Graciela Marizza es una vecina de Paraná que sufre las consecuencias de una intoxicación por combustibles, productos del derrame de una estación de servicios hacia la red de agua potable. Pero no es la única. El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) logró el testimonio de otra vecina y los documentos e informes toxicológicos que nadie mostró. La lentitud de la justicia, el trabajo municipal para remediar el problema y la respuesta de la empresa denunciada.

En 2010 Graciela Marizza detectó olor a nafta en el agua de su casa de calle Isidoro Rossi, casi Galán, de Paraná. Al mismo tiempo, comenzó a experimentar dolencias y enfermedades extrañas que la llevaron a consultar con diversos médicos. Junto a ella, varios de sus vecinos tuvieron los mismos problemas de salud.

Esto la llevó a pedir la intervención de las autoridades municipales y a efectuar una denuncia judicial luego que se determinara que el agua de la red estaba contaminada con hidrocarburos.

13 años después, Graciela padece polineuropatía por intoxicación y además tiene una hipersensibilidad química múltiple. No puede caminar, ni mover sus brazos ni manos, está perdiendo el habla, sufre de constantes dolores musculares y necesita asistencia constante las 24 horas. Se encuentra internada en un centro de rehabilitación en General Galarza.

Luego de tantos años sin respuestas, sus sobrinas Florencia Quindt y Sabrina Pasquet, comenzaron una campaña en redes sociales y medios de comunicación para visibilizar la situación.  Ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), Florencia sostuvo que “después de tantos años de esperar, pensamos que era el momento ideal porque la situación de Graciela no es la misma que hace 13 años cuando todo esto inició, hoy es mucho más grave y complicada la situación y ya no tenemos tiempo como podíamos tener antes. Fue una decisión de Graciela no hacerlo púbico en su momento porque ella confiaba en la Justicia, confiaba en que esto se iba a resolver por los medios en que tenía que resolverse, con la gente a la que ella acudió buscando ayuda para que lo resuelvan. Pero después de 13 años de no tener una respuesta decidimos que era el momento, lo hablamos con ella, estuvo de acuerdo y por eso lo comunicamos ahora”.

Consultada por lo que esperan de la Justicia, afirmó: “No es lo mismo que esperábamos hace dos años; en ese momento pensábamos que Graciela podría recuperar algo de todo lo que había perdido, el tiempo, la energía o acceder a mejores tratamientos; hoy queremos calidad de vida para el tiempo que le queda”.

Sobre el estado de salud de Graciela, contó que “hoy está internada en un centro de rehabilitación neurológico a 200 kilómetros de Paraná, en la ciudad de Galarza, donde la están tratando los mejores profesionales que encontramos y está siendo sometida a rehabilitaciones de todo tipo. Está con tratamientos y profesionales que la abordan de forma integral pero su cuadro no mejora”.

Por su parte, Sabrina Pasquet ahondó: “Lo que estamos buscando hoy es una respuesta, la que deberían haber dado ya hace un tiempo desde la Justicia, que los responsables aparezcan, que se concientice un poco más en legislar esto para que no vuelva a ocurrir a nadie más en ninguna parte del país, que se tenga en cuenta que están jugando con la salud de la gente al no hacer los controles como corresponden; involucrarse con los hidrocarburos que están manejando que es nocivo para la vida humana, y que se concientice sobre esto que es muy importante”.

En cuanto a lo judicial, indicó que “la primer sentencia estaba pautada entre marzo y mayo de este año pero en una audiencia que se realizó hace unos meses se pidió una revisión de pericias que demoró todo más y ahora estamos a la espera de una resolución”.

Sobre la respuesta de los dueños de la estación de servicio, se preguntó: “¿Dónde están?, nunca hablaron con nosotros, solamente en los distintos momentos del juicio, en las diferentes audiencia con los abogados pero todo cuestiones legales, nada más. Jamás en estos 13 años le preguntaron a Graciela cómo estaba o si podían ayudarla”.

Como parte de la investigación periodística para conocer más detalles de la situación, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) recorrió calle Isidoro Rossi y pudo dialogar con varias vecinas, entre ellas Stella Maris Torrilla, la vecina que vive en la casa pegada a la de Graciela, quien sufrió la misma intoxicación con hidrocarburos y aun hoy padece las consecuencias de tener plomo en la sangre.

Contó que “fue espantoso, nos contaminamos las dos porque la casa es la misma, solo tiene una pared que la separa. A mí se me cayó todo el pelo, adelgacé 25 kilos, pasé un horror. Años de sacarme sangre, está todo en la justicia porque yo tenía 17 miligramos de plomo en sangre, era la que más tenía porque entró el ramal por ahí y venía para este lado de la cuadra, hubo cuatro casas afectadas”.

“Yo me tuve que ir a Gualeguaychú casi dos años porque cuando me vieron mis hijos creían que me moría ya, y de allá vine bastante recuperada. De por vida tengo saturnismo, con dolores espantosos en el estómago que me quedó de secuela, tuve una diabetes a los 50 años que nunca antes había tenido, quedé ciega por completo y me tuve que hacer dos operaciones porque me dijo el oculista que el plomo hace estragos en la vista”, reveló.

Consultada sobre cómo se dio cuenta que algo estaba pasando, relató: “Yo empecé con que se me caía el pelo, me tocaba la cabeza y se me salían los mechones, calambres espantosos, dolor de estómago, vómitos y colitis y además el olor espantoso que había en el agua. Al principio la Municipalidad nos dijo que no era nada, pero Graciela Marizza no se quedó con eso y fue a reclamar en Aguas de la provincia, y ahí empezó todo que vinieron y cerraron la estación. A desde ahí estamos con la Justicia pero no pasa nada. Nos citamos con una jueza y los abogados nuestros pero no pasó nada”.

“A mí me arruinaron la vida, primero porque soy jubilada nacional que no se gana nada y hacia tratamientos de reiki, atendía a cantidad de gente y me quedé sin trabajo porque no podía trabajar, incluso hasta tenía una pareja de años pero me alejé porque ningún hombre quiere una apestada”, lamentó.

Hoy Stella Maris vive en esa misma casa, Graciela ya no puede. “La Municipalidad quedó en cambiarnos los tanques, pero no lo hicieron, porque todos los tanques de agua estaban adentro todos negro, el inodoro quedaba manchado con el hidrocarburo y  todas esas fotos las tiene la Justicia. Y además, hace unos meses, le pasé un video a mi abogada donde abrieron la calle porque había un caño que perdía agua y el olor a nafta que se sintió, fue algo espantoso, horroroso. Pero nadie hace nada. Yo estoy muy cansada de la lucha, fueron muchos años”.

“Con Graciela, éramos muy amigas, nos veíamos todos los días, éramos como familia, pero a veces pasamos 10 o 15 días sin vernos porque las dos estábamos acostadas enfermas de dolor, y no había tratamiento. Los médicos me decían que no podían hace nada, me daban vitaminas, que tome mucha agua y algo para los dolores en el estómago pero nada más, no hay un tratamiento que corte eso porque es el plomo que está en sangre”, señaló.

Otras vecinas se acercaron a brindar su testimonio cuando las cámaras de Cuestión de Fondo recorrieron el barrio, y contaron que en julio de 2022 cuando la Municipalidad de Paraná debió abrir una parte de la calle lindante a la estación de servicio para reparar una pérdida de agua, al abrir un pozo con la máquina se sintió un fuerte olor a nafta. En el video de ese momento, que se reproduce a continuación, se escucha la conversación de los presentes, empleados municipales y vecinos, que dan cuenta del fuerte olor que emana el agua hallada.

Trabajos de remediación

El ingeniero químico, especializado en ingeniería ambiental, Rubén Molinelli era asesor de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná en 2010 y trabajó ante la denuncia de Graciela. Ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) explicó que “inicialmente lo que Graciela Marriza hace es un reclamo tanto a la Secretaría de Ambiente de la provincia como a la dirección de Obras Sanitarias Municipal, donde estaba el ingeniero (Carlos) Morandín como director en ese momento, porque ella siente o entiende que el agua tiene olor raro. Ante eso Obras Sanitarias toma intervención, constata lo mismo que Marizza y pide la intervención de la Dirección de Ambiente municipal donde tomamos conocimiento, en mi carácter de asesor acompaño a los jefes de sección y departamento que estaban en la parte ejecutiva en ese momento, para asesorarlos en todo lo que tiene que ver con la investigación, inspección o auditoría ambiental”.

“En ese momento recorrimos la casa, abrimos las canillas, detectamos olor característico a hidrocarburo en el agua, también recorrimos el entorno de la casa y el barrio para analizar los potenciales aportantes de este hidrocarburo para no centralizar todo en un inicio solo en la estación; debíamos hacer una investigación más amplia para verificar las características del entorno. Se tomaron muestras que se enviaron  a Criminalística de la Policía de la provincia de Entre Ríos donde se hicieron las cromatografías para determinar la presencia de hidrocarburos, que dieron positivo”, relató.

Y ante esto informó que “a partir de eso se hizo una acción conjunta de la Dirección de Obras Sanitarias y la Dirección de Medio Ambiente: las acciones inmediatas fueron el cambio de la cañería de ingreso de agua de la señora Graciela Marizza, el vaciado y limpieza de todo el sistema de agua que tenía en el domicilio, limpieza de tanques, para eliminar cualquier resto de hidrocarburo que pudiera quedar a fin de que el agua que ingresara nuevamente a su domicilio no tuviera ningún tipo de contaminante. Tomamos muestras de agua en otros domicilios y no dio presencia de hidrocarburo”.

“También desde el área de Ambiente se evaluó el entorno, se determinó que por las características debía ser un almacenamiento importante de hidrocarburo el que haya generado este inconveniente y el único lugar que había era la estación de Galán y Rossi, en ese momento de bandera Axion, y por lo tanto se intimó formalmente al propietario de la estación de servicio, la empresa propietaria y a la empresa de bandera, a iniciar lo que se llama un Estudio de Fase 1, es decir analizar dentro del predio de la estación la presencia de hidrocarburo. También en la inspección de auditoría que se hizo ese día se determinó que había cortes en el cemento de la estación –frescos, nuevos- por las características del cemento, que indicaban que se había hecho algún tipo de reparación o de modificación o de  mejora, por lo tanto eran indicadores que nos marcaban que podía ser el foco real, como primera hipótesis”.

Además, Molinelli comentó que “la empresa Disab Sudamericana, en ese momento auditora autorizada por la Secretaria de Energía, realizó toda una evaluación ambiental del predio determinando la presencia de hidrocarburos en los pozos freatímetros, que son pozos que llegan hasta la napa freática, los cuales se van limpiando y se va extrayendo el combustible y se determina la posibilidad que tiene ese pozo de extraer. A partir de ahí se hizo un proceso de remediación para lo cual se trajo un equipo para ir tratando el agua que se extraía, se gestionó en la provincia y la Municipalidad la autorización para la instalación de ese equipo; pasado todo ese tiempo –que es la primera etapa de la remediación- se inició el recambio de suelo y tanques de la estación de servicio. La estación se cerró completamente, por supuesto estuvo clausurada y se sacaron todos los tanques viejos y el suelo contaminado”.

Consultado por la posibilidad de que esta contaminación se repita, el experto advirtió que “si algún vecino cualquiera, realiza una nota escrita elevada al intendente presentada en Mesa de Entradas, con la inquietud, denuncia o planteo de que se siente olor a combustible, que hicieron un pozo y salió un líquido oleoso, el expediente tiene que ser respondido”.

Por otra parte, confirmó que “en la causa judicial los abogados demandantes me citaron como testigo, y el juez me realizó un cuestionario respecto a las características, porqué suponíamos que era de la estación, conceptos técnicos en cuanto a la contaminación, porqué había podido ingresar la contaminación a la cañería, también me consultó respecto de las dolencias que tenía Graciela Marizza a lo cual no pude responder porque no soy especialista médico”.

“Creo que mi participación tuvo mucho que ver con la determinación de la presencia de hidrocarburo. Lo que más le importaba al juez era eso, y la determinación de la causalidad, es decir que había cierto grado de certeza de que ese hidrocarburo provenía de la estación de servicio. Todo eso no solo quedó probado, porque reconocemos que el estudio cromatográfico lo realizó Criminalística de la Policía de la provincia, no fue un laboratorio externo, la muestra la tomó personal municipal y además todas las hipótesis iniciales de esa auditoría que se hizo que era que la estación tenía un inconveniente, fue luego comprobada por los estudios de Fase 1 y todo el estudio de remediación posterior. No quedan dudas respecto a eso”, sentenció.

“Una Justicia que llega tarde, no es justicia”

El abogado Rubén Pagliotto patrocina junto a Jaime Martínez Garbino la demanda civil que inició Graciela Marizza por daños y perjuicios, y ante las cámaras de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral)  habló del camino del trámite judicial que, 10 años después, no tiene respuesta. “La denuncia penal se hizo en noviembre–diciembre de 2010 a partir de que Graciela empezó a advertir –más allá de los olores a nafta en su casa- un deterioro en su cuerpo (pérdida de pelo, ralentización de los movimientos, dolores, somnolencia) que derivó fatalmente en una consulta médica y después se tuvieron que hacer interconsultas: médicos clínicos, toxicólogos, neurólogos, y hasta oncólogos. Entre la contaminación que se probó que hubo, se determinó que está absolutamente e incontrastablemente probado, porque los documentos públicos oficiales demuestran que hubo que exigirle a Torrealday que remediara la zona, es decir que sacara la tierra contaminada e incluso la Municipalidad sacó al vieja cañería de asbesto y colocó caños nuevos de PVC, y se determinó que el origen de la patologías que hoy sufre Graciela Marizza son producto directo de esa contaminación”.

Sobre la demanda penal indicó que “el doctor Alejandro Carbó hizo la denuncia y patrocinó a Marizza; al tiempo con la doctora Fernanda Tardelli continuamos el tránsito de la causa penal, hubo momentos en que se dispuso el archivo, apelamos, se reflotó y se continuó, pero no existía la capacitación en la Justicia en cuestiones medioambientales y no se tenían los medios. Trabajamos a pulmón como pudimos hasta que en 2013 con el doctor Jaime Martínez Garbino iniciamos la demanda civil por daños y perjuicios contra Axion Energy como empresa de bandera y contra Torrealday SRL propietaria de la estación de servicio, y citamos como tercero necesario a la provincia y al municipio, porque el suministro de agua potable tiene que ver con un servicio municipal y porque el gobierno de la provincia tiene el poder de policía en cuestiones medioambientales”.    

Agregó que “esa demanda civil lleva 10 años ininterrumpidos sin tener hasta el momento sentencia de primera instancia, no es que se ha demorado porque se ha apelado, sino que todavía, después de una década, Graciela Marizza no tiene una sentencia en un sentido o en otro. Recién hoy fuimos notificados con el doctor Martínez Garbino que la jueza dispuso que inmediatamente se pongan a despacho las actuaciones para dictar sentencia, vale decir que debemos entender que hoy ya empezó a correr el plazo para que se dicte sentencia. La que se tenía que dictar en mayo, pero la jueza –la tercera jueza porque pasaron tres juezas en la causa- por motivos que no nos dejó muy claros y que no compartimos, en una audiencia fijó como medida de mejor proveer que el perito que ya hacía por lo menos cuatro años había presentado una pericia le diera algunas explicaciones”. Vale destacar que dicho perito ya está jubilado y vive en Córdoba, por lo cual su respuesta al requerimiento de la jueza Keller será por escrito.

La causa está en el Juzgado Civil y Comercial Nº3 y pasó por las manos de Juliana Ortiz Mallo, luego la siguió Norma Ceballos y ahora, Sofía Keller.

Consultado porqué después de tres jueces y 10 años de tramitación judicial, nadie pudo dictar una sentencia, el abogado afirmó: “Esa es la gran pregunta. La gran mayoría de la prueba, diría toda la prueba necesaria para fundar una sentencia está producida hace ya muchísimo tiempo: la pericia psicológica que determinó los daños psicológicos sobretodo de índole moral que sufrió Graciela quedó reducida a nada porque hoy su vida está en una silla de ruedas, la pericia medica esta re contra terminada hace años, las otras pericias toxicológicas que en 2010 ya probaban que el agua tenía hidrocarburos”.

“En el 2010, hace 13 años que el cromatógrafo gaseoso que posee la Dirección de Criminalística de la policía de Entre Ríos había determinado en el agua que se extrajo por funcionarios municipales de la casa de Graciela Marizza que contenía componentes de hidrocarburos livianos que son naftas, con lo cual no había ninguna discusión. Y hoy se determinó con absoluta seguridad y absoluta contundencia científica, con evidencia científica, que las patologías que sufre Graciela y que la han llevado a este estado de deterioro absoluto son la consecuencia directa de haber estado expuesta a hidrocarburos, a los que llega a estar expuesta por la contaminación que se produjo anteriormente en la tierra y el agua”.

Respecto a qué se espera hoy de la Justicia que llega 13 años tarde, Pagliotto reflexionó: “Una de las garantías constitucionales y convencionales es lo que se llama tutela judicial efectiva, que el ciudadano encuentre favorable acogida en la justicia frente a un conflicto, pero que además sea en un plazo razonable. Porque de qué sirve hacer una denuncia porque alguien está contaminando si la justicia se expide 13 años después cuando ya en el barrio no quede ninguna vida. Esta justicia lleva el nombre de justicia pero para ser justicia como fin, como bien donde busca protección la sociedad tiene que ser justicia a tiempo, es la garantía del plazo razonable”.

Ante esto, planteó que en la justicia provincial “faltan recursos humanos y económicos pero también falta voluntad, falta decisión, falta que alguna vez alguien se plante y trate de desburocratizar la justicia. Ahora por suerte con las nuevas tecnologías y la informática, además de que se ahorra mugre y se evita papel, también la justicia anda bastante más rápida, pero le hace falta mucho más rapidez. Y sobre todo a los funcionarios judiciales, a muchos, no a todos, les falta empatizar con la gente. Creo que faltó empatía de la Justicia con Graciela, y la verdad es si bien esta movida fue producto de los amigos y familiares de Graciela, también debemos reconocer los abogados que muchas veces la Justicia apura los tiempos gracias a los comunicadores sociales, por eso el rol de la prensa es fundamental”.

“La indemnización no pasa los 25 millones de pesos hoy, que parece muchísimo pero por mes el instituto donde está Graciela cuesta un millón de pesos, vale decir que le estarían dando 25 meses de internación, y si le computa vestimenta y otras cuestiones estamos hablando de que serían 20 meses. Me parece que para una empresa de la envergadura económica no le hace mella, y además para que deje de ser un slogan vacío la famosa responsabilidad social empresaria, una forma sería cortarla con esto y responder. Deberían buscar la salida porque hay una vida en juego, porque Graciela con este dinero no va a poder viajar ni comprarse un auto, no lo va a disfrutar porque hoy su vida es una silla de ruedas y necesita estar 24 horas asistida”, lamentó.

La voz de la empresa

Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dialogó telefónicamente con el propietario de la empresa Torrealday SRL para conocer su opinión sobre la situación, quien en un primer momento no quiso brindar declaraciones ni opinión y se limitó a plantear que “todo está en la Justicia y todo se ha hecho como corresponde”.

Vale indicar que Torrealday SRL también era propietaria de la estación de servicios Axion ubicada en la zona de 5 Esquinas, en calles Churruarín y Avenida Ramírez de Paraná. Según informó el propio Torrealday “en agosto de 2019 venció el contrato con Axion que pidió la devolución de sus tanques, por lo cual cerró la estación de servicios”. Asimismo, aseguró que dicha estación “no tuvo inconvenientes” ni problemas de contaminación.

Respecto de la estación denunciada, en calle Galán e Isidoro Rossi, sostuvo “que se limpió todo, los tanques se sacaron y estaban perfectos. Se instalaron nuevos tanques de última generación, con doble pared y cañerías termo-selladas”. “Todo fue auditado y aprobado por la Secretaría de Energía y la Municipalidad de Paraná”, aseguró.

Finalmente, desde Torrealday SRl enviaron una carta en la que expresan la opinión de la empresa y que se reproduce a continuación: