Una fuerte reacción del mundo cultural y político se generó en las últimas horas tras conocerse el avance del Gobierno nacional sobre la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), un organismo con más de 150 años de historia al servicio de la democratización del acceso a la lectura en todo el país. El reciente decreto 345/2025, sumado a disposiciones previas incluidas en el DNU 70/2023, propone una reforma estructural que deja a la CONABIP sin autonomía institucional ni financiera, centralizando sus funciones en la órbita directa de la Secretaría de Cultura.

Frente a este escenario, exministros y exsecretarios de Cultura de distintas gestiones y signos políticos elevaron una declaración conjunta al Congreso, exigiendo el rechazo inmediato del decreto por considerarlo "un daño irreparable a la cultura nacional y federal". La gravedad del tema logró una postura unificada entre figuras históricamente enfrentadas. La lista incluye nombres como Pacho O'Donnell, Teresa Parodi, Rubén Stella, Pablo Avelluto y Tristán Bauer, y expresidentes de la propia CONABIP, todos ellos alertando sobre la pérdida de un pilar clave para la promoción cultural en las provincias y localidades más alejadas del país.

Los puntos críticos del decreto no son menores, ya que, por un lado, se elimina la representación provincial dentro de la estructura de decisión del organismo, desmantelando su carácter federal. Por otro, se anula su autonomía financiera y operativa, delegando la gestión total del Fondo Especial para Bibliotecas Populares en la Secretaría de Cultura. Este fondo fue ratificado por amplia mayoría en el Congreso en 2022, mediante la continuidad de la Ley 23.351 que garantiza los recursos específicos para el sostenimiento de las bibliotecas populares. La nueva normativa desconoce de hecho ese marco legal.

Los firmantes del comunicado señalan que la CONABIP fue reconocida durante décadas por su eficiencia y legitimidad, con un sistema de administración plural y federal que ha logrado sostener más de 1.300 bibliotecas activas en todo el territorio nacional. Por eso, la preocupación va más allá del plano simbólico, debido a que el vaciamiento institucional que implicaría esta reforma compromete directamente los fondos que hoy permiten el funcionamiento cotidiano de cientos de bibliotecas que son la única puerta de acceso a la lectura, el arte y el conocimiento en muchos pueblos y barrios.

El debate también involucra la figura de Raúl Escándar, actual presidente del organismo desde febrero de 2024. Bibliotecario de profesión, Escándar evitó pronunciarse públicamente sobre el decreto, lo que le produjo duras críticas desde diversos sectores del ámbito bibliotecario. Algunos señalan que su rol debería haber sido el de defender con mayor firmeza el legado de una institución histórica que, desde su fundación en 1870 por Domingo Faustino Sarmiento, sostiene la consigna de una cultura accesible, democrática y federal.

La situación recuerda otros momentos complejos vividos por instituciones del sector, como ocurrió años atrás con la Biblioteca Nacional, bajo gestiones que también enfrentaron decisiones de ajuste y desfinanciamiento sin encontrar una defensa sólida por parte de sus autoridades. La fragilidad estructural que hoy atraviesa a la CONABIP, según los especialistas, puede derivar en un retroceso institucional difícil de revertir. En este marco, numerosas redes de bibliotecas, trabajadores de la cultura y usuarios de todo el país comenzaron a expresar su rechazo en redes sociales y a través de campañas públicas. La consigna central es preservar la independencia y el funcionamiento federal de la CONABIP, no es una cuestión ideológica, sino una necesidad urgente para garantizar el derecho al acceso igualitario a la cultura en todo el país. Y para eso, exigen que el Parlamento actúe con rapidez y responsabilidad. "No se trata solo de libros, se trata de defender un modelo de país donde el conocimiento y la participación no estén sujetos a los vaivenes de cada gobierno", señalan desde la Red Nacional de Bibliotecas Populares.