Ambos fueron interceptados poco antes de llegar a la ex Ruta Nacional 14 por un Renault Megane, sin ningún tipo de identificación. El automóvil se les aproximó y desde la ventanilla, una persona muñida de un megáfono se identificó como policía y le dio la voz de alto al conductor. Enseguida desde el automóvil comenzó a sonar una sirena, mientas los policías hacían señas para que se estacionara sobre la banquina.

Una vez al costado del camino, descendieron tres hombres y una mujer que se identificaron con chalecos de Policía Federal y detuvieron a la pareja: Norma Isabel Gutiérrez, de 40 años, y Adalberto Juan Corrales.

En forma simultánea se realizaron otros procedimientos en la localidad bonaerense de San Miguel, donde fueron detenidas otras seis personas.

Todos continúan detenidos, tras ser indagados por el magistrado, que por estas horas debería resolver si los procesa, les dicta la falta de mérito o los sobresee.

En El Ñandubaysal

Durante un año, el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, llevó a cabo una investigación respecto de una organización dedicada a la captación y traslado de mujeres para la explotación sexual cuyos tentáculos llegaban hasta Gualeguaychú.

De la investigación preliminar surgió que Gutiérrez y Corrales formarían parte de una organización que capta mujeres jóvenes que luego son entregadas a otra banda que las obliga a prostituirse en la República Oriental del Uruguay, a través del puente internacional que une la ciudad entrerriana con Fray Bentos.

La mujer tiene 40 años y es oriunda de la provincia de Misiones, aunque residía desde hace bastante tiempo en una cabaña ubicada camino al balneario Ñandubaysal, en Gualeguaychú. De hecho, administraba los bungalows Arizona, que se ubican camino al balneario Ñandubaysal, junto con Corrales, que sería su pareja.

Los investigadores la presentan como “dueña de una destacada figura”. Figura en las redes sociales bajo el seudónimo de “Isabella Garcías”. Allí aparece constantemente exhibiendo su cuerpo y deja entrever el lugar donde se la podía ubicar o contactar a través de un teléfono celular con característica de Buenos Aires, según consignó El Diario.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene dicho que “por trata de personas se entiende la captación, transporte, traslado y/o recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción”, como secuestro, fraude, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad para la explotación de las víctimas. Por lo tanto, se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos. En la Argentina, entre 2009 y 2014, han sido condenadas 220 personas por hechos que tuvieron 565 víctimas. En Entre Ríos se han realizado 16 juicios por trata, en todos los casos, con fines de explotación sexual.