Según consignó Gualeguaychú a Diario, en la primera sesión de 2012 del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú se podría dar el primer cortocircuito de la gestión entre el oficialismo y la oposición. Hasta hoy, el recinto integrado por ocho ediles del Frente para la Victoria (FpV) y cinco de Color Gualeguaychú, había aprobado todos los proyectos por unanimidad, entre ellos el del Presupuesto 2012 y el aumento de tasas. Pero la diferencia se podría dar en las próximas horas, cuando se trate el decreto N° 319/2012, con fecha del 23 de febrero del corriente año, que habilita el pago de 100.000 pesos en honorarios para dos abogados de la ciudad de Paraná que representarán a la comuna en el tan esperado juicio por el desfalco a la Municipalidad.

Para entender como empieza esta historia, hay que remontarse a los inicios de la Causa Tesorería, en diciembre del año 2006. En aquel tiempo, con Daniel Irigoyen como intendente, el municipio contrató los servicios de los abogados Juan Papetti de Concepción del Uruguay y Noemí Berros de Paraná para que sean los apoderados y defiendan en todas las instancias penales y civiles que se susciten hasta la finalización de la investigación. En ese momento, los honorarios de los letrados fueron de 60.000 pesos, pagados en 12 cuotas consecutivas de 5.000 pesos.

Pero, el 14 de noviembre de 2011, el doctor Juan José Papetti presentó la renuncia al mandato justificando la misma en razones de salud que le impedirían la concurrencia al juicio oral y público que se llevará a cabo ante la Cámara del Crimen de Gualeguay a partir del 19 de marzo. También, la doctora Noemí Berros presentó la renuncia, en razón de haber sido designada integrante del Tribunal Oral de Paraná. A raíz de estos retiros, ambos letrados deberán reintegrar el 50 por ciento de la totalidad de los honorarios por no haber cumplido con la totalidad de lo acordado.

Por otra parte, mediante el decreto N° 319/2012 con fecha 23 de febrero de 2012, el Ejecutivo gualeguaychuense aceptó las renuncias de los letrados y automáticamente elevó al Concejo Deliberante un nuevo decreto (N° 319/2012) para que se acepte como nuevos apoderados a los doctores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, ambos de Paraná.

Cabe consignar que estos abogados asumirían el compromiso de hacerse cargo de representar a la Municipalidad de Gualeguaychú en las instancias penales y civiles que se susciten. Por estas tareas, los dos profesionales recibirán honorarios por 100.000 pesos que se abonarán en tres cuotas, la primera de 50.000 pesos al firmar el contrato, la segunda de 25.000 pesos durante la tramitación del juicio oral y público que comenzará en 11 días, y la tercera, también de 25.000 pesos, al finalizar los procesos en todas sus instancias.

El conflicto

En la oposición no habría caído bien este decreto para abonar los honorarios por diferentes puntos. En primer lugar, cuando sea el turno de exposición, los referentes de Color Gualeguaychú cuestionarían que la renuncia de los letrados fue en noviembre del año pasado y recién en este año, cuando faltan solo 11 días para que inicie el juicio, se busca definir a los reemplazantes.

Además, según trascendió, tampoco estarían de acuerdo con los honorarios de los abogados paranaenses, ya que consideran excesiva la cifra. En tanto que el tercer cuestionamiento que le haría la oposición al oficialismo sería la decisión de contratar letrados de otra ciudad y no utilizar a los abogados Gustavo Razetto y Alcira Martín, ambos personal de planta del municipio y conocedores de los pormenores de la causa, ya que actuaron en la primera etapa.

La sesión

El decreto elevado por el Ejecutivo fue percatado por los concejales en la Comisión Conjunta del martes, a partir de esa presentación, el proyecto ingresará al HCD en la sesión de hoy, que es la primera del año, y el viernes, en una sesión extraordinaria sería aprobado, aunque sin el voto de la oposición.

¿Honorarios excesivos?

El medio de prensa de esa ciudad realizó un relevamiento con destacados abogados de la ciudad para determinar si los honorarios de los letrados serían acordes al trabajo que realizarían. Un gran porcentaje de los consultados reconoció que la cifra no es descabellada y que el costo estaría dentro de los parámetros normales. “Esos honorarios están bien siempre y cuando los abogados se hagan cargo de la representación en las instancias penales y civiles que se puedan dar”, aseguraron.

Por otra parte, una minoría consideró como “sumamente abultada” la cifra. “Es un trabajo que lo podrían hacer tranquilamente los abogados del Municipio, lo que significaría el ahorro de los 100.000 pesos”, afirmó uno de los profesionales consultados.

Lo cierto es que más allá de si fueran o no excesivos los honorarios, lo más cuestionable de este decreto podría ser que cuando faltan poco más de diez días para que inicie el juicio oral y público, sería prácticamente imposible que los letrados puedan interiorizarse en una causa que tiene 32 cuerpos y más de 6.000 fojas.