El nuevo sistema de estacionamiento en Paraná implicará el pago mediante aplicaciones móviles y plataformas digitales.
Lo que comenzó como un sistema de parquímetros físicos o cospeles en las grandes ciudades evolucionó en la última década hacia plataformas 100% digitales, con apps y pagos electrónicos. Una alianza entre las empresas ePagos y SEM gestiona actualmente más de 80 mil plazas en más de 60 municipios a lo largo y a lo ancho del país. En este informe periodístico, un detallado repaso por los principales lugares de Argentina que cuentan con el sistema.
-Ciudad de Buenos Aires. CABA es el caso de referencia histórica. El sistema funcionó durante décadas con parquímetros y cospeles en barrios céntricos como San Nicolás, Retiro, Recoleta, Balvanera, Monserrat y San Telmo. En junio de 2022 empezó a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido enteramente digital, eliminando los parquímetros y los cospeles, que fueron reemplazados por la aplicación Blinkay y por comercios adheridos. El sistema abarca actualmente 8.152 espacios tarifados, con la posibilidad de expandirse hasta 80.000 lugares según lo autorizado por la Legislatura porteña, aunque esa ampliación aún no fue implementada. Funciona de lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 8 a 13, y es gratuito los domingos y feriados. La tarifa es progresiva: la primera hora cuesta $700 y se incrementa un 30% por cada hora adicional hasta la cuarta, para desalentar el estacionamiento prolongado. A partir de mayo de 2025, se incorporó Puerto Madero con 3.695 nuevos espacios. El objetivo oficial es mejorar el ordenamiento vial y desincentivar el estacionamiento prolongado de visitantes. Los residentes de zonas tarifadas tienen derecho a estacionamiento gratuito en un radio de 300 metros de su domicilio, mediante trámite previo.
-Córdoba. Desde diciembre de 2017 rige un sistema de estacionamiento medido en el centro de Córdoba, administrado por Movypark, en el polígono comprendido entre la Av. Marcelo T. de Alvear, la Av. Ramón Mestre Sur (Costanera), la Av. Santa Fe/Misiones, Duarte Quirós, Mariano Moreno y Bv. San Juan. El sistema funciona de lunes a viernes de 7 a 21 hs. y los sábados de 7 a 14 hs. En 2021, la Municipalidad profundizó el modelo. La app SEMM fue desarrollada por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba a solicitud del municipio, con capacidades de gestión de zonas, mapa de estacionamiento, control de patentes y gestión de infracciones. Un dato notable en Córdoba es la integración de cooperativas de trabajadores vulnerables. En el sistema municipal, personas inscriptas en siete cooperativas utilizan chalecos naranjas con identificación y cobran el valor de la hora del estacionamiento medido, actuando como controladores del sistema. Municipalidad de Córdoba.
-Rosario. Cuenta con uno de los sistemas más desarrollados del interior. El estacionamiento medido está concesionado a la empresa Tránsito Rosario SA y tiene como objetivo principal promover la rotación de vehículos en los espacios de alta demanda. Cadena 3 Argentina Funciona en el área céntrica entre las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río, dividida en tres zonas con tarifas diferenciadas y progresivas. Un reciente rediseño del sistema aprobado por el Concejo elimina los parquímetros y da paso a una aplicación con tecnología e inteligencia artificial, y modifica horarios: el nuevo esquema es de 8 a 19 hs.
-Mendoza. Es probablemente el caso más documentado en cuanto a transformación del sistema y tratamiento de la cuestión de los trapitos. La ciudad venía usando durante años el sistema de “tarjeteros” —personas que compraban y vendían crédito de estacionamiento—, pero en 2018 dio un salto decisivo. El Concejo Deliberante de Mendoza aprobó en abril de 2018 una ordenanza que prohíbe que se cobre dinero a quienes estacionen sus vehículos fuera del sistema formal de estacionamiento. A quien infrinja la disposición, las autoridades le exigen que cese su actividad; si no hay respuesta, se procede al desalojo, el decomiso y se aplica una multa con auxilio policial. En caso de persistencia, se formula denuncia penal o contravencional. La digitalización llegó en 2024. Desde el 1 de abril de 2025, el sistema es pago en cinco arterias clave del microcentro. En la primera semana se registraron más de 31.000 usuarios, con un 84% eligiendo el pago electrónico. A un año de implementación, Mendoza cuenta con 81.598 usuarios registrados y 909 plazas de estacionamiento. El 52,4% de los vehículos estaciona durante una hora por sesión. Uno de los servicios mejor valorados es la comunicación en tiempo real entre controladores y automovilistas, que permite avisos sobre luces encendidas, ventanillas abiertas u objetos olvidados.
-Mar del Plata. El estacionamiento medido en Mar del Plata rige de lunes a sábados, salvo feriados y asuetos, en horario de 8 a 20 del 16 de marzo al 15 de diciembre, ampliándose hasta las 23 del 16 de diciembre al 15 de marzo, para acompañar la temporada turística. El sistema opera mediante app y también por compra anticipada en puntos de venta.
El caso Paraná: historia de una asignatura pendiente
En Paraná, el proceso está en marcha y la apertura de ofertas está fijada para el 15 de mayo de 2026. Pero la ciudad carga con un antecedente que la gestión actual reconoció públicamente como una herida en las arcas municipales. El contrato de concesión del sistema de estacionamiento medido en Paraná fue firmado el 29 de abril de 1998, bajo el Decreto N° 158/98, durante la gestión del intendente Sergio Varisco, ya fallecido. El acuerdo fue diagramado y acordado por el hermano del exintendente, Humberto Varisco, siempre ligado a las principales licitaciones del municipio en esa etapa administrativa. De hecho, a través de sus operatorias se instaló Wal Mar (por lo cual hasta se dispuso el cambio de mano de una de las principales calles de la ciudad, para que termine en el supermercado norteamericano) y fue la etapa en la que más inversiones se hicieron en luminaria en Paraná.
Entre las obligaciones contractuales dispuestas por la administración variquista figuraba que la Municipalidad debía suministrar personal idóneo a la adjudicataria —la empresa Dakota S.A.— para la correcta prestación del servicio de inmovilización, remoción, retiro y traslado de vehículos infractores. Esa obligación fue incumplida, según la empresa, desde el comienzo mismo de la relación. Los inspectores de tránsito dependientes de la Municipalidad fueron calificados por la concesionaria como absolutamente inidóneos, y se les atribuyó beligerancia con la empresa, traducida en paros, quites de colaboración y manifestaciones públicas contra el sistema, lo que aparejó niveles de evasión e incumplimientos incompatibles con la ecuación económica financiera tenida en cuenta al ofertar.
El sistema, que en aquellos años funcionaba básicamente con parquímetros y control presencial, nunca alcanzó el rendimiento proyectado. La concesión terminó mal: Dakota S.A. inició un juicio contra el municipio por el incumplimiento contractual, y la resolución judicial terminó siendo desfavorable para las arcas paranaenses. El costo lo pagó una gestión posterior. La intendenta Rosario Romero —actual jefa comunal y esposa del exintendente José Carlos Halle— reconoció expresamente esta historia al anunciar el nuevo llamado licitatorio. Al presentar la nueva licitación, Romero señaló: “Teníamos un viejo sistema con lo que llamábamos el tarjetero que compraba tarjetas, pero ese sistema desapareció; después vino una empresa que prestó el servicio en Paraná que le costó a la ciudad pagar un juicio muy grande”. Ese juicio fue saldado precisamente durante la gestión de Halle.
El interregno: tarjetas, promesas incumplidas y abandono
Tras la experiencia fallida con la concesión, Paraná retrocedió a un sistema de tarjetas vendidas por tarjeteros —los “trapitos” formalizados a medias de la capital entrerriana—. La tarifa quedó congelada en ocho pesos desde la gestión de Varisco, de los cuales cuatro correspondían al Municipio y cuatro al tarjetero: un precio irrisorio que generó abandono progresivo del sistema, falta de rotación vehicular y caos creciente en el microcentro. En marzo de 2017, el propio Varisco —ya en su segunda gestión— convocó a la prensa para anunciar la firma de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de modernizar el sistema mediante una aplicación para celulares. “En dos meses creemos que vamos a tener en funcionamiento el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido”, prometió. Pasaron más de dos años y el convenio nunca se ejecutó. Desde la UNLP manifestaron su enojo: “Nos sentimos usados; tenemos un convenio firmado sin ejecutar. Lo único que tenía que poner el Municipio era una persona a cargo”.
En 2023, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a la cooperativa Renacer de tarjeteros, denunció que la gestión de Adán Bahl “no imprimía tarjetas desde el inicio de su gestión” y que el precio de la hora de estacionamiento llevaba cuatro años sin actualizarse. “La deficiencia en el Sistema de Estacionamiento es responsabilidad del Municipio que no toma la definición política de avanzar en un sistema con tecnología”, concluyó el comunicado. Los propios tarjeteros de Paraná propusieron ante el Concejo Deliberante replicar el modelo de Luján (Buenos Aires), desarrollado por la Universidad de La Plata, donde los trapitos pasaron a ser fiscalizadores del sistema, con sueldo, obra social y participación en la recaudación. “Es muy transparente para ordenar el tránsito”, fundamentaron. Bahl quiso imponer nuevamente un esquema de estacionamiento medido, pero no le dieron los tiempos. No obstante, dejó prácticamente armado un proyecto de sistema y avanzó incluso con algunos empresarios del sector, que hasta se habían comprometido a apoyar su carrera política.
El nuevo intento
La Municipalidad de Paraná lanzó la Licitación Pública N° 44/2026 para otorgar en concesión el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido, con apertura de ofertas prevista para el 15 de mayo de 2026. La concesión abarca la provisión, operación, gestión, administración, control y mantenimiento del sistema, con tecnología de última generación. Se proyectan tres zonas operativas: Zona I (microcentro, aproximadamente 637 dársenas), Zona II (sectores ampliados y corredores comerciales, unas 3.632 dársenas) y Zona III (áreas complementarias). La concesión durará seis años con posibilidad de prórroga.
El pago se realizará mediante aplicaciones móviles y plataformas digitales. La tarifa mínima por hora equivaldrá al 30% del precio de un litro de nafta súper del ACA, actualizable en enero y julio. Quedará prohibido “cobrar cualquier tipo de tarifa o gratificación por estacionar” fuera de las zonas definidas, y la presencia de personas que soliciten dinero por cuidado o vigilancia de vehículos “habilitará la actuación inmediata de la Policía y los organismos municipales de control”.
Hoy hay cerca de 200 personas vinculadas al sistema actual de tarjeteros, con una expectativa generada desde el Ejecutivo de que sean incorporadas al nuevo esquema. El pliego prevé puntuar mejor a las empresas que propongan su integración, aunque sin hacerlo obligatorio. La oposición señaló que “las decisiones empresariales no se toman en base a expectativas, sino en función de costos, eficiencia y viabilidad operativa”.
El antecedente de Dakota S.A. no es un dato menor. La historia de Paraná con el estacionamiento medido es la historia de un servicio que fracasó por incumplimiento del propio Municipio, que prometió modernizarse y no lo hizo, y que dejó durante décadas a cientos de trabajadores informales en un limbo institucional. La nueva licitación enfrenta el desafío de romper ese ciclo: diseñar un pliego sólido que no repita los errores contractuales de 1998 y que garantice tanto el ordenamiento vial como la transición digna de quienes hicieron del tarjeteo su sustento. La apertura del 15 de mayo dirá si esta vez la ciudad está en condiciones de hacerlo bien.
En el resto del interior
En una primera etapa de la red SEM/ePagos, las municipalidades incorporadas incluyeron La Matanza, Azul, Junín y Marcos Paz en Buenos Aires; Santa Rosa en La Pampa; San Carlos de Bariloche y General Roca en Río Negro; y Río Gallegos en Santa Cruz. San Francisco (Córdoba) también tiene su propio sistema consolidado con playas de estacionamiento incluidas.
En toda ciudad donde se implementó el estacionamiento medido, apareció la misma tensión: qué hacer con quienes habían hecho del cuidado informal de automóviles su única fuente de subsistencia. El modelo Mendoza fue el más referenciado. Un censo realizado en diciembre de 2017 arrojó un total de 237 trapitos en la Ciudad de Mendoza. De ese total, 193 fueron entrevistados para el programa de reinserción y capacitación laboral. Ingresaron 71 al estacionamiento medido formal, otras 86 personas realizaron entrevistas laborales, de las cuales 20 ya habían sido contratadas por empresas privadas, y los restantes se capacitaron en oficios de jardinería y albañilería.
Quince empresas se sumaron al programa, entre ellas Francesco Ristorante, Calzetta, Zitto, Cartelería Amuch, Santa Elena, Corporación del Sur, Capsa y Dafre Constructora. El municipio pagó parte del salario a las empresas que aceptaron contratar a ex trapitos. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de críticas. Desde sectores sindicales se señaló que la incorporación al estacionamiento medido no significaba inserción laboral en sentido pleno, ya que quienes se desempeñaban en ese trabajo no contaban con obra social, aportes jubilatorios, licencias por enfermedad, aguinaldo, vacaciones ni ART. Además, la exigencia de certificado de buena conducta para ingresar fue denunciada como discriminatoria.
El conflicto más resonante fue en Quilmes (Buenos Aires). En diciembre de 2025, la implementación del estacionamiento medido desató una crisis política y social de alto voltaje. Un grupo de trapitos ingresó por la fuerza al playón de estacionamiento del edificio municipal y atacó con piedras a los efectivos policiales, que reprimieron con gases lacrimógenos. El conflicto involucró a la intendenta Mayra Mendoza y al dirigente social Juan Grabois, que criticó duramente la medida. Finalmente se aprobó la ordenanza, que convoca a licitación pública para gestionar el SEMM con la novedad de que las personas que desarrollaban la tarea informalmente serían incorporadas formalmente, con acceso a aportes jubilatorios y obra social.
En Santa Fe, el Senado de dicha provincia dio media sanción en marzo de 2026 a un proyecto que modifica el Código de Convivencia y prohíbe la actividad de cuidacoches. La reforma introduce sanciones escalonadas: trabajo comunitario de 2 a 10 días para la primera infracción y arresto de 10 a 20 días para reincidentes. Las penas se agravan cuando hay violencia o amenazas, en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de eventos masivos o cuando se aprovechan situaciones de vulnerabilidad. El proyecto contempla la creación de un programa de reinserción laboral al que los trapitos podrán acceder voluntariamente: la Provincia cubriría el 60% del salario de quienes sean contratados por empresas privadas. También se impulsaría un Portal de Intermediación Laboral y cursos de capacitación en oficios. Desde el sector de los cuidacoches, la iniciativa generó fuerte rechazo. El Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario confirmó que trabaja en la presentación de un recurso de amparo para intentar frenar la prohibición y obtener reconocimiento institucional.
Un grupo de trabajadores de La Plata creó el primer sindicato de trapitos de Argentina, con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP), impulsado por Fabián Giannotta. La entidad busca obtener personería jurídica, aunque la ordenanza municipal 9.127 prohíbe la actividad. No obstante, el modelo de Luján (Buenos Aires) es el más citado como ejemplo de integración exitosa: allí los trapitos pasaron a ser fiscalizadores formales del sistema de estacionamiento medido, organizados en una cooperativa, con sueldo, obra social y reparto de la recaudación. Es el modelo que los tarjeteros de Paraná propusieron replicar.
Balance y conclusiones
Los resultados del estacionamiento medido en Argentina son consistentes donde se implementó bien: mayor rotación vehicular, reducción del caos en zonas céntricas, ingresos municipales, y —en los casos con aplicación digital— alta adhesión ciudadana. Mendoza con 80.000 usuarios activos y Rosario con su sistema de tres zonas son referencias claras. El problema de fondo es social. Para centenares de familias en ciudades de todo el país, cuidar coches estacionados en la vía pública representa una fuente indispensable de ingresos. Con un tercio de la población sumida en la pobreza y enormes franjas de personas condenadas a sobrevivir fuera del sistema de trabajo registrado, no parecen existir demasiadas alternativas.
Los modelos más exitosos fueron aquellos que combinaron la formalización del estacionamiento medido con programas concretos de reinserción: censo previo de las personas afectadas, subsidio salarial a empresas que las contraten, capacitación en oficios, y en los mejores casos —como Luján o el SEMM de Quilmes— incorporación directa al sistema como controladores con cobertura social. Los más conflictivos fueron aquellos que implementaron la prohibición sin acompañamiento social real, o donde la discusión política dejó en segundo plano la vulnerabilidad de quienes dependían de esa actividad para sobrevivir.
La tensión entre el derecho al espacio público y la subsistencia de sectores informales sigue sin resolverse de manera uniforme en el país, y continuará siendo un nudo central en cada nueva ciudad que avance hacia el estacionamiento medido.
