Pocos dimensionaban la magnitud de la estafa cuando estalló públicamente el escándalo: una organización integrada por abogados y contadores que se dedicaba a falsificar documentos para defraudar al fisco y favoreció la evasión de 84 millones de pesos.

La maniobra nació de las entrañas de la AFIP e involucraba a una procuradora del organismo, Alicia Ibáñez, que fue procesada como integrante de una asociación ilícita tributaria; en complicidad con los abogados Roberto Izaguirre Ibáñez –su hijo–, Luis Salvador Morelli y Sergio de Araquistain, que serían los jefes u organizadores de la organización delictiva.

El juez federal Pablo Seró dictó el procesamiento y trabó embargo por 21 millones de pesos para cada uno de ellos. En caso de ser condenados, podrían recibir penas de entre tres años y medio y diez años de cárcel, indicó Página Judicial.

Ahora bien, el accionar de esta “asociación ilícita tributaria”, que habría funcionado entre septiembre de 2010 y mayo de 2015, esconde una compleja ingeniería contable orquestada por una organización ofrecía certificados mellizos de retención a distintas empresas para que los utilizaran para cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones.

Entre los principales beneficiados por la maniobra el juez mencionó a los empresarios Miguel Marizza y Néstor Iván Szczech, cuya responsabilidad tramita por otros carriles. También señaló a Guillermo Gabriel Galeazzo, uno de los titulares de Constructora del Norte, que ya fue condenado por hechos vinculados con esta estafa, al igual que sus hijos Pablo Gabriel Galeazzo y Santiago Alberto Gaitán Facello.

En su resolución –a la que accedió Página Judicial–, el magistrado resaltó que “Izaguirre Ibáñez, Morelli, De Araquistain e Ibáñez, no solo tenían conocimiento de que actuaban en forma conjunta, vendiendo certificados de retención falsos en forma habitual, sino que además asumieron conscientemente que con ello los contribuyentes cometerían simulaciones dolosas de pago, pues se trata de un ‘producto’ armado específicamente con la finalidad de simular pagos y que nunca existió”.

El juez Seró consideró que Izaguirre Ibáñez, Morelli y De Araquistaín “han ejerciendo el liderazgo de esta organización, disponiendo de capacidad organizativa y económica para su funcionamiento”.

¿Cómo funcionaba la maniobra? Así lo explica el juez: “Los tres imputados toman datos de certificados de retención correspondientes a otras empresas y los ofrecían a ciertos contribuyentes que presentaban deudas ante el fisco como ‘cesiones de crédito fiscal’ (…) Una vez que concertada la entrevista con el contribuyente, le ofrecían simular dolosamente el pago de las obligaciones tributarias mediante la compensación con estos certificados de retención apócrifos y por un porcentaje de la deuda, de manera que importaba una ganancia para ambas partes”.

La ganancia para ellos era de alrededor del 80 por ciento, es decir, los contribuyentes les pagaban el 80 por ciento de lo que le debían a la AFIP y no cancelaban la deuda, “pues los certificados nunca existieron, las empresas nunca formalizaron las ofertas de crédito y las mismas se correspondían a otros montos”.

En el caso de la empresa Constructora del Norte, por ejemplo, presentó en 2011 una declaración jurada rectificativa del IVA correspondiente al período enero de 2009 donde aseguraba que había sufrido retenciones por parte de la firma Nucleoeléctrica Argentina SA por 2.824.756,19 pesos, lo que le generaba un saldo de libre disponibilidad por el mismo monto, que los empresarios utilizaron para cancelar su deuda impositiva casi inmediatamente. Esos certificados efectivamente pertenecían a la empresa, coincidían en número, fecha y monto, pero reportaban como retenidos a otra firma, es decir, existían, pero no a favor de Constructora del Norte, sino que eran mellizos y la empresa pretendió utilizarlos de manera fraudulenta. Ese caso fue la punta del iceberg.

Ahora bien, “una vez finalizada la operatoria, era Izaguirre Ibáñez quien gestionaba el cobro de las cesiones de crédito (…) De Araquistain era quien se encargaba de realizar la operatoria y solucionar las vicisitudes que podían originarse (…) y Morelli fue el encargado de crear el ‘producto’ y toda esta operatoria, disponiendo los porcentajes y repartiendo las ganancias”, resumió el magistrado. En cuanto a Alicia Ibáñez, está señalada como “la abandera de la estafa” y “su rol o aporte a la organización consistió en brindar los datos de los contribuyentes que se encontraban en situación de deuda con la AFIP-DGI, para que luego su hijo Izaguirre Ibáñez, junto con Morelli y De Araquistain, se presentaran ante los contribuyentes deudores y realizaran la venta de los certificados falsos para compensar la deuda y así simular dolosamente su pago”, agregó.