Por Elbio Woeffray (*)

En la última Audiencia Pública realizada en Villaguay para tratar el tema de los futuros aumentos tarifarios (estrictamente hablando el aumento solicitado del “Valor Agregado de Distribución”, que es el precio de la distribución eléctrica por parte de la distribuidora) presenté un pedido de modificatoria de la tarifa T1G. La tarifa en cuestión es la que rige para los pequeños negocios que consumen una potencia de hasta 10 kw.

El problema que tiene esa tarifa es que está configurada de tal manera que el precio del kwh pagado se encarece en forma progresiva: a partir de los 250 kwh, 450 kwh y 700 kwh, desde 16 pesos a 23 pesos aproximadamente. Por tal motivo considero que este esquema tarifario, que castiga fuertemente el consumo por encima de los 700 kwh, constituye una barrera para el desarrollo del comercio, que necesita hoy muchísimo de la energía eléctrica, fundamentalmente quienes venden productos frescos y/o congelados.

La tarifa siguiente T2, que es considerada “Industrial”, tiene una base de cargo fijo (es decir que se paga haya o no consumo) y luego una tarifa plana de energía de 15 pesos el kwh, independiente del total consumido.

El Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) acaba de emitir una Resolución 219/22 donde (entre otros conceptos) no acepta mi propuesta por considerar que “no beneficia a los usuarios”, argumento que no desarrolla ni justifica. Lo deseable hubiera sido, independientemente de no aceptar la propuesta, que generara alguna modificación al cuadro tarifario vigente para beneficiar al sector hoy perjudicado por esta situación injusta.

Considero cumplida mi misión, y agradezco al Cecom haberme honrado con la posibilidad de representarlos. Y ruego que en el futuro, cuando se quiten totalmente los subsidios que todavía tienen dichos consumos, la capacidad de pago de los mismos sea suficiente para solventarlos.

Enojos con razón y razones federales

La gente se enoja con la distribuidora cuando recibe su factura, pero nadie le explica que la composición de la tarifa, en el marco legislativo vigente, es responsabilidad de Cammesa (Cammesa es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) en cuanto al valor de la energía, lo que representa aproximadamente un 30 % del valor de la boleta.

En lo que se refiere al VAD (“Valor Agregado de Distribución”) quien lo fija es el EPRE y representa otro 30% del valor final de la boleta. Otras legislaciones vigentes como la Ley provincial 8916, establecen una contribución del 8,69 % por el uso de la tierra pública para llevar las líneas, y ordenanzas municipales vigentes cobran tasas de hasta un 16 %. Todos estos gravámenes sumados llegan a superar el 40 % en casos como T1G.

Necesitamos un sinceramiento en todo este esquema vigente, para aliviar el peso de las futuras facturas de luz. En particular resulta imprescindible rever la tarifa de energía pagada a Salto Grande por Cammesa: el Mwh (megawatt hora) se le paga menos de 3 dólares (y en pesos) y nos “revenden” esa energía a casi 30 dólares.

En cambio, una represa similar como Yacyretá percibe 24 dólares. Casi diez veces más.

Reclamar la devolución de la represa a Entre Ríos, para poder recibir un precio justo, será un acto de justicia para aquel gaucho llamado Francisco Ramírez, quien al finalizar la batalla de Cepeda escribiera: “Son inútiles los esfuerzos que haga la administración de Buenos Aires para impedirnos cumplir con nuestro destino”.

El valor de la energía

Mi padre fue funcionario de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado. Y era un orgulloso de su condición. Cuando la privatizaron, su amargura fue tal que enfermó, alimentando un cáncer que lo llevó a su final. Murió en desempeño de sus funciones, a un año de jubilarse.

En mi casa aprendimos a amar al servicio eléctrico, por las lecciones de mi padre cada día, hasta en las vacaciones que eran visitas obligadas a centrales eléctricas. Mi infancia fue ayudando a mi padre a sostener las escaleras de un viejo jeep Willis para mudar los focos de las esquinas. No había ART ni sindicatos que lo prohibieran. Lejos de molestarme ni traumarme, me enseñó el valor del servicio eléctrico como derecho fundamental del ser humano para su desarrollo y seguridad.

Cuidarlo es una obligación de todos. En Entre Ríos, las empresas distribuidoras son cooperativas o una empresa pública, es decir patrimonio del Estado provincial, y por ende de la comunidad entrerriana. Pero cuidar este servicio público implica también ser responsables de su uso sustentable, evitando derrochar energía por ser barata.

Un bien social

Creo que subsidiar la energía a los usuarios fue la causa primigenia de todos estos problemas, porque en lugar de alentar el ahorro y la eficiencia energética se logró todo lo contrario. La energía no es una "cosa" como dicen los economistas, ni debe ser usada como prebenda para conseguir votos o para cobrar impuestos, que son dos caras de una misma moneda.

La energía es un movimiento de electrones producto de la naturaleza cuyo uso debe ser considerado un bien social, en beneficio de todos, pero con el cuidado de que sea un factor de desarrollo social.

A mí me permitió estudiar (gracias a mis padres y también a que yo “tomaba lectura de medidores” para hacerme unos pesos) y a la humanidad crecer hasta donde estamos hoy.

Imaginemos el mundo de querosene de Rockefeller y JP Morgan del 1900 trasladado a hoy sin Tesla que inventó la corriente alterna. Enfrentamos una situación que hay que resolver y la única manera que conozco de resolverla es dialogando, buscando consensos, no importa de dónde viene la solución. El destino de la humanidad está ligado a la paz, no a la violencia de ningún tipo.

(*) Artículo publicado en El Miércoles Digital.

(**)El ingeniero Elbio Woeffray es presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingeniería Especialista de Entre Ríos. Docente en UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay. Magister en energías Renovables, con énfasis en energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía de la biomasa y biogas. Además es un apasionado de temas de la historia entrerriana y autor de varios libros, entre ellos “El río de los Jesuitas” (2019) y “El Supremo y la República Federal Entrerriana” (2021).