“Hay que dar la pelea hasta las últimas consecuencias. La búsqueda de justicia requiere que no bajemos los brazos”, dice el abogado Jorge Escalante en diálogo con El Miércoles Digital. La noticia que lo lleva a esa reflexión tiene apenas unas horas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le comunicó formalmente una decisión de enorme trascendencia y cuyas consecuencias aún son difíciles de mensurar: abrir el caso “Flavia Verónica Schiavo y familia”.

La esperada decisión, que se tomó el pasado miércoles 24 de febrero, está fundamentada en que “el Estado concernido no presentó respuesta a la petición durante la etapa de admisibilidad”. Es decir, Argentina nunca contestó los requerimientos que la CIDH le realizó en la instancia de análisis del caso. “En virtud de lo anterior, la Comisión decidió abrir el caso con el número 14.434”. Eso implica “analizar el asunto de fondo”, se informa en la comunicación enviada por Marisol Blanchard, la secretaria ejecutiva adjunta del organismo internacional.

Asimismo, y conforme a lo establecido en su Reglamento, la CIDH le solicita al abogado Escalante que presente “sus observaciones adicionales sobre el fondo en un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la transmisión de la presente comunicación”. Ese plazo es improrrogable, de acuerdo al Reglamento de la CIDH.

En la misma comunicación, Blanchard informa que por sus disposiciones internas y pese al incumplimiento del Estado argentino, “la Comisión se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la CIDH”. “Por lo tanto, me permito solicitarle una respuesta a este ofrecimiento con la mayor brevedad posible”, se indica.

En otras palabras, la familia de Flavia Schiavo debe decidir si apuesta a un diálogo con el Estado argentino o si prefiere que la Comisión avance en el estudio del caso y, en función de sus análisis, indique a las autoridades de nuestro país un rumbo de acción, que es difícil de predecir por ahora.

Los tiempos de la Justicia (Internacional)

La CIDH es una entidad creada en 1959 en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. No debe ser confundida con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sus siglas coincidan y sean organismos emparentados: ambas entidades forman parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, con sede en Washington, en los Estados Unidos.

La Comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos, que son electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. En la actualidad esas siete personas son Antonia Urrejola Noguera (Chile), Margarette May Macaulay (Jamaica), Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Julissa Mantilla Falcón (Perú), Flávia Piovesan (Brasil) y Joel Hernández García (México).

¿Existe aún la posibilidad de que la justicia entrerriana se vea obligada a hacer lo que no hizo hasta ahora? ¿Se investigará la responsabilidad de los funcionarios judiciales entrerrianos que permitieron la impunidad, como la jueza Cristina Calveyra o el fiscal Diego Young?

El recurso de la familia Schiavo fue presentado en 2015, cuando la Corte Suprema cerró toda posibilidad de acceder a justicia: por cuestiones formales desestimó el último recurso que habían presentado. En todo este tiempo la CIDH lo tuvo en análisis, en lo que se conoce como “etapa de admisibilidad”.

El recurso presentado por los abogados uruguayenses Jorge Luis Escalante y Gregorio Garro enumeró todos los detalles de la causa y le pidió a la Comisión que active las medidas pertinentes para reparar “los derechos vulnerados de la víctima y de sus padres” y en consecuencia, se ordene “la reanudación del proceso judicial”, y “la reparación económica a favor de los familiares de la víctima Flavia Verónica Schiavo, sus padres Luis Horacio Schiavo y Elida Corazza de Schiavo”, por los montos que la CIDH estime pertinentes dados “los padecimientos, privaciones y perjuicios sufridos”. Como es sabido, Elida murió sin ver justicia en la causa de su hija.

Sin respuesta

Para tomar la decisión de admitir o no el caso, el organismo no puede limitarse a considerar los argumentos de los denunciantes: por eso le pidió insistentemente al Estado argentino que se expidiera, pero eso nunca ocurrió, ni con el gobierno anterior ni con el actual.

El asesinato de Flavia Schiavo, ocurrido en Concepción del Uruguay en 1999, es uno de los crímenes más horrendos de la historia entrerriana, y lleva más de 20 años de impunidad, hasta ahora garantizada por la justicia entrerriana, tras dos juicios en los que absolvieron a todos los acusados. Escalante insiste en que con una valoración adecuada de las pruebas, las personas oportunamente acusadas deberían estar presas.

Quedan muchos interrogantes: ¿las partes aceptarán la mediación ofrecida por la CIDH, o se impondrá el temor de la familia de que se convierta en una nueva dilación? ¿Se reabrirá el caso en la justicia argentina y entrerriana? ¿La CIDH impondrá a la Corte Suprema que revea su fallo anterior y ordene una nueva investigación, o en todo caso un nuevo fallo acorde a lo que revelan los elementos probatorios disponibles? ¿O la Corte Suprema argentina insistirá en sus últimas decisiones respecto de que los fallos de los organismos internacionales como la Corte o la Comisión Interamericana no deben ser considerados vinculantes? ¿Existe aún la posibilidad de que la justicia entrerriana se vea obligada a hacer lo que no hizo hasta ahora? ¿Se investigará la responsabilidad de los funcionarios judiciales entrerrianos que permitieron la impunidad, como la jueza Cristina Calveyra o el fiscal Diego Young?

Solamente el tiempo irá dando respuestas a estas preguntas. Por ahora, la decisión de la CIDH reabre la expectativa y la esperanza de que Flavia pueda descansar en paz.

Fuente: El Miércoles Digital