Por Mauro Federico (*)

El teniente Joseph Petrosino está considerado como el pionero en la lucha contra el crimen organizado. Inmigrante italiano y gran amigo del, por entonces, comisionado de la policía neoyorquina Theodore Roosevelt (a la postre, presidente de los Estados Unidos), el ítalo norteamericano fue el creador de un cuerpo de élite que se propuso poner fin a la creciente presencia de miembros de la mafia italiana, cada vez más numerosa en la ciudad de Nueva York.

Junto a sus hombres organizó el primer equipo de especialistas en desactivar artefactos explosivos, creó una división especializada en extorsión y secuestros, empezó a retribuir a los confidentes (lo que incrementó considerablemente el número de personas que colaboraban como informantes de la policía) e incluso fue de los primeros que infiltró agentes dentro de las bandas organizadas. Sus técnicas de investigación y lucha contra el crimen organizado fueron tan eficaces que durante gran parte del siglo XX siguieron utilizándose.

Si bien la existencia de la inteligencia criminal como política diseñada desde los Estados se remonta a los años cincuenta durante la Guerra Fría con el auge de las agencias, la abrupta irrupción del narcotráfico y el crimen organizado que afectan el orden económico mundial, provocó un aumento exponencial de sus actividades en las últimas tres décadas, publicó Puente Aéreo Digital.

Hablar de “inteligencia” en Argentina, suele generar resistencias porque remite a las oscuras actividades de los grupos organizados para investigar, hostigar y/o extorsionar a dirigentes, periodistas, jueces, legisladores y todo aquello que pudiera molestar al poder político de turno, sin tomar conciencia los mandantes que también ellos terminaban siendo objeto del espionaje que administraban a sus “opositores”.

Pero la inteligencia criminal es una actividad mucho más importante y estratégica que ese “espionaje de alcoba” con fines extorsivos practicado durante décadas por la ex SIDE o la actual AFI. Se trata de una disciplina auxiliar del derecho procesal penal y de la planificación de las Políticas de Seguridad Pública que se desarrolla en el marco de las normas éticas básicas, con el objetivo de aportar los elementos necesarios para la toma de decisiones antes o durante un hecho delictivo.

El objetivo de la inteligencia criminal es anticiparse a los sucesos criminales, utilizando estadísticas, patrones de crímenes, auditorías a registros telefónicos, flujos de mercaderías, información sobre el lavado de activos -entre otras herramientas- y así confeccionar un pronóstico en las jurisdicciones que les comprenden. Según coinciden todos los especialistas, es la mejor técnica para enfrentar los nuevos peligros que amenazan a las comunidades en todo el mundo. Lamentablemente en los países de nuestra región las organizaciones criminales logran burlar las pesquisas y obtienen impunidad, amparados en las deficiencias del Estado para desarrollar los procedimientos preventivos que permitan asestar verdaderos golpes a sus actividades. Y esto se puede apreciar con nitidez en las tareas investigativas relacionadas con el narcotráfico.

Esta semana, un reporte periodístico del portal Data Clave puso la lupa sobre un episodio ocurrido entre enero y febrero de 2021, al que ni la prensa local, ni las autoridades argentinas le prestaron demasiada atención. Un mega operativo coordinado por las policías de Alemania y Bélgica, desbarató el accionar de una organización narco que pretendía trasladar 23.200 kilos de cocaína provenientes de Paraguay escondidas en latas de pintura, con una valuación que podría oscilar entre 1000 y 3500 millones de euros.

El caso –que se transformó en el mayor decomiso de drogas en la historia de la Unión Europea– pasó desapercibido para el gobierno argentino, a pesar de que 16 de las 23 toneladas de esta droga de máxima pureza transitaron miles de kilómetros por la Hidrovía que administra un consorcio integrado por empresas argentinas y que fueron trasbordadas en el Puerto de Buenos Aires antes de partir rumbo a Europa. Esto significa, ni más ni menos, que durante varios días, el enorme cargamento pasó delante de las narices de funcionarios y fuerzas de seguridad de nuestro país sin que nadie lo advirtiera.

La difusión de esta información generó reacciones en todo el arco político local. La primera respuesta del oficialismo fue minimizar el hecho. “Es inverosímil esta versión”, dijeron los funcionarios consultados, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el informe periodístico. Horas más tarde, tuvieron que admitir la veracidad del episodio y anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer lo sucedido. Desde la oposición, pidieron informes al Ejecutivo y anunciaron que promoverán una acción judicial para determinar si existieron responsabilidades penales en la falta de controles.

Cuando el río suena…

Este episodio no hizo más que poner en el tapete de la discusión el funcionamiento de la inteligencia criminal abocada a la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Desde la cartera conducida por la antropóloga Sabina Frederic aseguran que “el tráfico de cocaína mermó en el último año producto de la pandemia” debido a que “el cierre de fronteras impidió el tránsito de las mulas que transportan esta droga y esto complicó la logística de los traficantes, a diferencia de la marihuana, cuyos decomisos se incrementaron porque transita en camiones a través de las rutas”.

El diagnóstico efectuado por la fuente del ministerio de Seguridad consultada omite un dato central: el mayor caudal de cocaína que pasa por nuestro país, se camufla en embarcaciones que se mueven a través de los ríos y se cargan en las terminales portuarias más importantes. “Es preocupante el nivel de desconcierto que evidencia esta respuesta, porque evidentemente pareciera haber muchos funcionarios que desconocen cómo operan las redes de narcotráfico trasnacionales”, explicó a #PUENTEAEREO Patricio Furlong, especialista en seguridad y combate contra el delito complejo. “Lamentablemente en los últimos años se han desmantelado equipos especializados de las fuerzas de seguridad que contaban con la capacidad necesaria para el abordaje de esta problemática y eso dejó al Estado sin herramientas muy importantes”, completó el experto.

Desde diversas organizaciones dedicadas a las políticas de drogas y seguridad, se viene planteando la necesidad de cambios en las políticas de control del narcotráfico. El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), sostuvo esta semana en un comunicado que el episodio del cargamento de cocaína decomisado en Europa cargado en nuestro país “constituye la punta del iceberg de una problemática compleja sobre la que venimos alertando desde el Área de Políticas de Drogas del ILSED”.

En un mercado ilícito de cocaína en expansión, regional e internacionalmente, “la ausencia de foco de las estrategias de control del narcotráfico en las manifestaciones más complejas de la narco criminalidad no hacen más que reforzar la inefectividad de la Ley 23.737 en la persecución de este tipo de delitos”. En efecto, en los últimos años, el sistema ha focalizado su persecución en los delitos menores del régimen penal de estupefacientes y, específicamente, en la marihuana. “Como contracara, este sesgo no ha posibilitado una mayor atención a la dinámica expansiva del mercado de la cocaína que afecta a la Argentina en una doble vía: en lo que refiere al abastecimiento de los mercados locales de consumo (en crecimiento) y en su rol en el tráfico internacional de cocaína hacia Europa”, agrega el documento.

De acuerdo a la Procuraduría de Narcocriminalidad, en los últimos cinco años apenas la mitad de las causas iniciadas por infracción a la ley de estupefacientes se relaciona a la comercialización ilícita de drogas, la otra mitad apuntan a la tenencia simple para consumo personal. Mientras las incautaciones de marihuana crecen año tras año los decomisos de cocaína vienen descendiendo dramáticamente desde 2017, llegando a los registros más bajos en los últimos quince años.

En este contexto, la ausencia de controles efectivos en la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las terminales portuarias y sobre el tráfico aéreo irregular “profundizan este sesgo que hace inefectivas las estrategias de control de la narcocriminalidad”. La necesidad de fortalecer la investigación criminal orientando los esfuerzos a los casos más complejos “no ha logrado superar la retórica en las últimas gestiones de gobierno”.

El acopio, las cadenas de distribución, la existencia de centros de procesamiento, el mercado ilícito de drogas de síntesis y la nueva dinámica del tráfico internacional de cocaína son los grandes temas ausentes no abordados por las estrategias de control implementadas y obligan a repensar con urgencia una reacción por parte del Estado para evitar que el problema de la narcocriminalidad se agrave.

Fuera de agenda

En todo el año 2020 la cuestión del tráfico ilícito de estupefacientes estuvo fuera de la agenda política, tanto del actual gobierno como de la oposición. Desde lo discursivo, Frederic sostiene que las fuerzas federales que comanda “tienen que estar dedicadas a perseguir delitos complejos y el crimen organizado, los delitos de carácter federal”.

Diferenciándose del gobierno anterior, la ministra de Seguridad de la Nación asegura haber cambiado la orientación del trabajo de las fuerzas federales. “Había infinidad de procedimientos, con la incautación de pequeñas cantidades de drogas y nosotros orientamos el trabajo de las fuerzas federales a perseguir el tráfico de grandes cantidades y a la investigación y el análisis criminal de organizaciones, no del último eslabón”.

Ante las preguntas respecto a la fuerte disminución en las incautaciones de cocaína, la ministra afirma que por la pandemia, ahora hay otras rutas que no pasan por la Argentina. “Tenemos información de que hay un crecimiento del tráfico hacia acá, sin pasar por acá. Sucede algo parecido con las drogas sintéticas también, que bajó mucho en el 2020”, dice Frederic.

Sin embargo, del discurso a los hechos hay mucho más que un trecho. Para la coordinadora del área de Políticas de Drogas del ILSED Mariana Souto Zabaleta, “si bien es cierto que se verificaron aumentos en las incautaciones de marihuana durante 2020, las cantidades de cocaína decomisadas en Argentina (la mitad menos que en el año anterior) remiten a registros anteriores al año 2005”. Respecto del cambio de orientación del trabajo de las fuerzas federales hacia manifestaciones más complejas de la narcocriminalidad, los datos de PROCUNAR contradicen lo afirmado por la ministra. En el 2020 sólo un 41% de las causas iniciadas en el fuero federal corresponden al delito de comercio de estupefacientes, en tanto un 31% a la tenencia para consumo personal y un 9% a la tenencia simple.

“Si se comparan estos datos con la anterior gestión de gobierno (enero de 2016 – diciembre de 2019) no se aprecian cambios significativos. En ese período, hubo una mayor cantidad de causas por comercio (47%), igual cantidad de causas por tenencia simple (9%), y una leve mayor cantidad de causas por tenencia para consumo personal (34%), lo que demuestra que ha habido una continuidad en las políticas por parte de ambos gobiernos”, completa la especialista.

Más allá de los datos estadísticos, que no muestran grandes transformaciones en la persecución del narcotráfico durante el primer año del gobierno del Frente de Todos, tampoco se aprecia la desarticulación de grandes redes dedicadas a la comercialización de drogas. Los casos informados oficialmente por el Ministerio de Seguridad no marcan un cambio de tendencia respecto a años anteriores y los datos disponibles no permiten aseverar si esa desarticulación ha sido efímera en términos del impacto en las operaciones de tráfico.

La Hidrovía abierta de América Latina

La Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP) se ha transformado en una ruta estratégica para el tráfico ilícito de drogas en la región, no sólo en lo que refiere al tránsito de marihuana paraguaya sino también de cocaína, proveniente de Bolivia y Perú, tanto para el abastecimiento doméstico como para el tráfico internacional con destino a Europa.

Como avezado investigador de las temáticas ligadas al narcotráfico, el diputado provincial santafesino Carlos del Frade viene señalando la importancia estratégica de poner una mirada sobre el manejo de la HPP, cuya concesión fue otorgada en 1995 a un consorcio empresarial integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa. “Ese contrato vence el 30 de abril y de cara a ese vencimiento inminente, estamos ante una posibilidad histórica no sólo de elegir la mejor propuesta de dragado y establecer condiciones favorables a los intereses nacionales, sino también de ajustar cuentas con los puertos privados instalados sobre el Paraná; además la Hidrovía siempre ha sido un colador para la droga que baja desde Bolivia y Paraguay rumbo a los puertos del Paraná y el Río de la Plata”, sostiene Del Frade.

El reconocimiento de altos funcionarios respecto de la incapacidad de control del tránsito de la HPP por parte de Argentina, la constatación de operaciones de contrabando de granos vía Paraguay, así como las diferentes circunstancias que, desde hace algunos años, otorgan a los puertos rioplatenses una posición privilegiada en el tráfico comercial de los productos que transitan este ducto fluvial, son claramente elementos que ayudan a analizar las condiciones de posibilidad de la dinámica del tráfico internacional de cocaína en el Cono Sur en los últimos años.

Si el gobierno argentino no toma debida nota de este diagnóstico, avalado por el trabajo de especialistas que vienen trabajando desde hace muchos años en el diseño de políticas públicas lamentablemente nunca implementadas, nos veremos nuevamente involucrados como país en la trama del narcotráfico trasnacional a una escala que resultará difícil de controlar. Y las consecuencias, una vez más, las pagaremos con más crímenes y mayor circulación de drogas en nuestras ciudades.