El procurador García dijo que si el cura Ilarraz reconoce los abusos cometidos en el Seminario de Paraná “podrá evitar el juicio oral y público”

De ANÁLISIS DIGITAL

A horas de que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, de su discurso en la que inaugurará el año judicial 2015, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctor Jorge García, realizó un balance del funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal y la ventajas de los juicios abreviados en la provincia. También se refirió a las casusa por abuso reiterado, del cura Justo José Ilarraz, y a la del ex director de Cultura de la municipalidad de Urdinarrain, Javier Broggi. “Desde el 2009 hemos ido avanzando en las distintas jurisdicciones y el año pasado lo terminamos de aplicar en toda la provincia con la jurisdicción en Paraná”, expresó García al programa Fuera de Juego (canal 4 Somos Gualeguaychú) al referirse a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la justicia entrerriana.

“Tengo un juicio bastante positivo con todo el proceso, al ser muy complejo, dificultoso en la que se fue dando una transformación cultural muy importante y lo vemos con los juicios de transición. Un ejemplo de ello es el juicio de ATER (Administración Tributaria de Entre Ríos). Si tuviésemos el defalco de ATER en el sistema nuevo, quizás estaríamos trabajando con cuatro o cinco fiscales y las indagatorias se harían más rápido al concretarse entre diez a veinte por días”, indicó. Dijo además que “tenemos más de 300 indagatorias para hacer, porque la investigación arranca desde el 2004, y todas tienen que hacerse ante el juez de instrucción. Luego, todas estas indagatorias se van a tener que repetir en el juicio oral. Es una locura y el procedimiento es totalmente contrario al criterio de justicia”, agregó. García afirmó además que “lo que hemos demostrado a la gente (con el nuevo código) es que hay criterio de justicia material, que se puede llevar adelante mucho más rápido, cambiando un sistema. Esto es lo más importante porque se puede mostrar a la ciudadanía, que puede haber una decisión político criminal de investigar determinados casos graves, y que los otros casos se deben direccionar a soluciones alternativas como composicionales, mediaciones a prueba, pero debemos llevar todos los instrumentos de la política criminal de la república a los hechos que son más graves”, agregó el hombre fuerte del Poder Judicial.

García destacó que con el nuevo sistema “hemos logrado resolver muchas causas por juicios abreviados”. Manifestó que “en procesos nuevos en donde se toma en flagrancia a uno o dos autores, este proceso da lugar a que se acumulen hechos anteriores que pasaron hace años y se puedan elevar a juicio y ello permita que se haga un juicio abreviado por todos los hechos, y esto es aceptado por el acusado. Lo más importante del juicio abreviado es el reconocimiento del acusado; reconocer que la norma infringida es la que es válida. En términos de símbolo cuando alguien comete un delito le está diciendo a la ley, lo que ustedes dicen en la ley a mi no me interesa. Cuando él reconoce que fue culpable está reconociendo que la infringió y que la ley es válida”, afirmó.

El procurador dejó en claro que no utilizará el sistema de juicios abreviados en la causa por abusos a víctimas del Seminario de Paraná del cura Justo José Ilarraz o en el expediente por sedición de los policías de Concordia en diciembre de 2013, que según adelantó el juicio dará inicio en el mes de abril en los Tribunales de esa ciudad. “Estas son causas en la que vamos a juicio y se produce escenificación dramática y reconstrucción histórica en un hecho de suma gravedad. En este tema si se puede llevar los testigos a juicio, en donde se puede mostrar si los testigos han sido cohesionados o incitado a que mientan”, enfatizó.

En cuanto a los avances concretos de la causa de Ilarraz, el procurador dijo que el sacerdote puede “llegar a confesar y asumir una pena muy grave” y esa sería la única manera de no llevarlo a juicio oral. En este sentido detalló: “Hace muchos años charlábamos este tema con uno de los juristas más importantes del país, Julio Maier, y él decía algo que es cierto: que el juicio oral no es algo grato para el acusado, es un gran sufrimiento para él, porque tiene que estar en el banquillo y exponer su caso ante todo el entorno. Por eso es tan dificultoso el proceso porque es un sufrimiento tanto para las víctimas como para el acusado. Entonces cuando hay un acuerdo entre las partes y esto implica la necesidad del acusado de no querer el juicio, entonces puede decir no importa, confieso pero no quiero verme expuesto al escarnio de todas las familias y de los niños de los cuales abuse durante tantos años. Ese es un dato que el ámbito judicial tiene que entender como criterio de verdad asumida por las partes”, afirmó.

Al ser consultado por si la jueza entendida en la causa, la doctora Paola Firpo, -a cargo del Juzgado de Transición Nº 2- , comete un error a citar a declarar nuevamente a las víctimas del cura Ilarraz, García consideró que “no hemos querido polemizar en este tema. El Juzgado de Transición tiene toda la potestad de volver a citar a las víctimas que han declarado en Fiscalía. Creo que la declaración en fiscalía es suficiente y luego tendrán que declarar en el juicio oral. En este aspecto, nos hemos opuesto, y el Juzgado entendió la situación, que es el riesgo de victimización. Ellos ya han declarado con la defensa presente, para que después no pueda alegar que hay indefensión. Entonces la víctima puede venir y ratificar lo que dijo en Fiscalía. Ahora pretender la defensa, como quiso hacer con la primer víctima y cuestionar su vida privada, su sexualidad o su infancia, es un absurdo y nosotros nos opusimos férreamente con las querellas, porque ello implicaba el riesgo de revictimización. Esto fue rectificado por el Juzgado y enfáticamente dijo que no iba a permitir ninguna pregunta que pudiera poner a la víctima como acusado y al acusado como víctima”, agregó.

Al ser consultado por la situación de la causa por abusos de menores en la que desde el mes de diciembre del 2013 está imputado el ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, destacó los avances del expediente y dio cuenta de la determinación adoptada por el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, de citarlo a indagatoria el viernes., tal como informara anoche ANALISIS DIGITAL. “Es una causa compleja, en la que estuvimos esperando que haya más víctimas y finalmente decidimos avanzar a partir de dos de los testimonios contra el acusado, por abusos reiterados”.

Respecto de las acciones de oficios de fiscales por las denuncias periodísticas de hecho de corrupción en el Estado, García explicó que “hay criterios de selección en el sentido de gravedad de las pruebas. Cuando tenemos elementos fehacientes, se avanza en tal sentido”, remarcó. “Nosotros siempre tratamos de manejar estas cuestiones con los organismos de control, es decir qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas y los demás organismos, con respecto a determinadas cuestiones. Hay varias denuncias que se están investigando vinculadas a hechos concretos que se dieron a conocer por los medios más importantes, pero no cualquier irregularidad que se denuncie por algún sector social es tomado a pies juntillas. Esto se verifica y se consulta con los organismos de control”, indicó luego.

-¿Usted es consciente, porque lo reclamó en distintos juicios, sobre las falencias que siguen existiendo en los distintos organismos de control del Estado? –se le preguntó.

-Lo más importante en esto es que el Poder Judicial no tiene plazos, cuando se tratan de delitos administrativos. Además, el delito de corrupción necesita de la actuación funcional, y generalmente los sectores que están vinculados a la corrupción que es una alianza espuria entre empresarios y la política continúan y recién cuando pierden el poder es cuando aparecen con mayor facilidad las pruebas. Y es por eso que la Justicia no tiene plazos, y es uno de los motivos por lo cual nos costó tanto llevar a juicio al el ex vicegobernador Héctor Alanís (imputado por derivar fondos del Senado entre 1995 y 1999). La ciudadanía debe acostumbrase que no es solo la denuncia, de que no es simplemente enunciar un hecho, sino que hay que tratar de buscar dónde están las pruebas.

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