De ANÁLISIS

Se reanudó el debate con el testimonio del exsecretario de Justicia, Rubén Virué. Su domicilio particular fue fijado por la empresa “El Juego en que andamos”, de Gerardo Caruso, para poder contratar con el Gobierno. También testimonió María Luciana Rodríguez, que refirió al resguardo de páginas web que hizo el Ministerio Público Fiscal a través de un perito. Declaró el amigo de Mauro Urribarri y exsecretario de Turismo de la provincia, Alfredo Bedriñan. Por último pasó el exfiscal N°2 de Cuentas, del Tribunal de Cuentas, Ricardo Genolet, y se expresó sobre la autorización para la difusión de los cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur.   

"Alguien de la Policía informó a mis adversarios políticos para que hagan una operatoria de prensa”

Rubén Virué fue secretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Actualmente es asesor de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, según contó este lunes.

El exfuncionario provincial se mostró agobiado por su situación familiar y personal en el marco del juicio. Recordó que su domicilio particular, en Larroque -donde reside-, fue declarado por la empresa de Gerardo Caruso, “El Juego en que andamos”, para poder contratar con el Gobierno provincial. Se enteró cuando una comisión policial llegó a su vivienda y estudio particular. Contó que vivió momentos difíciles. Restó gravedad a la cuestión. Dijo que su hijo es periodista y trabajaba con Caruso en Fútbol para Todos, por lo cual seguramente ofreció la dirección postal en Entre Ríos para la empresa.  

“‘El Juego en que andamos’ la conocí por publicidad, cuando surgió a través de los medios por el Parador de Mar del Plata. Luego tuve referencia porque una tarde, cerca de las 19, estaba en mi estudio y  llegaron policías de la Comisaría de Larroque. De modo muy discreto me dijeron que había llegado un oficio del Ministerio Público Fiscal de Paraná para averiguar quién vivía en Las Heras 207. Como uno conoce los avatares de la política, conociendo la situación llamé a un escribano público y le pedí que constate que había mandado un mail informando el procedimiento en mi estudio. Y que tanto yo como mi familia estábamos a disposición del MPF para lo que corresponda”, relató. “Luego de ello participé de la entrevista en la investigación penal preparatoria”.

Virué contó que conoció a Gerardo Caruso en una oportunidad, en 2012 o 2013, dado que el empresario viajó en compañía de su hijo a Gualeguaychú. “Mi hijo que es periodista deportivo y trabajaba bajo las órdenes de Caruso, me pidió si podía conseguir entradas al carnaval para su jefe. El lunes llevé a mi hijo al lugar donde se alojaba Caruso, porque mi hijo iría con él a Buenos Aires. Ahí lo conocí, fue la única vez que tuve contacto con él”, acotó.

Sobre el episodio que lo llevó a declarar frente al Tribunal de Juicios y Apelaciones, el exsecretario de Justicia aclaró que seguramente su hijo le habría comentado sobre la necesidad de Caruso para generar un domicilio en la provincia pero cree no haberle dado importancia. “Evidentemente por lo que ocurrió y la constatación que se hizo, y a partir de lo que pude verificar y vi a través de los medios -incluso hasta el contrato que celebró la provincia con esta sociedad que tenía domicilio en capital y seguramente le pidieron constitución de domicilio en la provincia-, y a partir del contacto con mi hijo seguramente surgió este. Después mi hijo me comentó que algo hablaron. El tema de la constitución de un domicilio no es algo que me resulte extraño. Uno da el domicilio, no es extraño, no puede suponer que tenga una finalidad ajena a una cuestión normal”.

“Sí es cierto que me generó una molestia importante, porque ante estas situaciones aparecen las miserias de la política. Al otro día que la policía fue a mi estudio, antes de las 9 estaba en tribunales de Gualeguaychú y en eso me llamó mi esposa diciendo que los medios locales estaban publicando que iban a allanar mi domicilio”, lamentó.

Más adelante, ante las preguntas del defensor Emilio Fouces abogado de Gerardo Caruso, Virué subrayó que su hijo tiene una “relación cordial con Caruso, de respeto”. “Existía la necesidad de momento de constituir un domicilio. Mi hijo después se sintió un poco culpable de la situación. Está bien, uno sabe que es funcionario y está expuesto a la denuncia porque maneja fondos públicos, la denuncia puede tener fondos valederos o ser una maniobra. Nunca tuve un problema y me toca ahora, de costeleta un problema que no tenía nada que ver. Tengo la certeza que alguien de la Policía, le informó inmediatamente a mis adversarios políticos del PJ de Larroque, para que hagan la operatoria de prensa destinada a decir que iban a allanar mi domicilio y yo tenía algo que ver con este tema”.

De campaña

María Luciana Rodríguez es abogada y empleada del Poder Judicial. Dijo que trabaja en el Juzgado de Transición y salió de testigo cuando un perito informático resguardó información publicada en distintas páginas web, de interés en uno de las causas investigadas. La mujer refirió puntualmente a información colectada en el marco de lo que se conoce como “sueño entrerriano”.   

Contó que un ingeniero informático del Ministerio Público Fiscal “estuvo bajando información de páginas web, notas periodísticas, videos y fotografías. Había páginas de Facebook, de Twitter, fotografías y videos relacionados a la campaña del exgobernador Sergio Urribarri como presidente”.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull le fue mostrando a la testigo lo colectado en esa oportunidad. Rodríguez debió leer fragmentos de notas periodísticas en que se hablaba de la precandidatura de Urribarri; el visto bueno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la competencia preelectoral; y la confirmación del propio Urribarri sobre la carrera en la que se inscribió. Sobre esa acusación, los defensores niegan la precandidatura del exgobernador. Sostienen en 2014 no había ninguna campaña proselitista en el país.  

“Sí, voy a ser candidato presidencial”, pronunció la mujer mientras en la pantalla del salón se observaba una nota de Página/12, del 17 de febrero de 2014. “Sergio Urribarri confirma su intención de competir en las PASO del Frente para la Victoria en 2015”, leyó de la volanta.

Del mismo modo fueron pasando varias publicaciones más, con un criterio cronológico. El 10 de septiembre de 2014, Télam tituló: “Urribarri recibió el apoyo de sindicatos y Julio De Vido para su precandidatura presidencial”. De esa pieza, la testigo leyó: “Respecto de las elecciones dijo que como candidato va a respetar a los compañeros. El acto realizado en el micro estadio de Ferro fue organizado por el movimiento sindical ‘Urribarri presidente’, conformado por 30 sindicatos. El titular del Poder Legislativo, destacó que Urribarri haya elegido lanzar su candidatura con el movimiento obrero”.

También se le mostró una publicación sobre el gasto de difusión de la solicitada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”. “Se puso el eje en la necesidad del mandatario a nivel nacional ante los resultados adversos de encuestas. Ahora se sabe en definitiva de una campaña que le está costando caro a los entrerrianos”.

 Los defensores le preguntaron sobre la selección de información que mostraron en la audiencia, si estuvo a cargo de ella, de los fiscales o del perito.

–Cuando llegó al Gabinete informático ¿estaban preseleccionadas las páginas webs que se iban a volcar? –preguntó el defensor Miguel Cullen.  

–Tengo entendido que sí. Lo que me dijeron que me iban a mostrar era un período de tiempo –contestó la testigo.

–¿Quién seleccionó qué páginas se iban a bajar? –repreguntó el abogado.

–Lo iban decidiendo y eligiendo los fiscales –respondió Rodríguez.

–¿Recuerda cómo se hacían la búsqueda?

–Iban entrando a distintas páginas, iban seleccionando por año.

–¿Recuerda el criterio de búsqueda?

–No. No sabría decir quién decidía con qué palabra buscar.

Tras el interrogatorio de Cullen, la fiscal Patricia Yedro le preguntó a la mujer si fue testigo de la selección o testigo del resguardo de la de información. Contestó por la segunda opción.

El amigo de la familia Urribarri

Alfredo Bedriñán debió testificar por su rol como secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, cuando se instaló el parador playero en Mar del Plata.

Es amigo de los hijos del exgobernador Sergio Urribarri y así lo aclaró este lunes. De hecho, hace unos años atrás, en 2016, el sitio Diario Redes de Noticias publicó que la propiedad de Bedriñán está construida al lado de la vivienda de Mauro Urribarri. A su vez, esta última linda con la del jugador de fútbol Bruno Urribarri y, seguido a esta construcción se levanta la de Nicolás Pierini prosecretario de la Cámara de Diputados.

Bedriñán trabajó en tribunales, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estuvo seis meses como coordinador de la Subsecretaría de Juventud de la provincia. Después fue nombrado al frente de la Dirección de Turismo Social. En noviembre de 2013 fue nombrado secretario de Turismo de Entre Ríos hasta diciembre de 2015 y, desde entonces hasta octubre de 2017 fue secretario coordinador del Ministerio de Gobierno. Actualmente, es empleado de planta de la Cámara de Diputados de la provincia. Es oriundo de Concordia, pero dijo que vive en Paraná desde chico.

Sobre la instalación del parador playero en Mar del Plata, el empleado de Diputados dijo que fue una decisión con el exministro de Turismo, Hugo Marsó, imputado en el proceso. Ensalzó la política de turismo desplegada en la etapa kirchnerista en la provincia y la Nación. “En ese momento había una política activa del gobierno provincial y nacional en generar turismo interno”, dijo.

Contó que la instalación del parador se dio en el marco de un convenio firmado por Entre Ríos y el Concejo Deliberante de Mar del Plata. “El objetivo del parador era captar turistas en un mes de verano que pasó un millón y medio de personas”. Reconoció que ese convenio fue celebrado en 2013 pero recién e enero de 2015 se usó. Negó que enero de 2015 haya sido época de campaña proselitista. “En mi opinión el parador fue un éxito”, remarcó en varios tramos de su testimonio.  

Declaró que como secretario de Turismo de la provincia tuvo dos intervenciones. “La primera tuvo que ver con la certificación de la mejor oferta, y la segunda con la certificación del cumplimiento de lo que estaba en el pliego de contratación. El parador fue un éxito, lleno de gente y familias. Estuvo el grupo Miranda, Los Totora, entre otros”.

Uno de los puntos más discutidos de su testimonio fue la marca de gestión, es decir la palabra Urribarri en el parador. Bedriñán reconoció que si bien plasmar la marca de gestión no estaba en el pliego de contratación, es “de usos y costumbres”. “Lo más importante de sello de gestión es el Entre Ríos, siempre sobresale, pero también decía Gobernación Urribarri, el sello de gestión que es de usos y costumbres”, subrayó.  

“El fin del parador se cumplió con creces. Lo que se plantea en un pliego a veces puede distar de lo que después pasa en la realidad, es algo que pasa en una promoción de esa magnitud.  Eso no hace a la cuestión de la licitación, del objetivo”, dijo más adelante.

Me comuniqué con el ministro y le dije que la cara del gobernador no podía estar ahí. eso no estuvo nunca, se sacó, no estuvo mientras funcionó el parador. Cuando armaron la colocaron.

–¿Tuvo conocimiento de que en el parador apareciera una gigantografía y de quién se trataba? –preguntó Ramírez Montrull.

–Desde el día que se inauguró hasta que se terminó no. Lo que sucedió previamente, estaba viajando a Mar del Plata el día anterir y había un par de colaboradores del Ministerio y me enviaron algunas imágenes de cómo iba quedando. Y me enviaron unas fotos donde se veía una gigantografía con la cara del exgobernador Urribarri. Automáticamente me comunico con el ministro y le digo que eso no podía estar ahí, porque sobresalía a la marca de Entre Ríos. Eso no estuvo nunca.

Las palmeras del parador fue otro punto controvertido. “En el parador hubo palmeras naturales. Se generó un revuelo mediático con eso porque decían que habían sido sacadas del palmar. Pero son especies distintas, las del palmar son Yatay y las que hubo en el parador eran Pindó. Me dijo Caruso que eran compradas en un vivero, no recuerdo si en Corrientes. Eran como diez palmeras. Obvio que buscaban simular las palmeras del Palmar de Colón, y quedaban lindas. No estaban en el pliego de contratación. Del mismo modo que se excedieron en la cantidad de espectáculos pautados. No es exactamente igual lo que hay en los pliegos. En mi opinión fue tremendamente exitoso el parador. Y el comentario era que estaba bueno el parador de Entre Ríos. Y eso se ve en las imágenes”, afirmó.

La venia para difundir los spots

El último en declarar fue Ricardo Alberto Genolet, por su rol de fiscal del Tribunal de Cuentas. Su declaración fue en el mismo sentido que lo hizo la exasesora legal del organismo de control.  

“Días previos a la Cumbre del Mercosur ingresó al TdC una consulta que provenía del coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, impulsada por el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Puntualmente se solicitaba, en breves párrafos, opinar sobre la difusión de los spots publicitarios, si eso encuadraba en la ley que se dictó para realizar la Cumbre”, contó.  

Recordó un “expediente de pocas hojas, acompañado por el texto de la ley. Cuando ingresó a Fiscalía venía del despacho de asesora jurídica –Vinagre-. La consulta se hizo en el marco de la ley que habilita a los funcionarios para hacer ese tipo de consultas”. “La nota decía que el Ministerio había elaborado los spots y se pedía al coordinador que los difunda. No se especificaba dónde se iban a difundir. Es usual que se difundan en los eventos, a posteriori nos enteramos que difusión era televisiva a nivel nacional. La consulta fue a modo de asesoramiento, no era necesario plasmar el monto de dinero”.

Genolet dijo que el control posterior no se concluyó debido al proceso judicial. Sostuvo que el pago de la difusión fue en partes. Y que cuando comenzaron el control posterior pudieron observar que Fiscalía de estado y Contaduría General también habían opinado como el Tribunal de Cuentas. Aclaró por último que los organismos de control hacen contralor de la legalidad de “todos los actos jurídicos de Estado provincial”. “La ley no fue objetada, goza de vigencia y hasta donde conozco tampoco se declaró inconstitucionalidad. Cualquier juez podría haberla declarado inconstitucional y eso no ocurrió”.