La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a unos 1.500 personas cuyos nombres aparecen en las sociedades y fideicomisos offshore revelados por la investigación periodística Pandora Papers. Los contribuyentes no habían informado al organismo fiscal sobre sus bienes, cuentas bancarias o estructuras societarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación.  Además, el organismo inició alrededor de cien fiscalizaciones ante la sospecha de que ciertas offshores fueron utilizadas para evadir y ocultar el patrimonio, según informó la AFIP a elDiarioAR.

Pandora Papers es la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, el equipo está integrado por elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. La investigación salió a la luz en octubre último e implicó el análisis de millones de documentos secretos de catorce estudios jurídicos y contables.

Ante la consulta de este medio, voceros del organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont declinaron informar si los contribuyentes fiscalizados son personas con perfiles públicos, como empresarios, exfuncionarios y figuras del deporte y los medios de comunicación. Se trata de información con secreto fiscal. En esta filtración, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore.

En noviembre, tras las primeras publicaciones, ICIJ comenzó a abrir la información obtenida de los documentos de Pandora Papers y los organizó en su base de datos abierta al público, el sitio Offshore Leaks. Esta apertura de datos permitió a la AFIP detectar a los 1.500 contribuyentes argentinos mencionados como titulares o directivos de sociedades o fideicomisos offshore que no habían informado al organismo su participación en estas entidades.

La AFIP reclamó a los contribuyentes información y activó unos cien procesos de fiscalización y control de los grandes patrimonios, que quedaron a cargo de las áreas especializadas en operaciones transnacionales y los equipos de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), informó el organismo. Las fiscalizaciones buscan determinar si estos contribuyentes participaron de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial.

Este martes, la AFIP envió una carta notificando a los investigados en la que les informó: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada ‘Pandora Papers’. No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”.

Los argentinos ocupan el tercer puesto en el ranking con más beneficiarios finales de las offshore que surgen de los documentos de la nueva filtración.

Desde 2020, las personas jurídicas y fideicomisos están obligados a informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales -es decir, los dueños reales de los bienes-, así como los contribuyentes deben informar sus participaciones en sociedades offshore, fondos comunes de inversión y fideicomisos en el extranjero, además de asociaciones civiles y fundaciones.

“El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones”, informó un vocero del organismo.

Antecedentes

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando sea utilizada con fines lícitos y el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. El reclamo internacional en torno a las offshore se debe a que estas estructuras garantizan el anonimato de los poderosos y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

Marco del Pont, titular de la AFIP. El organismo notificó este martes a los contribuyentes que quedaron bajo la lupa.

Durante la investigación de Pandora Papers, el equipo argentino de ICIJ* consultó a decenas de personas que aparecían en los documentos analizados. La mayoría afirmó que sus estructuras offshore estaban declaradas ante la AFIP o ante las autoridades de otros países -según el lugar de residencia-, pero muy pocos permitieron corroborar si así era.

Otros admitieron que durante años, sus sociedades habían permanecido en secreto y no tributaron impuestos hasta que fueron regularizadas durante el blanqueo o sinceramiento fiscal de 2016. Un tercer grupo no quiso definir si había o no declarado su sociedad o fideicomiso offshore (trust) ante la consulta.

Sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP para demostrar que de las palabras a los hechos hay documentos. En algunos de los casos, el acceso fue parcial, lo que no permitió corroborar la totalidad de la información.

Argentina aparece 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino de ICIJ.

La investigación periodística Pandora Papers salió a la luz el 3 de octubre de 2021. Durante los siguientes cuatro meses, elDiarioAR publicó 48 casos investigados por los periodistas del equipo argentino*: exfuncionarios, empresarios, ejecutivos, familiares y asesores de políticos, personas bajo investigación judicial, deportistas y personalidades de los medios vinculados directamente con sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas hasta estados de los Estados Unidos, como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming; Nueva Zelanda, en Oceanía; y Luxemburgo y Suiza, en Europa.

La lista incluyó a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país, a  dueños de medios de comunicación, futbolistas, polistas exportadores de caballos y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. Desde Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; hasta miembros de la familia Werthein y Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma. El empresario José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino y su exCEO, Carlos García; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

En Entre Ríos

En la edición de junio de revista ANÁLISIS, se publicó un informe sobre la aparición de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul en los Paradise Papers. En esa oportunidad, el director de este medio, el periodista Daniel Enz contó que “los dueños de la empresa privada que hace la seguridad en ENERSA perciben alrededor de 25 millones de pesos por mes por el despliegue de unos 100 hombres en diferentes puntos. Los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul tienen el negocio de la seguridad en la citada firma estatal desde la última administración bustista, en función de sus aceitados contactos con exfuncionarios de Jorge Busti, como José Gervasio Laporte y Oscar Horacio Mori -ambos ya fallecidos- y luego con la estrecha vinculación con colaboradores directos de Sergio Urribarri, que fue quien le terminó facilitando la continuidad de los contratos onerosos desde que asumió en su primera administración. Claro que también tuvo el aval del propio gobernador Gustavo Bordet y varios de sus ministros, para seguir por el mismo camino. Los Tórtul aparecieron en el informe de los Paradise Papers, un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público en octubre de 2021”.

https://www.analisisdigital.com.ar/edicion-impresa/2022/06/23/buenos-negocios

Qué es público y qué no

La base de datos abiertas de ICIJ incluye datos de los hallazgos periodísticos pero también incorporó la información de Pandora Papers sobre otros contribuyentes que figuran en los documentos de la filtración como accionistas y beneficiarios finales de las offshore y que fueron investigados por la AFIP. Se trata de ciudadanos que acudieron a los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; Trident Trust; y Fidelity, entre otros.

El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.

Los documentos confidenciales de Pandora Papers a los que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentran en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos que crearon los estudios y compañías, pero sí los datos que figuran en ellos: accionistas, intermediarios que ayudaron a crear las offshore y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se pueden visualizar los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos.

Los datos públicos de Pandora Papers se sumaron desde finales de noviembre último a las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que ICIJ empezó a publicar en 2013, como Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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