El abogado Enrique Pita, defensor de la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el jury, brindó detalles respecto de la continuidad del trámite tras la destitución.    

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Pita indicó que “hay varios días de plazo porque la situación de Cecilia fue resuelta a través del jury mediante la destitución que dispusieron la semana pasada y por otro lado tenemos la vía del amparo en el que intervino la Corte, y que no obstante la intervención de la Corte volvió a bajar al Superior Tribunal de Justicia integrado por subrogantes y prácticamente resolvió algo parecido a lo que la Corte ya había revocado”.

“Esto nos obliga a una estrategia de atacar esto por todos los frentes. Por eso, por un lado ya estamos armando un recurso extraordinario por inconstitucionalidad contra la decisión del jury, que se presentará ante el Superior Tribunal de Justicia provincial” y para lo cual hay un plazo de “ocho días hábiles desde la notificación de la sentencia del jury, es decir que estaría venciendo lunes o martes de la semana próxima”, explicitó.

En este sentido, remarcó que “la Corte para poder intervenir obliga que se agote el trámite provincial” y por ello “por otro lado, a la decisión del Superior Tribunal subrogante en el amparo –que salió con anterioridad- también planteamos el recurso extraordinario federal ante la Corte”. “Volvimos a plantear el recurso ante la Corte, ya está interpuesto, le correrán traslado a Fiscalía de Estado y ya está concedido. Esas son las dos vías centrales”, definió.

“También estamos estudiando con los abogados de Buenos Aires la posibilidad de plantear un per saltum, porque este recurso de inconstitucionalidad en la justicia local puede llevar varios meses para que llegue ante la Corte. En otros casos, la Corte en forma extraordinaria ha aplicado esta vía, y así como vio lo grave del amparo resuelto anteriormente en este caso por el Superior Tribunal y en 24 horas lo tomó y resolvió, tenemos expectativas de que dada la gravedad y la repercusión pública de este caso, eventualmente la Corte nos habilite este per saltum, lo que implicaría saltearse todas estas instancias y la Corte se aboque directamente al tema y resuelva el fondo de la cuestión: la ilegalidad manifiesta de haber reemplazado al Ministerio Público que es una situación que no admite duda”, planteó.

Aclaró que “el planteo es porque la ilegalidad básica está dada por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal, pero eso no quita que planteemos otras cuestiones, como la no excusación de algunos integrantes del jury que nos fe denegado; la última fue la del vocal Smaldone teniendo en cuenta que  poco tiempo antes del jury tomó estado público el pedido de elevación a juicio la causa que se sigue contra un hijo suyo; la situación de la famosa silla vacía donde el Superior Tribunal sorteó un cargo que estaba vacante y donde el propio Superior ubicó a Schumacher y luego la designa el gobernador”.

Por otra parte, Pita comentó que “mientras no esté firme la destitución, no produce efecto, de modo que sigue con la reducción del 70% de su sueldo y su cargo titular de procuradora Adjunta que sigue vacante”. De todos modos, explicó que “si bien ese cargo se designa por concurso, no quitaría que el Superior haciendo uso de su facultad, que ejerce habitualmente, designe un interino, lo que sería grave. Pero de todas maneras el cargo no está disponible hasta que no quede firme la destitución”.

Por último, teniendo en cuenta su experiencia de 35 años como magistrado, sostuvo que su relación con los integrantes de la Sala Penal del STJ “fue normal”. “Esta convulsión que se ha vivido a partir del caso de Cecilia Goyeneche es inédita, es una provincia que desde el punto de vista del Poder Judicial nunca tuvo situaciones tan conmocionantes como ésta; y acá lo que operó contra Cecilia Goyeneche es una corporación político-judicial que se propuso como objetivo removerla del modo que fuera, y era una decisión tomada. Y la intervención del Superior Tribunal fue claro porque tuvimos que pelear a dos frentes: porque nos denegaban todos los pedidos en el Jurado de Enjuiciamiento, subían del segundo al tercer piso, se ponían la toga del Poder Judicial y nos denegaban todos los recursos. En las dos vías nos negaron la posibilidad de ejercer nuestros derechos”, concluyó.