El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señala que los 10 parlamentarios están incursos en delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado”.

Y, en razón de ello, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, dio por levantada la inmunidad de siete de los legisladores señalados y espera hacer lo mismo con el resto en los próximos días.

Guaidó, también jefe del Parlamento, denunció que estas acciones constituyen un “nuevo golpe” al Legislativo que está conformado por una contundente mayoría opositora desde 2016, cuando el TSJ lo declaró en “desacato” y pidió a las instituciones omitir sus resoluciones.

En el último trienio al menos 29 diputados han quedado fuera del Parlamento por motivos de persecución política, según alegan ellos mismos, y están hoy exiliados, presos, sin fuero parlamentario, despojados de sus escaños por resolución de la Justicia, refugiados en embajadas o con libertad condicional.

Guaidó informó además que su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, convocará una sesión en el organismo continental para tratar el “nuevo golpe al Parlamento”.

Sobre la posibilidad de ser encarcelado, el opositor insistió en que es un “riesgo latente desde hace mucho tiempo” y reiteró que de concretarse el chavismo estaría dando un “golpe de Estado”.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.