Durante el ejercicio de su defensa, el imputado de 56 años de edad que actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, indicó que la recuperación de la libertad no constituye riesgo de entorpecimiento en la causa, por lo que peticionó la puesta en libertad de su persona; y trató de desligarse responsabilidades en los delitos por los que se lo acusa.

En diálogo con diario Uno, el abogado defensor de los querellantes de la causa, Gamal Taleb, indicó que Appiani “ejerció su autodefensa y planteó que se revoque la denegación de la excarcelación, planteando que no existía a su respecto un peligro procesal, que básicamente es la posibilidad que se fugue o que entorpezca el accionar de la justicia”.

El letrado añadió que “el señor representante del Ministerio Público Fiscal contestó esos argumentos, creemos nosotros que con razón, y citando distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Nacional de Casación, dijo que en el caso hay graves violaciones a los derechos humanos. Es legítimo presumir que hay una posibilidad de riesgo procesal que justifica la prisión preventiva”.

Taleb indicó que el imputado está acusado de cometer “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con privación ilegítima de la libertad calificada, tormentos, severidades, apremios ilegales calificados y desapariciones. Recordemos que él fue auditor del segundo Consejo de Guerra que se le hizo a varios de los hoy querellantes y en ese lugar que ocupó fue parte de torturas a los fines de establecer lo que él llama las cuestiones de hecho, que básicamente son la búsqueda de confesiones de las victimas”.

El defensor de la querella añadió que “la Cámara tiene un plazo de cinco días para resolver el pedido y vamos a esperar cuál es la resolución. Hace uno días la Cámara sacó una resolución en el incidente Díaz Bessone, en la que se negó la excarcelación, así que creemos que es un antecedente válido para este caso”.