El dirigente paranaense destacó: “Ya en el año 2.012, desde mi bancada, se presentó un proyecto de Ordenanza de Ética Pública, en el convencimiento que el interés supremo de toda sociedad debe ser, en principio, la sana administración de los recursos de que disponen las administraciones públicas, para lo cual debe haber comportamientos éticos y transparentes; y si así no lo hicieran, exista el adecuado control social que permita su observación y corrección. Es necesario reencontrar al poder municipal con la sociedad civil en el terreno del comportamiento ético, dado que si ese encuentro no se produce, se devalúa aun más la legitimidad de la autoridad municipal, ya que ello no solo se logra ganando elecciones, sino que es en la transparencia, eficiencia y eficacia que se le imprima a la gestión”.

“En definitiva, el proyecto tiende a lograr una mayor transparencia en el desempeño de las funciones, especialmente del personal político y de quienes tienen a su cargo la administración de fondos públicos e impedir las incompatibilidades de funcionarios a cargo de la Reparticiones municipales, eliminando todo posible beneficio a funcionarios intervinientes que tuvieren a su cargo la gestión y de quienes participen en la concesión de servicios y en la contratación de obras, quedando inhabilitados para desempeñar cargos en las empresas vinculadas al Municipio, como también realizar actividades lucrativas sobre espacios concesionados”, indicó.

Luego recordó: “También en el año 2013, desde nuestro bloque presentamos un proyecto creando la Oficina Anticorrupción Municipal en el marco de la Ley 25.233 y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que dieron creación a la Oficina Anticorrupción Nacional como órgano encargado de llevar adelante la lucha contra la corrupción en la Argentina. Vemos fundamental crear en el ámbito de la Municipalidad de Paraná una Oficina Anticorrupción y que su titular sea elegido por concurso público de antecedentes y oposición, como garantía de que no exista ningún tipo de connivencia entre el funcionario encargado del control y la institución controlada. La tarea de la Oficina Anticorrupción será detectar e investigar todo acto sospechado de corrupción, o toda conducta contraria a la ética pública, logrando las sanciones administrativa y penal correspondientes, a lo que seguirá, indefectiblemente, la sanción social, logrando de esa manera sanear nuestras instituciones y separar de ellas a los corruptos, a sus cómplices y a los buscadores de privilegios personales”.

Asimismo, agregó: “La responsabilidad social que conlleva la función pública trae aparejada la correcta gestión de los bienes y asuntos públicos, así como la necesidad de llevar una conducta pública ejemplar, promoviendo a través del propio ejemplo una cultura de rechazo a la corrupción. Una actitud de transparencia debe marcar el camino hacia un Estado Municipal moderno, ofreciendo las herramientas necesarias para transparentar el ejercicio de la función pública y el uso de los recursos”.

“Por tal motivo, nos satisface saber que nuestras iniciativas de transparencia que no fueron tenidas en cuenta en la gestión anterior, hoy sean anuncios a llevar a cabo por el gobierno de Sergio Varisco y de su bloque de concejales, para lo cual ponemos a disposición ambos proyectos que se encuentran, sin tratamiento, en las Comisiones del HCD desde su presentación”, finalizó Rettore.