El jefe de la UIF había asegurado que los medios podrían ser acusados de "aterrorizar a la población" en caso de difundir noticias que puedan provocar un retiro masivo de depósitos. "La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado ", dijo.
Randazzo ahondó la desmentida de Sbattella: "La ley (antiterrorista) es precisa y contundente respecto del ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información. Mucho menos puede decirse que esto está vinculado a la protesta social", argumentó."En este país cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de cortapisas”, reiteró en declaraciones reproducidas por La Nación.
El ministro aludió así al corazón de las críticas opositoras a la nueva ley. Legisladores de distintos bloques advirtieron durante el debate parlamentario que la amplitud con la que está planteado el nuevo tipo penal referido a actos terroristas le abre las puertas a una interpretación discrecional por parte de los jueces y podría derivar en la criminalización de la protesta social por parte del gobierno.