Jorge Oscar Daneri (*)
Especial para ANALISIS
Hace como unos trece largos años, el gobernador de entonces, Sergio Uribarri, pretendió regalar a una sociedad anónima la gestión de los bienes inmuebles del Delta de Entre Ríos, para la producción de arroz, con puertos incluídos, nada más que por 99 años.
Lideraba casi en las sombras dicho acontecimiento, junto a grandes terratenientes, el Fiscal de Estado, el mismo que perdura en estos tiempos tan libertarios.
En dos meses aquella ley, frente a semejante escándalo, dejo de existir, por decisión del mismo cuerpo legislativo. Se recuerdan las intervenciones de un tal José Allende, entonces Diputado.
En estos tiempos se está discutiendo cómo violar la Constitución Provincial, acuerdos internacionales ambientales, leyes provinciales, para darle la suma del poder público a un funcionario por medio de la conformación de una super Agencia de bienes inmuebles de la Provincia.
Como decíamos en un artículo de hace casi un año, -cuidando lo breve al mismo nos remitimos (1)- celebrábamos los diálogos constituyentes sobre el concepto de sistema de humedales y todo lo que ello implica en sus dimensiones ecológicas, culturales y económicas:
"La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.".
Finalmente, esta ley, así concebida, adquiere mayores escenarios de riesgos para con la defensa de los bienes comunes y la gestión democrática de sus aguas, en razón de la reciente normativa de promoción de mega inversiones en el contexto de la ley provincial de adhesión a la Ley Bases, especialmente por la utilización del denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -RIGI-.
Con la memoria y sabiendo de los actores que están entretejiendo esta iniciativa, no sea que nos encontremos frente a otras modalidades de criptonegocios, enmarañados desde la cultura de los paraísos fiscales y sus referentes locales, ahora transformando en monedas para unos pocos, bienes comunes y naturales estratégicos del pueblo de la provincia y su madre tierra.
Esta memoria no nos deja olvidar aquél intento que los pueblos de Victoria, Rosario y Paraná, lograron detener y que esperamos ahora no se concrete por renovadas y patéticas herramientas.
(*) Integrante de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.