Por JCB - de ANÁLISIS
La jueza Federal Lilia Carnero comunicó este miércoles su decisión de condenar a 14 de los 21 imputados en el juicio por el vaciamiento fraudulento de la empresa Waigel. El resto de los imputados tuvieron su absolución o lograron la suspensión del juicio a prueba.
Lo hizo tras un proceso oral y público que duró 3 meses. Se investigaron los delitos de insolvencia y quiebra fraudulenta.
Además, resolvió dictar la prisión preventiva -bajo modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme- de una de las ramas familiares, encabezada por Artemio Waigel. De ese modo, el propio jefe familiar y de sus hijas Nanci, Maricel y Miguel Waigel deberán fijar un domicilio para comenzar a purgar su prisión.
Se trató de una de las investigaciones más importantes de la historia de la provincia en lo que hace al delito de estafas. Principalmente, por la magnitud del patrimonio desviado a través de testaferros y transferencias, como así también la cantidad de acreedores que la firma crespense defraudó.
Fueron más de 1.000 las personas físicas y jurídicas que sufrieron las maniobras intencionales de Waigel, entre los cuales se encontraba la AFIP, cuyos abogados actuaron como querellantes en la causa. El órgano tributario denunció por evasión a la empresa en 2010. Esto derivó en un proceso judicial que tuvo su capítulo en la Justicia ordinaria, pero luego todo pasó a la Justicia Federal.
Pero la condena también resultó histórica. No hay antecedentes en la provincia -y casi no los hay en el país- en lo que hace a una pena de cumplimiento efectivo cuándo los delitos son de índole económico.
Además, el decomiso de los elementos más emblemáticos de la causa también marca un hito. El Estado ordenó el secuestro y posterior derivación al Juzgado Civil y Comercial N°9 -que tramita la quiebra de la firma- de los cuatro autos de alta gama que poseían los Waigel: un Porsche 911, un Dodge Viper, un BMW 130 y un Chevrolet Camaro.
También se decomisó una hormigonera móvil que intentaron esconder durante la investigación y los 12 camiones que la firma tiene en el Parque Industrial de Crespo. Será la AFIP la que se encargue de esa tramitación.
Cabe recordar que el grupo empresarial se dedicaba a varios rubros que van desde la construcción hasta maniobras financieras con el dinero de los vecinos de Crespo que confiaban en una familia tradicional de dicha localidad.
La diferencia en las penas resueltas por la Justicia tienen que ver con que la firma fue comandada durante un tiempo por ambas ramas de la familia, una liderada por Artemio y la otra por su hermano Fermín Waigel. En 2009, los dos grupos familiares separaron la administración de la firma y repartieron sus bienes.
La mayor cantidad de maniobras delictivas se realizaron con posterioridad a la separación de ambas ramas familiares, cuando la firma que realizó el fraude quedó en manos de Artemio.
Desde la Fiscalía a cargo de José Candioti, Leandro Ardoy y Juan Podaíni se mostraron satisfechos por lo resuelto por Carnero. De igual manera lo tomaron desde la querella que representó legalmente a la AFIP.
Se tratan de condenas por el delito de insolvencia fraudulenta en concurso ideal con el delito de quiebra fraudulenta. Es decir, los empresarios simularon el vaciamiento con traspasos de bienes y testaferros con el fin de ser insolvente ante el pago de los más de 1.000 acreedores, muchos ciudadanos de Crespo y extrabajadores de la firma.
La jueza Carnero explicó que la diferencia en las penas contra quienes eran integrantes de la empresa y quienes prestaron su nombre para adquirir bienes del vaciamiento se debe al rol que le asignó en la comisión del delito. Mientras unos son coautores del hecho o partícipe necesario, otros fueron considerados partícipes secundarios.
Por su parte, 3 imputados fueron desligados de la causa -sobre los cuales no hubo acusación de los fiscales- y otros 4 podrán desligarse si cumplen con una serie de conductas previstas en la suspensión del juicio a prueba.
Absueltos en la causa: Vicente Raúl Mendoza, Sonia Milesi y Daniel Goró. Sobre ellos, no recayó acusación del Ministerio Público Fiscal ni de la querella ya que entendieron que desconocían el fondo de las maniobras y que su vulnerabilidad los expuso a cumplir con lo reclamado por los Waigel.
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