Un informe del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa) que dirige Jorge Colina se pregunta: “¿cuál es el volumen de recursos que administran los Ministerios nacionales para ejecutar funciones propias de los gobiernos provinciales?”, según aquel esquema que dispuso el menemato y no alteraron ni los K ni Macri.

“El Ministerio de Educación nacional asigna unos 1.000 millones para reparación, insumos y capacitación de escuelas provinciales”, mientras que “el Ministerio de Salud nacional asigna otros 1.000 millones para insumos, fortalecimiento y capacitación de centros de salud provinciales”. Idesa añade que “el Ministerio de Desarrollo Social nacional asigna unos 1.000 millones más en construcción y equipamiento de centros de desarrollo infantil.

Ésos son los montos de algunas de las “partidas discrecionales” -es decir no automáticas, como la coparticipación- que el gobierno central se dispone a recortar como parte del ajuste en el presupuesto 2019.

Idesa define que las trasferencias discrecionales son “programas nacionales a través de los cuales se envían fondos o se financian adquisiciones con el objetivo de colaborar en la gestión de servicios a cargo de los gobiernos locales. Las más importantes, pero no las únicas, son las relacionadas con servicios educativos y de salud pública”.

“Este tipo de intervenciones colisiona con el régimen federal que establece que son las provincias las responsables de administrar estos servicios. Sin embargo, se han justificado como herramientas tendientes a promover el desarrollo social y corregir brechas entre regiones. Subyace el supuesto de que los funcionarios nacionales son más idóneos que sus pares locales para administrar los fondos públicos”.

Los gobernadores han comenzado a plantear condiciones al gobierno central, para consentir un presupuesto ajustado. Uno de los puntos centrales en que han coincidido los mandatarios del PJ a través de sus ministros de Hacienda es la postergación en la rebaja de Ingresos Brutos.

La reducción progresiva de ese gravamen, pautada en el pacto fiscal, es lo que ahora resisten los mandatarios provinciales en el marco de las pendientes negociaciones por el ajuste en el presupuesto nacional, a partir del cual la Casa Rosada pretende dejar de transferir a las provincias partidas adicionales para equipamientos e inversión social en salud y educación.

Pro y contra

“La Nación estaría gastando no menos de 1.000 millones en insumos para escuelas y centros de salud provinciales. Dado que equivale a un quinto del déficit fiscal primario, se trata de un volumen cuya revisión podría hacer una contribución importante a la reducción del déficit fiscal. La duda que se plantea es la incidencia que esto podría tener sobre la calidad de la educación y la salud públicas”.

No todo gasto es buena inversión

“No hay posibilidad de administrar centralizadamente con eficiencia la compra de libros, computadoras, medicamentos, equipamiento médico o la construcción y reparación de escuelas u hospitales en todo el territorio nacional. Pero lo más negativo es que inducen a las provincias a desatender lo más importante, que es el monitoreo y los estímulos a docentes y médicos del sistema público”.

Así evalúa Idesa la gestión paralela entre Nación y provincias sobre el gasto en las áreas analizadas. “Que los Ministerios nacionales dejen de co-gestionar servicios a cargo de las provincias y municipios no sólo debe ser asumido como una vía para recobrar sustentabilidad en las finanzas públicas”, evalúa el instituto que preside Colina, sin abordar la forma en que desde los ’90 eso se descentralizó sin transferir los recursos a los Estados subnacionales.

Fuente: diario El Litoral Santa Fe