El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria a Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers. Será citado el 20 de noviembre próximo.
El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos, son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal”. Cada eslabón compone las acusaciones por las que el ex presidente de la Nación deberá rendir cuentas ante la justicia federal.
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es el decreto 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
La decisión del ex Jefe de Estado al firmar ese decreto, a criterio de los investigadores, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández en el marco de la indagatoria.
A la hora de esclarecer la estructura en la cual se habrían cometido las irregularidades, el juzgado se basó en dos informes de auditoría. Uno realizado por Nación Seguros de la actual gestión libertaria, y otro por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se confeccionó a pedido del juez del caso y a modo complementario del primero.
El primer informe auditor consigna un recorte de ciertos organismos, dependencias del Estado que pagaron comisiones a brokers de seguros. Representan el 67% y una suma global de dinero, de 2.315.868.642 pesos. Se trata de Gendarmería Nacional ($1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal ($215.885.324), YPF ($141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ($ 39.777.692), Ministerio de Seguridad ($35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ($24.912.641), UTN ($352.593), Cámara de Diputados de la Nación ($296.514).
Pero el juzgado pidió completar el listado a través de la SIGEN. De su trabajo surge que en total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación
La documentación remitida al juzgado expone un listado de 81 productores de seguros inscriptos, de los cuales 33 operaron sin ningún tipo de intermediación.
Es justamente uno de los puntos centrales que intenta desentrañar el juzgado de Ercolini: si ameritaba que en la totalidad de los 45 contratos bajo análisis intervengan los brokers de seguros.
Cuando se inspecciona la planilla denominada “Base de intermediarios”, se detalla que Héctor Martínez Sosa -el amigo de Alberto Fernández, marido de su secretaria privada- fue el que más intervino en su rol de broker a título personal, es decir, que conseguir pólizas para Héctor Martínez Sosa CIA y para otros siete productores: Garrido Norberto Matias, Bachellier SA, Calvo Emanuel Raul Andres, Levelar SA, Salim Fernando Carlos.
El siguiente detalle mostró que Martínez Sosa cosechó 19 contratos, lo que lo posiciona como el único que acumuló el 42,2% en su rol de intermediario.
No son los únicos números que favorecen al broker amigo de Alberto Fernández. En su auditoría, Nación Seguros lo posiciona como el número dos de los brokers más beneficiados, sin embargo, hay un dato que se impone al “Top Five” confeccionado por el organismo público: Bachellier SA, que encabeza ese listado, y Martínez Sosa, figuran en las contrataciones de cinco dependencias y entre los dos, acumulan 1.959.941.865 pesos: más de la mitad de las comisiones que pagó el Estado
De estos números se desprende otro estudio que realiza el juzgado de Ercolini. ¿Hubo un direccionamiento en los contratos para que el amigo de Fernández se alzara con el 42% de los mismos?. En principio, los estudios iniciales muestran un claro beneficio respaldado, además, en las diversas gestiones realizadas por María Cantero -esposa de Martínez Sosa- y ex secretaria privada del entonces presidente.
Fuente: Clarín
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