La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa), dio a conocer un duro comunicado en donde se manifestaron en contra de la criminalización de la protesta ambiental. En una declaración pública calificaron de “miserable” el pedido de identificación para la acusación penal de vecinos y activistas que se oponen a la obra de ensanche de calle Racedo de Paraná.

Distintas ONG lanzaron una campaña de adhesión a un pedido para que el intendente desista de la acción judicial contras los ciudadanos que participaron de las manifestaciones en contra.

“Lo que hoy se visibiliza en Paraná, es un escenario repetido a lo largo y ancho de nuestra América Latina, en sus territorios expuestos al expolio y extracción intransigente de sus recursos naturales”, señalaron desde Redasa en relación al conflicto por las obras de ensanche de calle Racedo, publicó el portal Era Verde.

La obra se desarrolla entre avenidas Las Américas y Ramírez, y el conflicto volvió a encenderse a partir del pedido del secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo José Testa; y del secretario de Obras Púbicas municipal, Maximiliano Argento. Los funcionarios ingresaron el miércoles pasado una ampliación de denuncias ante el fiscal Martín Wasinger para que “se pueda individualizar los datos filiatorios de las personas que hayan” participado de las protestas contras los trabajos en calle Racedo ya que los acusan de la demora en el inicio de los mismos.

Por su parte, los letrados de Redasa repasaron que “las variables en cómo se representa la persecución a defensores ambientales son de diversas categorías, yendo desde la criminalización, amenazas, atentados, hostigamiento, incautación de tierras, desplazamientos forzosos, daños físicos, hasta asesinatos. Pero hasta el 21/04/2021 no se había advertido en nuestro país un ataque tan miserable. Por primera vez se inicia un proceso de reclamos millonarios contra defensores ambientales en la ciudad de Paraná”, dispararon.

“Es claro que ningún dirigente político se animó a tanto como el actual intendente Adán Bahl de la ciudad de Paraná, que no solo se quedó con encarcelar a defensores ambientales, sino que también ahora intenta aleccionarlos con una demanda millonaria por haber impendido, por unos días, el avance desmedido de una obra urbana dañosa en la ciudad”, sostuvieron.

En la proclama dada a conocer el 22 de abril (en el Día de la Tierra), también aludieron a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en los Estados de América Latina y el Caribe, “el que impone obligaciones específicas a los Estados miembros para proteger de amenazas y ataques a las personas que defienden los Derechos Humanos relacionados con el medio ambiente, para investigar y castigar cualquier agresión contra estas personas, y para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos a la libertad de reunión pacífica, de circulación, de expresión y de asociación”, recordaron.

“Un día antes de su entrada en vigor, las organizaciones ambientales y vecinos de la ciudad de Paraná, defensores del ambiente, que ejercieron el derecho a reclamar por otro mundo posible, recibieron la noticia de una posible condena por daños y perjuicios iniciada por la Municipalidad local por la suma de $12.000.000. Es claro que quienes defendieron los árboles, la sombra, la naturaleza, los pájaros, el ambiente, lo hacían en favor del derecho a un ambiente sano de todos los ciudadanos de Paraná, hasta los del propio intendente, porque sus defensas eran claramente colectivas. No era una tarea sencilla, la modernidad y su manera peculiar de combinar la grandeza del futuro con su miniaturización de la naturaleza atenta contra cualquier reclamo de biohabitabilidad y por eso, la obra avanzó en Bv Racedo”, destacaron.

Es así que los “abogados y abogadas defensores de la soberanía alimentaria, no podemos dejar de percibir que esta condena no es económica, sino mucho más que eso: Es un disparo a la utopía”.

Finalmente, los profesionales del derecho exigen “a las autoridades nacionales de nuestro país, hoy más que nunca, con la plena vigencia del Acuerdo de Escazú que no dejen pasar por alto situaciones de ataque tan groseros como el que aquí se expone y denuncien los incipientes incumplimientos en las sedes pertinentes. De lo contrario, será una bella y extensa lista de derechos humanos que sólo permite el derecho a observar”.

Campaña

También desde ayer se puso disponible a sumar firmas a un petitorio que será entregado el 26 de abril de 2021 al presidente municipal de la capital provincial, Adán Bahl, “solicitando que frene la criminalización de la protesta social. Si al leer la nota, organizaciones y ciudadanía quieren adherir, agradecemos nos envíen un mail con su nombre completo y DNI al mail bastadecriminalizarddhh@gmail.com”, se invitó desde la organización.