El gobernador Jorge Busti buscó descomprimir la tensa situación con el Poder Judicial, al enviarle una carta al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, en la que se pronunció por “incrementar las partidas presupuestarias para alcanzar progresivamente” los porcentuales exigidos, “respetar el principio constitucional de intangibilidad”, “restablecer el diálogo fluido entre los poderes”, a la vez que afirmó que no es intención del Ejecutivo “retraer los haberes de los funcionarios y magistrados” y “menos aún la de disminuirlos”.

En la misiva, a la que tuvo acceso ANALISIS DIGITAL, Busti se ocupó de desarrollar la política que llevará adelante el gobierno entrerriano en cuanto a la relación con el Poder Judicial. En una serie de ítems, el primer mandatario afirmó que una de sus decisiones es “evitar el aumento de litigiosidad entre los integrantes del Poder Judicial y el Estado provincial por cuestiones salariales”, como así también “respetar el principio constitucional de intangibilidad como garantía para los justiciables”.

Busti se mostró abierto a “restablecer el diálogo fluido entre los poderes del Estado que habilite el urgente tratamiento de los grandes temas que afligen a los entrerrianos y cuya solución es de competencia exclusiva y excluyente de los tres poderes”, a la vez que habló de la necesidad de “adoptar mecanismos que confieran previsibilidad a las cuentas públicas, sin desconocer derechos adquiridos ni comprometer la gestión de futuros gobiernos”.

El mandatario entrerriano se expresó además por “sostener la evolución de los emolumentos a percibir por funcionarios y magistrados, vinculada porcentualmente a la de empleados de ese Poder, por tratarse de una conquista gremial” y “abordar hacia el futuro, año a año, en el tratamiento presupuestario, la cuestión de fijación de los sueldos judiciales, dentro del contexto y posibilidades de cada etapa respetando su valor en los términos constitucionales”.

Si bien Busti admitió que quizás este primer paso no colme las expectativas de los integrantes del Poder Judicial, expresó que es “lo que responsable y equitativamente hoy podemos comprometer”. En ese sentido, acotó que “en una adecuada distribución de sacrificios es menester pedir mayor esfuerzo a aquéllos que más tienen, asegurándoles que el fruto del ahorro será invertido en la recomposición salarial de los que menos tienen”.

Dejó en claro también que no es intención del Ejecutivo “retraer los haberes de los funcionarios y magistrados” y “menos aún la de disminuirlos”. También destacó “la conducta intachable de los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, de la Asociación de Empleados Judiciales y del Apoderado de magistrados y funcionarios en litigio, en el marco de las conversaciones y negociaciones” entre el Ejecutivo y el Judicial, “quienes han sostenidos sus reclamos desde la mayor generosidad, sin abandonar jamás los principios republicanos, sin dejar de defender a sus asociados y fundamentalmente, sin perder de vista que están insertos en una sociedad compleja, frente a un problema complejo, que requiere siempre de soluciones en las que cada parte deberá hacer un renunciamiento”.

En la extensa carta, que se entendió como un claro gesto del Poder Ejecutivo para limar asperezas que habían consolidado una distancia entre ambos sectores, Busti detalló a Carubia -con quien siempre tuvo una estrecha amistad personal y profesional- que “a partir del 1° de julio próximo se ha dispuesto un incremento del 18 por ciento sobre la escala de retribución liquidada actualmente en los haberes de la totalidad de la planta de personal del Poder Judicial”. Comunicó además “que se iniciaron tratativas para reforzar la autorización presupuestaria para el corriente ejercicio y cumplir con el compromiso contraído para el semestre”.

Por otra parte, expuso que el Poder a su cargo decidió y asumió el compromiso de “propiciar el aumento de las partidas de gastos de personal del Poder Judicial para el ejercicio 2005 en un 18 por ciento respecto del año 2004, como así también para el año 2006 un incremento del siete por ciento respecto de 2005, de modo tal que se eviten en lo posible situaciones litigiosas o controvertidas, respecto a los sueldos de sus integrantes, y con la clara finalidad de lograr, paulatinamente, un mayor porcentaje dentro del Presupuesto Provincial para el Poder Judicial”.

Finalmente, el primer mandatario dejó abierta la posibilidad de lograr arreglos extrajudiciales para poner fin a los reclamos existentes por parte del Poder Judicial. “De tal modo, estos montos controvertidos formarían parte de un acuerdo a cumplimentarse durante 2005 y 2006”, señaló por último.