De ANALISIS DIGITAL

Numerosos entrerrianos se convocaron en la Plaza Sáenz Peña y marcharon por las calles de la capital entrerriana para conmemorar los 37 años de la dictadura militar que dejó como saldo 30.000 desaparecidos. Tal como ocurrió el año pasado una única marcha desembocó en dos actos. La Multisectorial por los Derechos Humanos, alineada al gobierno oficialista, realizó su acto en la esquina de Laprida y San Martín, mientras que el sector más crítico del gobierno de turno se desdobló en la esquina de Buenos Aires y Cervantes para leer su documento en la explanada de la Casa Gris.

La marcha estuvo caracterizada por la emoción y el ímpetu de los manifestantes que recordaron a las víctimas y repudiaron en cada canto a los genocidas y cómplices del terrorismo de Estado.

A lo largo de la noche, no faltaron los vecinos que asomaron sus cuerpos para presenciar la marcha, el infaltable canto de repudio a la iglesia católica y las tradicionales pintadas en diferentes espacios de la ciudad.

Entre la multitud estuvieron presentes las batucadas que marcaban el ritmo de los cantos y los artistas circenses que en la explanada de los Tribunales Federales y de la Catedral realizaron una intervención artística.

Encuentro por los Derechos Humanos de ayer y hoy

En el documento las agrupaciones y partidos nucleadas en el sector de la oposición, volvieron a pedir por la aparición con vida de los desaparecidos y juicio y castigo a los genocidas que “avasallaron los derechos del pueblo a sangre y fuego”. Asimismo remarcaron que siempre se movilizaron con independencia del poder político ya que entienden “que las causas más profundas son sólo del pueblo”.

“Somos plenamentes conscientes que las políticas aplicadas por los Kirchner se basa en la manipulación del concepto mismo de los derechos humanos, transformándolos en un negocio político, para lo cual se han encargado de cooptar y corromper organizaciones muy queridas, tergiversando y ocultando hechos, y separando en una verdadera degradación de concepción integral a los derechos humanos de ayer con los derechos humanos de hoy”, manifestaron.

Además remarcaron que “los derechos humanos de hoy no se atienden de acuerdo a las necesidades populares, son bastardeados y hay una manipulación obscena de la cuestión, soslyanado, ocultando y minimizando graves problemas de inmensas mayorías". Consideraron que esta situación "incentiva a que gran parte de la población asqueada por la situación generada salga presa de posiciones retrógradas, que estimula salidas individualistas".

De esta forma recordaron el motivo que los llevó a que por segundo año consecutivo realizaran un acto paralelo al de la Multisectorial. Al respecto manifestaron que “el gobierno local abiertamente controla y dirige la memoria de un sector claramente cooptado".

“No podemos dejar de mencionar que a 37 años del golpe de estado miles de verdades permanecen ocultas, los archivos siguen cerrados, los juicios pululan separados por todo el país sin centralidad, los testigos y querellantes siguen deambulando por la geografía del país y miles de culpables de uno de los peores crímenes colectivos contra el pueblo argentino se encuentran impunes, muchos de ellos muriéndose de viejos sin condena alguna”, expresaron.

Por otro lado denunciaron que "Entre Ríos es una provincia de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas en lo que hace a la explotación sexual y comercial, como en lo laboral y la explotación infantil. No es una provincia libre de trata como lo expresan discursos oportunistas del gobierno provincial, ni alcanza con cerrar los prostíbulos, el prostíbulo es un eslabón a desarticular en la cadena de estas redes mafiosas que no solo esclavizan mujeres y niñas, sino que también van de la mano de otras problemáticas como el narcotráfico".

En el documento también acusaron al gobierno de Sergio Urribarri "de  la negación que hace del derecho de huelga y la situación extorsiva a que ha sometido a los trabajadores docentes atando  su pobre propuesta salarial y el no descuento de sueldos por medidas de fuerza a la aceptación incondicional de todas las organizaciones sindicales".

Párrafo seguido repudiaron "el dudoso silencio de las autoridades provinciales  ante  situaciones de amedrentamiento que han sufrido diferentes organizaciones, luchadores y militantes ante atentados sobre las personas y bienes, entre ellos los sufridos por la CTA Paraná en su sede en 2009, la  quema de autos a integrantes de la Ucra  Paraná y los de la Corriente Clasista y Combativa en diciembre de 2.012 y el atentado sufrido por el militante José Rómulo".

Además se manifestaron en contra de la falta de "federalismo y la falta de defensa de los recursos provinciales por coparticipación, en contra de la entrega de los recursos naturales estratégicos". Por otro lado, recahazaron el "mercantilismo de la cultura". En este último sentido hicieron mención al "avance del gobierno municipal de Paraná sobre el Gloria Montoya".

Para finalizar expresaron: "Repudiamos enérgicamente cualquier tipo de  llamamiento o declaración que pudiese realizarse reivindicando los objetivos, acciones y resultados de los sucesivos gobiernos golpistas que asaltaron el Estado y detentaron el poder entre el 24 de marzo del 1976  y el 10 de diciembre de 1983”.

El documento fue leído por la sindicalista de CTA Paraná, Silvina Calveyra, el gremialista de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Víctor Sartori, la presidenta del centro de estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Romina Gallo y el secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de la seccional Paraná, Daniel Ruhl.

El diputado provincial del Partido Socialista, Lisandro Viale, su par Emma Bargagna y el presidente de Comité Radical provincial, Jorge D´Agostino, estuvieron acompañando la columna opositora. Se observó además al diputado nacional Fabián Rogel (UCR) y al dirigente Darío Olivera, de Proyecto Sur. No obstante, sorprendió la escasa movilización partidaria que hubo de parte de la UCR en particular. Los que más movilizaron fueron AGMER Paraná, CTA Entre Ríos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Multisectorial por los Derechos Humanos

El sector oficialista en el documento destacó el avance de los juicios y pidió cárcel efectiva para los represores genocidas. Además, repudió la ley antiterrorista por considerarla un retroceso al producir una contradicción en las políticas de derechos humanas iniciadas en 2003. Reivindicaron la integración de los pueblos latinoamericanos y destacaron la figura Hugo Chávez.

Además reclamaron la aparición con vida de Jorge Julio López. Exigieron que se profundice la investigación por el Proyecto X y que se derogue el código Contravencional de Entre Ríos que le otorga discrecionalidad a la policía para detener. Pidieron por el esclarecimiento del caso Goméz - Basualdo, secuestrados por la Policía.

En la marcha pudo observarse al ministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez; a los diputados nacionales Julio Solanas y Raúl Barrandeguy y al defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay. Junto a los representantes de los organismos de Derechos Humanos pudo observarse además a la intendenta Blanca Osuna y a la edil Cristina Sosa. También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos; el hijo del gobernador y secretario de la Cámara de Senadores, Mauro Urribarri, que llegó junto al vicegobernador José Cáceres. Además, participaron la decana de la Facultad de Humanidades, Rosario Badano; entre otros dirigentes.