Tras la presentación no había imputación, requerimiento de instrucción formal y citación a indagatoria para nadie.

La defensa del ex intendente, Martín Uranga y Raúl Barrandeguy, solicitaron sólo dos pruebas: que se investigue la ruta del dinero, se pidieron pericias contables y documentación al Tribunal de Cuentas; y que el Banco Nación que otorgó el dinero presente las pericias de la ejecución de las obras.

Los denunciantes acusaban a los anteriores gobernantes haber utilizado parte de los fondos para pagar salarios. De allí la sospechosa malversación. En la denuncia estaba involucrado también quien fue secretario de Hacienda, César Pross, informó El Diario.

El fideicomiso, como sistema de financiamiento, en este caso funcionó de la siguiente manera: la obra se ejecutaba y sobre los certificados presentados, el banco giraba el dinero que había sido invertido. La entidad crediticia, a pedido de Uranga y Barrandeguy, envió los informes en los que justificó los desembolsos. De esta manera- para la Justicia- se constató la utilización del dinero.

Marco

La denuncia se pergeñó en un escenario político de transición que duró nueve meses entre la asunción de la nueva gestión, ya que las elecciones se habían realizado en marzo y la toma de posesión de las nuevas autoridades fue el 10 de diciembre. En el medio, hubo conversaciones entre las partes entrantes y salientes para pasar en limpio los números del municipio. Pero no hubo lugar a entendimientos.

Así fue que quienes se harían cargo de la nueva administración municipal se dirigieron a la Justicia. No había información suficiente para encarar un proceso judicial. Halle, al frente del Departamento Ejecutivo Municipal; o Alejandro Cánepa, de la Asesoría Legal, no firmaron la denuncia. Esto aclara la generalidad, pero no menos cierta, información del título de la nota.

Al día siguiente de que Romero se presentara en Tribunales, Solanas y Pross hicieron lo propio espontáneamente ante la fiscal de Primera Instancia, Leonor Nader, para responder a la demanda por supuestas irregularidades en la contratación del fideicomiso.

Durante todo este tiempo, los defensores del ex jefe comunal y contador se encargaron de aclarar que no hubo denuncia por robo ni por faltante de dinero, sino por un supuesto desvío de fondos para obras a otros fines.

Final

El agente fiscal José Eduardo Ruhl fue quien le dio cierre a la causa. El dictamen fue confirmado por la jueza Patricia Yedro. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que no hubo delito de malversación, ya que el dinero no salió de la órbita de la administración pública y que si “el bien no tiene un destino no implica que se gaste el dinero o los fondos o los bienes, ni tampoco que exista un perjuicio concreto para la administración pública en el sentido económico, ni menos aún que el funcionario tenga el dolo del perjuicio”.

Durante el proceso, excepto al principio, no se aportaron datos por parte de la denunciante. Otro dato llamativo fue que la Municipalidad no se constituyó como querellante.