
Personal policial trabajando en el lugar del triple crimen. (Foto: diario Uno)
El abogado querellante de dos de las familias de las víctimas, Andrés Bacigalupo, brindó detalles del estado de la investigación por el triple crimen de Bajada Grande y de las instancias que faltan para elevar la causa a juicio.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bacigalupo afirmó que “ya se recibió por parte de la División Criminalística la mayoría de las pericias solicitadas, contamos con resultados de dermotest realizados en las personas involucradas en el hecho y en las prendas de vestir, y estamos a la espera del resultado de otra pericia que pidió la defensa”.
Puntualizó que para la elevación a juicio “falta la pericia sobre un celular que se halló en el domicilio de Brian Siboldi, quien fue detenido 12 horas luego del hecho en el domicilio de su madre”.
“La querella está analizando el resultado de lo que tenemos, analizando ampliarlas y estamos debatiendo la posibilidad de contar con un perito criminalística de parte, porque es un hecho con particularidades especiales, porque en momentos posteriores al hecho se produjo la desaparición de las armas, que hubieran sido de peculiar interés para hacer las pruebas”, acotó.
Planteó que “en muchos hechos de estas características se actúa con este proceder, de desaparecer el arma y el Estado a la hora de realizar la acusación para comprobar el hecho cuenta con una desventaja”.
Consultado por la existencia de dos versiones del hecho, por un lado la acusación que sostiene que hubo un ataque de Oscar Siboldi y sus hijos a las tres víctimas y por otro lado, desde la defensa que plantea que Siboldi mató a las personas en medio de una balacera dentro de su casa. “Nos estamos basando en las pruebas objetivas científicas con que contamos en el expediente para contrarrestar la tesis de la legítima defensa, y por el momento como surge de la declaración y la conducta posterior de los imputados no creemos verosímil la versión de la legítima defensa, no solamente porque las armas desparecieron”, afirmó el abogado.
En tal sentido, destacó que “el proceder correcto de una persona que es atacada dentro de su domicilio y se defiende es colaborar con la justicia, no alterar la escena y dar una explicación cabal de los hechos en el momento, con todos los elementos”.
A ello, agregó que “si se analizan las autopsias y las pericias médico legales, se encuentra que las tres víctimas del hecho fallecieron con disparos de armas de fuego en la cabeza, y la distancia es ultra corta en un caso y en los otros dos, es corta. Eso nos da a entender que hubo una suerte de ataque que no se condice con una espontaneidad en la defensa sino que nos lleva más a la creencia de que fueron ejecuciones lisas y llanas”. “Las pericias no se condicen plenamente con la versión de que Siboldi se hubiera defendido”, resumió.
En cuanto a las expectativas sobre el futuro de la causa, dijo ser “prudente” pero confirmó que “como querellantes y por cómo se ha presentado la causa, entendemos que la realización del juicio oral con la producción plena de las pruebas es lo más necesario para esclarecer este hecho, lo que si no se produce termina dejando un sabor amargo entre los familiares de los involucrados y no se consigue la tan deseada paz social a futuro”.
“Entendemos que el debate es la etapa fundamental en que se puede esclarecer este hecho, independientemente de las calificaciones legales que se utilicen. Por el momento seguimos la hipótesis de homicidio y eventualmente el pedido de la pena la haremos mensurando muchas cuestiones. Son escalas penales de 8 a 25 años, analizaremos conforme las pautas del Código Penal las conductas que se llevaron a cabo, los móviles y motivos y en base a esos parámetros formularemos la acusación final. De acuerdo a los antecedentes de hechos similares, estimamos solicitar una pena cercana a los 15 años de prisión para cada imputado”, describió.
Por otra parte, en cuanto a las garantías de seguridad para quienes deben prestar testimoniales en el juicio Bacigalupo recordó que “eso se analizó en una audiencia del pasado 12 de julio, en la que la jueza subrogante en feria, Elisa Zilli, nos hizo lugar a la prórroga de la prisión preventiva en la Unidad Penal, porque tanto defensa como Fiscalía habían llegado a un acuerdo de prisión domiciliaria para los hijos de Oscar Siboldi, no así para él, a lo cual nos opusimos indicando claramente los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso y haberse dado a la fuga”.
“Debemos recordar que tenemos un grupo de testigos que claramente se visibilizan dos partes: debido a la cercanía y relación que tienen con los imputados fomentan una postura de legítima defensa y otras personas allegadas a las víctimas que esa actitud defensiva no es tal. Lógicamente la mayoría de los testigos ha mencionado encontrarse comprometidos con esta causa más allá del temor que les infunde y valientemente desean aportar su testimonio en el juicio”, sentenció.
Por último, señaló que “la prisión preventiva de los tres imputados vencería el 26 de agosto y lógicamente mantenemos nuestra postura a su estado de detención para mantener incólume y sano el proceso para cuando llegue el debate”.