La operación de la venta es por un importe de 1.255 millones de dólares, según informó hoy la compañía petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Este dinero va a las arcas de la empresa española Repsol, que ya contienen en su interior los 5000 millones de dólares que el Estado argentino pago con motivo de la indemnización por la expropiación del 51% de su paquete accionario. Por la operación, que supone la venta de 46.648.538 acciones ordinarias Clase D, la compañía hispana obtendrá una plusvalía estimada de 622 millones de dólares antes de impuestos.
Tras la venta de su casi 12% de capital social en YPF, Repsol mantiene una participación testimonial en la compañía estatal argentina inferior al 0,5%, de acuerdo con el comunicado emitido por la petrolera. Ayer, Repsol ya renunció a designar a dos representantes a los que tenía derecho en el consejo de administración de YPF en función de la participación, lo que se explica por la actual venta, según informa la agencia estatal Télam.
La compañía española está a la espera de recibir 5.000 millones de dólares en bonos del estado argentino con los que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compensará la expropiación del 51% de YPF, ocurrida hace dos años. El acuerdo de compensación, que también compromete a la petrolera a retirar todas las demandas planteadas ante tribunales nacionales e internacionales, fue aprobado el pasado 24 de abril por el Congreso argentino.
Cabe recordar que la empresa fue una de las responsables del saqueo a los recursos energéticos de nuestro país. Repsol recibió subsidios sin el debido control público, creando el vacío necesario para la no inversión en la exploración y el desarrollo energético de una nación. Esta problemática quedó por fuera del debate de expropiación desarrollado en el Congreso de la Nación hace dos años, ya que la voluntad de la mayoría oficialista fue la de no discutir investigar a la empresa española. Existían posturas, de oposición de centro izquierda, que propusieron investigar mediante una auditoría el desempeño de la empresa para que, a través de ese diagnóstico previo, se decida si abonar la indemnización o no. Hoy la empresa vende la totalidad de las acciones, quedándose con una representación testimonial y abandona el país con los bolsillos llenos por la venta, a la espera de la indemnización y sin ser investigada por el Estado argentino.
