Villa Elisa: denunciantes del cobro de oxígeno en hospital insisten con ser querellantes

Hospital de Villa Elisa.

Quienes denunciaron cobro de oxígeno en el Hospital San Roque de Villa Elisa -departamento Colón- siguen su derrotero, disconformes con la línea seguida por la Unidad Fiscal. Tienen el firme propósito de constituirse como querellantes y así sumar facultades en el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Su primer intento había sido ante la jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes, quien descartó de plano tal posibilidad alegando que el Ministerio Público Fiscal tiene el monopolio de la acción en causas por presunta corrupción en la administración pública. No obstante, su resolución fue inmediatamente apelada por las denunciantes, convencidas de que podrían acreditar los hechos que las harían víctimas de esos delitos.

La decisión quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, desde donde se convocó a una audiencia que contó con la participación de todas las partes, de manera presencial y virtual: una de las denunciantes, con el patrocinio letrado del abogado penalista José Ostolaza; la defensa de Claudia Lugrín, la administradora denunciada; como así también uno de los fiscales que entiende en la causa, Juan Sebastián Blanc.

Se trató de una instancia que lejos estuvo de abordar la cuestión de fondo denunciada por la abogada Clarisa Marano Roude, hija de un paciente con Covid-19; la licenciada Sandra Giovenale, jefa del área de Enfermería del nosocomio; y la médica Analía Fernández, encargada del hogar de ancianos de la misma institución; sino destinada a definir la suerte del pedido de querella que había sido oficializado originalmente el 18 de junio.

Finalmente, al tratarse de una apelación de mero trámite, intervino solamente el vocal Rubén Chaia y terminó confirmando la resolución de la jueza de Garantías de Colón, aunque habría dejado abierta la puerta para que las denunciantes puedan hacer una nueva presentación, reformulada, en los tribunales colonenses.

Ni lerdas ni perezosas, recogieron el guante y comenzaron a estudiar -junto a su abogado- una nueva estrategia, a fin de ser aceptadas como querellantes en la causa a través de un nuevo pedido, que no tardaría en llegar a manos de la magistrada Céspedes.

Por decisión del gobierno uruguayo, los directivos de UPM tienen “carta blanca” para contaminar porque se les garantiza la impunidad a través de la Resolución 2052/08.

Por decisión del gobierno uruguayo, los directivos de UPM tienen “carta blanca” para contaminar porque se les garantiza la impunidad a través de la Resolución 2052/08.Al juez Federal Hernán Viri le será dificultoso notificar a los directivos de UPM, por el blindaje e impunidad que le garantiza el gobierno uruguayo al no prestar colaboración en el servicio de Justicia.

Daniela García: “Hay una preocupación por la falta de publicación de los resultados del monitoreo del Río Uruguay comprometidos”.

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Guillermo Ocampo, comisario de la Policía de Entre Ríos, disponía adicionales paralelos, custodia y operativos para Guillermo Barrios dueño de una distribuidora.

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Manuel García Solá es miembro de la Sociedad Rural Argentina y ahora integra el directorio del Conicet.

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Captura de pantalla del acto en Ensenada donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la principal oradora.

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Opinión

Por José Natanson (*)  
Por Ernesto Tenembaum (*)  
Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

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Judiciales

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Economía

Nacionales

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Provinciales

Martín Lousteau junto con el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, y Rogelio Frigerio.

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Locales

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