete años de investigación, que tuvo un pedido de elevación en 2021, tenemos un nuevo hecho imputado. Pasamos de lo que escribieron en 2021, que lo sostuvieron hasta hace algunas semanas acá, el 22 de abril. Dijeron entonces que los imputados sustraían del patrimonio de la Legislatura, a través de la realización de contratos de obras, con personas que no devolvían contraprestación. En eso consistía la imputación. Ahora en realidad, recién por primera vez se habló de reglamentos, procesos administrativos, decretos que regulan procedimientos, no lo habían hecho antes. Lo hacen a raíz de los planteos nuestros, esa es la realidad. Por otro lado, también dice Fiscalía que en las 540 páginas, no había una foto de un contrato. Hoy explicaron las dificultades que tuvo el MPF para acceder que las cámaras le envíen información”, se quejó.
Además de Fouces también hicieron dúplica los abogados Victoria Halle y Leopoldo Lambruschini. La defensora habló en representación de los auditores del Tribunal de Cuentas que intervinieron antes de 2016. “Acá hay una criminalización autónoma. El Ministerio Público dice que hay un doble beneficio, pero nosotros no decimos eso. Todo lo que nos dijo hoy el doctor Badano ya lo dijeron en Vialidad. En nuestro planteo partimos de lo que dijeron los fiscales en su requerimiento de elevación a juicio”, contestó el abogado.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará la activiada el lunes próximo.
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