Por Luis María Serroels (*)

Pronto a cumplir el primer año de gestión del dúo Fernández-2, es claro que no hay un diseño serio, revolucionario y transformador sobre todo alejado de las malas artes del estilo kirchneriano que reinó desde 2003. Lo más claro que se advierte ante el electorado, es que el mayor propósito siempre fue allanarle el camino a Cristina Fernández para despejarles a los fiscales y jueces la suficiente garantía de absolución. Ese fue el mecanismo lubricado que intercambió perdón por epítetos de un lado y el rodeo con que desde la Casa Rosada se atenacea a la justicia.

¿Qué modelo económico se alumbró? ¿Qué índices para medir el dolor de la pobreza y en lugar de ello darle preponderancia absoluta a un Poder Judicial K?

Hoy se ha entablado en Argentina una lucha entre los magistrados que honran a su juramento y otros de moral débil y glotonería de poder. Todo está maquinado para manejar lo que no debe maquinarse.

El kirchnerismo se ha empecinado en adueñase de la justicia en todos los estamentos para manejar el poder real y total. El Poder Legislativo le proporciona las leyes a su antojo, la judicatura se le da el perfil que mejor le calce y el Poder Ejecutivo termina siendo un sirviente para alcanzar un perfecto Bingo ad-hoc donde los que ganarán serán los mismos.

Pero no se debe perder de vista que sigue vigente lo que se llama Constitución Nacional, que en su artículo 29º reza: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Las administraciones kirchneristas acostumbran a someter a los poderes al manejo discrecional y en especial cuando se trata de maltratar a los jueces probos cuando los Códigos no le son nada simpáticos a Cristina Fernández. Todo vale cuanto se pueda tachar y suprimir dentro de la justicia en tanto sea perjudicar al fernandismo.

Un episodio molesto para el gobierno seguramente lo dio el rechazo a la modificación de las leyes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa Nacionales. El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, “manifestó su profunda preocupación por los proyectos de ley actualmente en debate en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación y que pretenden modificar las leyes relativas a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa”.

Entre las objeciones, el Consejo consideró que “tales modificaciones legislativas contrarían, en caso de sancionarse, el espíritu de independencia y autonomía que inspiró al legislador constituyente de 1994, lo que significaría un notable receso a los logros alcanzados a las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos actualmente vigentes. Efectivamente implicaría una clara afectación a los principios de independencia y autonomía de los Ministerios Públicos garantizados en el art.. 120 de la Constitución Nacional”.

Luego de otras consideraciones contundentes, el documento remata diciendo que “por lo expuesto el Consejo Federal rechazó enfáticamente una modificación legislativa que contraría el modelo expuesto como ideal de los Organismos Internacionales citados y que en consecuencia implicaría en el diseño institucional de los Ministerios Públicos de la República Argentina”. El documento del Consejo Federal lleva la firma de su Coordinador General, Maximiliano Benítez y está fechado el 19 de noviembre de 2020.

Todo cuanto el kirchnerismo elabora con mecanismos lubricados con malas intenciones, están teñidos de trampa. La sociedad aspira a principios jurídicos que garanticen la verdad, la sensatez, el equilibrio y el bien común.

Pero hay otra cuestión que urtica. Los corruptos expertos en la coima que aceptaron las reglas mediante firmas estampadas ante jueces y fiscales, los propios defensores libres de cualquier duda y autenticidad, ahora surgen maniobras  como un salvavidas que es imposible dejar al descuido de los ejemplares camaristas Leopoldo Bruglia  y Leopoldo Bertuzzi.

Sus actuaciones sobre los “41 cuadernos de la corrupción” fueron validadas mediante actas declaratorias y aceptadas como imputados y registradas en actas escritas.

El episodio de eventual nulidad de las declaraciones de los responsables arrepentidos de los Cuadernos de Oscar Centeno, por carecer de elementos de grabaciones ni registros fílmicos, desde otro rincón se asegura que adquieren validez. No resulta interesante averiguar cómo se manejan las declaraciones ante la inexistencia de la técnica moderna.

Según consigna Vanesa Petrillo, “la fiscal Fabiana León entregó las actas en papel o legajos de más de una veintena de acuerdos de colaboración que se firmaron con arrepentidos, desde el chofer Oscar Centeno, pasando por  numerosos empresarios que según las defensas, declararon bajo presión para acusar a Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno”.

Pero existe un factor que sostienen a Bruglia y Bertuzzi a tenor de los dichos de León en el sentido de que “esos legajos impresos y digitalizados están disponibles para la compulsa y evaluación (…) que fueron  remitidos al Tribunal Oral 7 tras un pedido de la Cámara Federal de Casación, que días atrás requirió saber si existían soportes técnicos como lo exige la ley del arrepentido”.

En Argentina siempre alguien encuentra resquicios para no ingresar a la cárcel. Sea por esto o por lo otro, los corruptos se escapan. Días pasados los mencionados jueces Bruglia y Bertuzzi  –que por ello  el kirchnerismo los persiguió-, señalaron que aunque no se contara con registros fílmicos o digitales para plasmar las declaraciones de los arrepentidos, se contaba con actas debidamente certificadas por lo cual se debían acceder al juicio oral.

En la causa madre –que constaba con seis desprendimientos más-, fueron corroborados los dichos de 31 arrepentidos. Incluso el juez Bonadío requirió el desafuero de Cristina para “cumplir con la prisión preventiva dispuesta”.

Sin embargo, del expediente generado por las anotaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en todas sus instancias había obviado la ley. En todas las instancias judiciales consideraron que las actas que firmaron los imputados eran suficientes como “medio técnico idóneo”, sin ningún registro sonoro ni audiovisual, el nudo a desatar por la justicia tenía sus complicaciones.

¿Pueden funcionarios experimentados y serios soslayar los pasos que deben darse ante semejante causa de corrupción al momento de las declaraciones motivando la anulación de la causa? He aquí la respuesta.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, frente al inminente fallo de ese Tribunal que definirá la validez de la declaración de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, aseguró que “es absolutamente significativo que quienes plantean la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido no sean ni los arrepentidos ni sus abogados”, según sostuvo.

Además “no creo que la Cámara Federal de Casación Penal analice anular las confesiones de los arrepentidos en la Causa de los Cuadernos”. El fiscal dictaminó por la constitucionalidad de la declaración de los arrepentidos y sobre el cual ahora debe resolver la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. “No creo que un Tribunal de Derecho vaya a declarar la inconstitucionalidad de las confesiones de los arrepentidos”, declaró Pleé al programa Código F, en Radio Rivadavia.

Dijo que con “la Ley del Arrepentido quienes han reconocido haber pagado sobornos son los responsables de la producción del 8 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina”.

Uno de los cuestionamientos de las defensas es que la confesión de los arrepentidos no fue grabada con un dispositivo audiovisual pero para Pleé eso no es necesario y recordó que  “el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya está rigiendo en Salta y Jujuy, no requiere ningún registro fílmico. Solamente requiere un acta”. 

En una nota de la periodista de Infobae y Radio Rivadavia, Mariel Fitz Patrick (recogida por el programa A quien Corresponda (Radio de la Plaza), se refirió a las implicancias que tiene el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una de las causas derivadas de la investigación sobre los supuestos retornos en la obra pública conocida como la causa Cuadernos.

Ella “sigue en pie y también la causa de la cartelización de la obra pública y la de subsidios ferroviarios”. Hay otros tres expedientes que siguen, y de hecho, la causa de los cuadernos fue elevada a juicio y la tendrá que juzgar el Tribunal Oral Federal N°7 donde está el otro juez que el kirchnerismo tiene en la mira, Germán Castelli. Y “la tiene que juzgar a Cristina porque la causa ya está elevada a juicio”.  Nadie puede alardear de su inocencia, mientras huya a la hora de enfrentar a los jueces.

(*) Especial para ANALISIS