De ANÁLISIS
En el marco de la remisión a juicio de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura provincial, defensores rechazaron este miércoles la demanda civil que presentó la Fiscalía de Estado contra los imputados.
La instancia se desarrolla ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes condujeron la investigación penal por presunto desvío 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Este miércoles refutaron la petición de Fiscalía de Estado los abogados Pablo Hawlena Gianotti; Victoria Halle; Tomás Vírgala; José Velázquez; y Leopoldo Lambruschini. Para mañana a las 9, cuando se reanude la audiencia se expresarán en el mismo sentido los abogados Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces. Independientemente del requerimiento de elevación a juicio que se discute, para el viernes se espera la discusión sobre el juicio abreviado pedido para el imputado Esteban Scialocomo.
Los defensores sostienen que la demanda civil de la Fiscalía de Estado, no se apoya en ningún informe del Tribunal de Cuentas (TdC) de la provincia, como consideran que debe ser, sino que está sujeta a los resultados del juicio penal. Ese punto invalida en esta instancia, según los abogados, la posibilidad de reclamo dinerario del Estado provincial contra los imputados.
“En la causa penal se introdujeron dos escritos de la Fiscalía de Estado, con diferencias esenciales que ayer resolvió la magistrada”, marcó el defensor Pablo Hawlena Gianotti, representante del imputado Jorge De Breuil. Es que, en efecto, en la audiencia de remisión a juicio quedó plasmado que además del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, presentó una demanda similar el fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori. Lo que ocurrió es que los dos escritos no coinciden en cuanto a las personas demandadas. Además, ayer durante la audiencia, el actor civil Gustavo Acosta nombró como demandadas a varias personas que ya accedieron a la suspensión de juicio a prueba. La cuestión fue resuelta en la misma audiencia y, por parte de los abogados, se hicieron las reservas del caso.
“Hay que dejar en claro el desorden de la provincia de Entre Ríos en este aspecto”, apuntó Hawlena Gianotti. “Es un hecho objetivo que a nosotros nos genera incertidumbre. Si bien es cierto que Acosta, con hidalguía dijo que debía reconocerse el escrito de Rodríguez Signes, reitero que no sabemos, o no podemos defendernos en el ámbito civil y bajo normas civiles, lo que se pretende con en el escrito presentado por Fiscalía de Estado. Hay indeterminación de los hechos”, cuestionó y señaló que falta el respaldo del TdC para que Fiscalía de Estado interponga la demanda civil.
Por su parte, la abogada Victoria Halle, que representa a los imputados Diego Pagnoni y Mariano Speroni, pidió que la demanda se declare “inadmisible por no cumplir con los requisitos mínimos”. “Resulta que sistema civil es independiente del sistema penal. Y la propia demanda civil solo se remite al requerimiento de elevación a juicio como fundamento. No funda la existencia de un hecho jurídico contar cada imputado, no explica cuál es la responsabilidad concreta de cada imputado. Tampoco explica el nexo de causalidad”, criticó.
A los planteos defensivos se sumó también el abogado Tomás Vírgala en representación de Ariel Faure. “La demanda civil está dentro del derecho privado. No hay un documento del TdC que la respalde. Esto indica cómo viene la Investigación Penal Preparatoria (IPP), habla de un desorden. No pueden remitirse a secas al pedido de elevación a juicio, con sus inconsistencias, con la falta de un monto concreto. Voy a negar la prueba ofrecida por Fiscalía de Estado, es decir, no le doy credibilidad, no puede ser producida”.
José Velázquez, en defensa de Flavia Bekman y Hugo Mena, se sumó a los rechazos. “Ellos debieron presentar una acción de lesividad que, si se prueba, le permitiría al fiscal de Estado presentar la acción civil. No se puede iniciar una demanda civil sujeta al resultado de un juicio. Tampoco se puede presentar una demanda civil general, debió ser por cada uno de los imputados”, se quejó.
Por último habló el abogado Leopoldo Lambruschini. “La acción civil es accesoria a la penal e independiente. Al igual que lo que tiene que ver con lo planteado en lo penal, vamos a negar la intervención de (Juan Domingo) Orabona, y no reconocemos nada de lo que se afirmó en la demanda civil”, cerró.
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