Mientras las islas de Victoria que conforman El Delta del Paraná siguen ardiendo en llamas, la polémica sobre el origen del fuego sigue más vigente que nunca. Muchos de indicios indican que la catástrofe ambiental no es fortuita, sino que sería intencional. Los que avalan esta hipótesis afirman que el motivo es para generar pasturas favorables para la explotación ganadera.

Sin embargo, los ruralistas y propietarios de la zona insisten que no es su culpa el origen del incendio: “Afirmar que son los productores agropecuarios los que han iniciado el fuego a los efectos de mejorar las pasturas, es una aseveración temeraria que marca la ignorancia y la mala intención de quien la pronuncia, ya que no estamos en presencia de quema de pastizales sino de incendios de esteros, donde arde la turba producto de una gran bajante de los ríos, con una sequía que tiene similitudes con la de 2008”, señaló un duro comunicado firmado por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

“La gran masa de materia orgánica queda encendida aún después de ser apagada en la superficie y puede iniciar fuegos a cientos de metros e incluso kilómetros desde el foco ígneo de origen. Obviamente que cada incendio tiene su comienzo y el mismo puede darse por acciones imprudentes de lugareños, pescadores, cazadores, entre otros factores. Por todo lo explicitado, atribuir la responsabilidad a los productores es sólo combustible político que suena a déjà vu”, explicaron.

En cambio, la entidad que aglutina a las asociaciones rurales de la provincia señaló como culpable de la tragedia al Gobierno nacional, y más específicamente al ministro de Ambiente Juan Cabandié, quien había culpado al campo por el “ecocidio” entrerriano.

“El gobierno nacional se ha dedicado a mirar y ser juez de los hechos, siendo el máximo responsable de esta dilación de la situación. Las demoras y el inexistente accionar del área de Ambiente no pueden ser obviadas. Las declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en las que solicitó la detención de los dueños de los campos que sufrieron la acción del fuego, entre otras expresiones insólitas y carentes de sustento e impropias del cargo que representa, ameritan rechazo y generan preocupación”, protestaron.

“Que dicho funcionario no tenga ninguna formación técnica, profesional o política para la cartera que maneja no resulta un atenuante sino todo lo contrario. Y no quedan dudas que esas temerarias e irresponsables declaraciones sólo confunden y son parte de un ataque sistemático y engañoso de los sectores de siempre contra el campo argentino”, manifestaron.

Sin embargo, apartaron parcialmente de la crítica al gobernador Gustavo Bordet, a pesar de que el mandatario provincial se constituyó como querellante en la causa que investiga la Justicia Federal por los focos de incendios producidos en las zonas ribereñas de Rosario y de Entre Ríos.

“Se ha fustigado al gobernador Bordet por los incendios. Entendemos que, si bien el Estado entrerriano tiene su cuota de responsabilidad, no debería personalizarse la crítica en esta circunstancia. Ello no quita que resulte necesario un Estado presente. Hoy no existe un plan eficiente del manejo del fuego, ni se ha efectuado una movilización de equipos y recursos acorde a las circunstancias. Pero las consecuencias de esa anomia -que vienen siendo enormes- son compartidas”, remarcaron.

En contra de la alternativa

Finalmente, FARER volvió a insistir que hacer la zona una reserva natural o un Parque Nacional es una pésima idea: “El pedido de transformar la zona del Delta en una gran reserva natural sin actividad ganadera es otra de las afirmaciones que se hacen sin tener la menor idea de la situación de las islas, de su geografía, ni de su realidad. Pensar que una zona protegida es la solución para evitar incendios es una idea rayana con el desconocimiento y la irresponsabilidad porque al no haber ganadería, el pastizal sería aún mayor (la turba sería similar), por ende, los incendios mucho más difíciles de controlar. Entiéndase que, si no existieran los productores en las islas de Diamante, Victoria, Ibicuy y las Lechiguanas, la situación sería harto peor, con dichas zonas sumidas en el abandono, la desidia y llena de intrusos”.

“Creemos y apostamos a una producción agropecuaria sustentable, donde se cumpla la ley y donde el Estado esté presente para castigar a quienes hacen mal las cosas. Entendemos que cada eslabón debe cumplir su función en pos de una producción segura y responsable. Y si de responsabilidad se trata, es imprescindible que quienes se manifiesten en este y otros temas, sepan al menos de lo que están hablando. En verdad, los últimos episodios en materia de expresiones públicas, provocan vergüenza ajena”, concluyó FARER.