En el medio de las discusiones sobre las jubilaciones especiales, el diputado nacional Nicolás Del Caño introdujo un dato que pone en manifiesto que algunos privilegios siguen siendo sostenidos por el Estado a pesar del intento de modificar el régimen jubilatorio de los judiciales y diplomáticos. 

Se trata de las jubilaciones de los arzobispos y obispos, jerarcas de la Iglesia Católica, quienes perciben una jubilación superior a $100.000 por mes gracias a un decreto del genocida Jorge Rafael Videla. El decreto Nº 21.540 fue promulgado en marzo de 1977 y en sus primeros artículos ordena al Estado a pagar con fondos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional "una asignación mensual vitalicia" a quienes integran la jerarquía eclesiástica que se hayan jubilado por "razones de edad o invalidez". 

En el caso de “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados del culto católico, apostólico, romano y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas” esa jubilación equivale, según el decreto de los genocidas aún vigente, al 70% de lo que cobra un “juez nacional de primera instancia”. En el caso de “obispos auxiliares de arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados”, de “pro-vicario castrense para las Fuerzas Armadas con dignidad episcopal” y “obispos auxiliares para las Fuerzas Armadas”, cobran el equivalente al 60% de esos mismos salarios judiciales.

Cabe recordar que dicho decreto surgió en el marco de una alianza entre la cúpula de la Iglesia Católica con los militares genocidas, cuyo trabajo articulado permitieron los secuestros ilegales, las torturas, asesinato y desaparición de las 30.000 personas víctimas del Terrorismo de Estado que comenzó en 1976. 

Además, mantiene vigente el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica a pesar de que no todos los argentinos adhieren a dicho credo. 

El decreto no fue derogado por ninguno de los gobiernos de la democracia.