(de ANÁLISIS DIGITAL)

La causa judicial en torno al ex gobernador Sergio Urribarri, su hijo ministro (Mauro Urribarri) y su cuñado Juan Pablo Aguilera (prosecretario del Senado), por el repentino y sorprendente crecimiento patrimonial de los tres, sigue su curso en las oficinas de los fiscales entrerrianos, cita en calle Santa Fe de la capital provincial. En los últimos días, según pudo determinar ANÁLISIS DIGITAL, fueron enviados más de 50 oficios a diferentes lugares de Entre Ríos y buena parte del país, como así también a Uruguay y Paraguay, lo que se agilizará a través de la Cancillería Argentina.

Con ello se trata de determinar la cantidad de propiedades o cuentas bancarias que tienen los Urribarri-Aguilera, tanto a nombre propio como así también de familiares directos y de supuestos testaferros, tanto en el país o en el exterior. El mismo criterio se adopta en torno a empresas en la que puedan tener participación, como así también de personas allegadas.

Salieron oficios recabando información a la AFIP-DGI (Administración Federal de Ingresos Públicos), la Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central de la República Argentina (BCRA); la Inspección General de Justicia, Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER); SINTyS (Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social) y Migraciones, entre otros organismos. Los escritos lo hicieron firmados por los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, quienes dependen del procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García.

Entre las empresas aparecen algunas conocidas -donde tienen participación directa los Urribarri-; otras no tanto -relacionadas a la contratación de publicidad oficial en los últimos años, donde aparecen familiares directos de Aguilera-, como así también otras, relacionadas a operaciones agropecuarias, donde podrían surgir testaferros relacionados al ex gobernador.

A su vez, se pide a Prefectura Naval sobre embarcaciones; a todos los registros de Propiedad del Inmueble y de automotores del país. También a todas las entidades financieras de la Argentina, Paraguay y Uruguay, a través de Cancillería Argentina, para determinar si existen fondos o inversiones de esas personas o empresas. De hecho, se está haciendo un seguimiento de personas muy vinculadas a Sergio y Mauro Urribarri, que en los últimos ocho años hicieron numerosos viajes y negocios en países limítrofes, como así también otros periplos a demás países.

Cabe recordar que la causa judicial se abrió tras la publicación de la revista ANÁLISIS a mediados de diciembre del año pasado, donde en un informe periodístico se dio cuenta del sorprendente crecimiento patrimonial de Urribarri y sus familiares directos. Pocos días después, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet radicaron una denuncia penal, que quedó en manos de los fiscales Yedro y Brugo. Además, hicieron otras ampliaciones judiciales. Una de ellas, respecto de la empresa Kriptax Inc Sociedad Anónima, registrada a nombre Mauro y Sergio Damián Urribarri, hijos del ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados. El primero es el mismísimo ministro de Gobierno.

Kriptax Inc Sociedad Anónima -una empresa dedicada al cultivo de soja y arroz– recién comenzó a operar en 2013, pero los hijos de Urribarri la compraron en 2008, y no en 2007 como había dicho el ex gobernador. La firma se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 4 de agosto de 2008, fijó domicilio en Capital Federal y tenía como titulares a dos mujeres de condición humilde, beneficiarias de planes sociales y que vivían en una villa. La empresa pasó a manos de los hijos de Urribarri el 9 de octubre de 2008. Otro dato curioso de la firma es que en el año 2014 tomó un crédito en el Banco de Formosa por 1.209.400 pesos, según fuera revelado por ANÁLISIS DIGITAL.