La diputada provincial Lucy Grimalt (La Red-Paraná) afirmó que votó en contra de la ampliación presupuestaria de 98.306.000 pesos que aprobó hoy la Cámara Baja provincial, “porque el trámite legislativo del proyecto sólo era una formalidad para violar la Constitución Provincial”, ya que nueve artículos de la normativa delegaban facultades propias de la Legislatura al Poder Ejecutivo, “permitiéndole modificar gastos, recursos y fuentes financieras”. En ese marco, denunció que el gobernador de la provincia, Jorge Busti (PJ) “no comparte y desprecia el rol que la Constitución asigna al Poder Legislativo”. Asimismo, expresó que “era evidente” que el Presupuesto 2004 estaba subvaluado.
Grimalt se refirió a la sesión de la Cámara de Diputados realizada en horas del mediodía, indicando que votó contra la ley de ampliación del Presupuesto 2004 “porque el trámite legislativo del proyecto no era más que una formalidad para violar la Constitución de la provincia, con nueve artículos que delegaban facultades propias del parlamento entrerriano al Ejecutivo, permitiéndole modificar gastos, recursos y fuentes financieras”.
Asimismo, explicó que su decisión también se basó en que “de lo poco que se desprendía del Presupuesto quedaba claro la ausencia de un proyecto de provincia, por lo cual el incremento de mas de 400 millones de pesos con respecto al año anterior no se dirigía a lograr un impacto positivo que permitiera ir sacando a la provincia de la situación de tener la mitad de la población debajo de la línea de pobreza”.
En ese orden, resaltó que “resultaba evidente que los recursos estaban infravalorados ya que se anunciaban aumentos de remuneraciones en el mismo momento en que se aprobaba un Presupuesto que no los contemplaba”.
Según Grimalt, existen dos maneras de entender el “mandato constitucional” de que sea la Legislatura quien apruebe el presupuesto: “Como una formalidad para practicar una democracia delegativa y plebiscitaria donde el Poder Ejecutivo hace los que le parece correcto y cada cuatro años recibe la aprobación o el rechazo de la gente”, o bien “como un mecanismo democrático de toma de decisiones de gobierno asentada en fundamentos debatidos a la luz de la razón publica, con participación de todos los sectores políticos y con la posibilidad de que la oposición cumpla con su rol de contralor”.
En tanto, aseguró que esto último “es impracticable con presupuestos dibujados y con la imposibilidad de acceder a la ejecución presupuestaria para tener una base cierta del destino real de los recursos de la provincia”.
“Es evidente que el gobernador no comparte la visión de los constituyentes y por tanto el rol que la Constitución asigna al Poder Legislativo, sino que además lo desprecia”, afirmó la diputada.
Reincorporación de trabajadores de Salud
En relación con el artículo que permite ampliar la planta permanente del área de Salud de la provincia en 860 cargos -que serán cubiertos por los afectados de la ley 9.235- Grimalt resaltó que está “a favor de las reincorporaciones y a favor de que el personal contratado después de un año pase a planta permanente”.
No obstante, destacó que “en un funcionamiento democrático, antes de aprobar este aumento de planta permanente en Salud resultaría imprescindible que las autoridades del área concurran a esta Cámara a explicar por qué no se solicita el pase a planta permanente del personal técnico que tiene contrato a solicitud de los Servicios en general sin vinculación con los aparatos clientelares de los distintos gobiernos, y que siguen contratados después de cinco, seis u ocho años de trabajo”. En ese marco, citó como ejemplo al 80 por ciento de los técnicos del Laboratorio de Urgencia del Hospital San Martín de Paraná que “están en ésta situación”.
Por último, manifestó a APF: “No acompañé con mi voto esta ley del Poder Ejecutivo porque si lo hacía consentiría la degradación de las instituciones, en particular de esta Cámara”.�
