El Gobierno definió que a partir de junio las tarifas de luz y de gas natural tendrán un aumento promedio en torno al 2,6% que serán oficializados la semana que viene, según se confirmó con fuentes del sector. También se aplicará una suba del 1% en los impuestos a los combustibles que se trasladan directamente al precio de la nafta y el gasoil en los surtidores, por lo que se mantuvo el diferimiento parcial de la actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El mes que viene también llegarán incrementos del 1% en el servicio de agua que presta AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 7% en las líneas de colectivos nacionales que circulan por esa jurisdicción. La premisa oficial es apuntalar la desaceleración de la inflación para los próximos meses, pero tampoco postergar el ajuste fiscal.

En el caso de las facturas de luz de AMBA, de Edesur y Edenor, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializará un alza en torno al 2,6% en las boletas finales a través de nuevos cuadros tarifarios. En el caso Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) será de hasta 2,8% dependiendo de la zona en el país en la que se encuentre la distribuidora en cuestión.

En el Ministerio de Economía no desmintieron la información ante la consulta de Infobae, pero aclararon que los cuadros tarifarios se conocerán en los próximos días.

Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones estatales se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que los usuarios abonan en sus boletas. Las actualizaciones en los ítems que impulsó el Gobierno dieron como resultado los incrementos.

Además, el Gobierno resolvió volver a postergar en junio la actualización correspondiente de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) y solo aplicar una suba del 1%, que, según estimaciones de la consultora Economía y Energía, implica un costo fiscal mensual superior a los USD 200 millones. En marzo se habían recuperado el ajuste pendiente por la inflación de el último trimestre de 2023, pero quedan pendientes los cuatro trimestres de 2024 y el primero de 2025.