El nuevo gobierno deberá dar solución a graves situaciones irregulares que se están produciendo en el Estado. Un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) ahonda, por un lado, en la designación del director de la Comisión Médica Única a través de un dudoso concurso. Por otro, licencias truchas y contrataciones de personal suplente que no trabaja en el Hospital de Concepción del Uruguay. Una maniobra repetida en el área de Salud que derivó en una denuncia penal y administrativa. En ambos casos el control y la transparencia derivarían en una reducción de gastos innecesarios y hasta ilegales.

En la Comisión Médica Única se viven por estos días momentos de zozobra e intranquilidad a raíz de la confirmación en el cargo de director del médico Walter Pablo Luchetti, quien también ostenta un cargo en el hospital de Niños “San Roque” de Paraná.

A un contexto de maltratos constantes y presiones laborales, se suma que su designación en junio de 2023 se efectuó a través de un concurso que algunos tildan como “a medida” y por lo menos “dudoso”.

Según pudo conocer Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), esto pasó en el último año en numerosas reparticiones del Estado como el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de la Mujer, entre otras, donde las autoridades salientes trataron de consolidar cargos para personal que venía ocupando puestos políticos.

Incluso hay cierto enojo en ámbitos de la administración provincial porque la realización de estos concursos prácticamente no se dio a conocer y en general nunca nadie se enteró de la realización de los mismos. En el caso de la Comisión Médica, además resulta altamente llamativo y por qué no, sospechoso que, “casualmente”, se presentara un solo postulante, quien ya se desempeñaba en el cargo desde 2019.

Concurso con dudas

El 13 de enero de 2023 se emitió el Decreto Nº25 del Ministerio de Gobierno y Justicia en el cual, invocando la Constitución Provincial y la Ley Nº 9.755 de regulación del empleo público –que nunca se reglamentó- se dispone “el llamado a concurso público de antecedentes y oposición, cerrado al ámbito de la Administración Central y el Consejo General de Educación, para la cobertura del cargo de Director/a de la Comisión Médica dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia”.

Dicho decreto firmado por el ex gobernador Gustavo Bordet y la entonces ministra de Gobierno, hoy intendente de Paraná, Rosario Romero, se publicó en el Boletín Oficial del lunes 27 de febrero de 2023. Allí se publica el reglamento general del concurso, los requisitos y condiciones de inscripción de los aspirantes, la forma en que se compondrá el Tribunal de selección, y demás cuestiones reglamentarias.

Vale destacar aquí las fechas de estas resoluciones en pleno periodo de receso de verano, en los meses de enero y febrero donde generalmente la actividad es nula en la administración provincial.

En la publicación del Boletín Oficial se indica que dicho reglamento “a efectos de fácil consulta y conocimiento, se publicará en página web del Ministerio de Gobierno y Justicia proveyéndose además un vínculo personalizado a tal efecto” y agrega que “una vez integrado el Tribunal de Concurso se publicará en el mismo medio su composición”.

Sin embargo, hoy la página web del Ministerio de Gobierno entrerriano cuenta con una pestaña exclusiva denominada Concursos (https://portal.entrerios.gov.ar/gobiernoyjusticia/pf/concursos/2650) en la cual sólo puede observarse la siguiente información:

28-09-2023: SE REALIZARÁ EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES DE LOS CONCURSOS PúBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIóN (Cargos Contador y Tesorero)

02-08-2023: NUEVAS FECHAS PARA LAS PRUEBAS DE OPOSICIÓN PARA CARGOS EN ORGANISMOS DE CONTROL

06-07-2023: INFORMA LISTADO DE INSCRIPTOS A LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICION, CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO N° 987/23 GOB.

Finalmente, mediante el decreto Nº2177 del Ministerio de Gobierno y Justicia con fecha 30 de junio de 2023 se designa a Luchetti como “director de la Comisión Médica con una remuneración equivalente al nivel 038 de la Ley 8620 de Funcionarios Políticos fuera de escalafón, conforme el resultado del concurso de antecedentes y oposición oportunamente realizado”, en el cual fue el único postulante. 

Esta disposición se publicó en el Boletín Oficial Nº 27727 del 7 de noviembre de 2023.

En el mismo decreto se autoriza a Luchetti a continuar realizando las guardias pasivas de cirugía plástica reconstructiva y de quemados en el Hospital Materno Infantil “San Roque” de Paraná.

En este punto, teniendo en cuenta estas cuestiones dudosas y también la fecha del decreto, que tiene menos de un año, vale remarcar que es una disposición perfectamente revisable en los términos que planteó el actual secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, e incluso también el gobernador Rogelio Frigerio, respecto de la revisión de todas las designaciones efectuadas en el último año.

Es decir que todo lo acontecido desde el 1º de enero de 2023 en adelante es perfectamente revisable desde el punto de vista administrativo.

Como conclusión, cabe decir que de manera perentoria Vitor debería aconsejar al gobernador que emita algún tipo de minuta o  resolución interna para hacer una comunicación, a través de Secretaría General o del Área legal y técnica, a todos los Ministerios para que efectúen una revisión de todos los actos administrativos relacionados con la creación de cargos o la consolidación de cargos acontecidos desde el 1 de enero de 2023 al 10 de diciembre del mismo año. Urge a que lo hagan de inmediato, para llevar tranquilidad a la planta de trabajadores estatales.

Incluso, los memoriosos recuerdan que en 1999 al asumir Sergio Montiel como gobernador mandó a hacer una revisión de todos los actos administrativos que había efectuado su antecesor, Jorge Pedro Busti.

Otras irregularidades que se plantean:

- un oficial de policía gozó de una “afectación en comisión de servicio” a la Comisión Médica desde que Luchetti asumió en 2019 como director. Dicha afectación culminó el 30 de noviembre de 2023, y el agente pasó a cumplir funciones en la guardia del Hospital San Martín.

Según supo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el agente policial cobraba adicionales como policía y a la vez cobró las horas extra de la Comisión Médica. Además, se sabe que usaba el auto oficial de la Comisión Médica para su uso personal, con combustible pago por el Estado. Incluso le quitaron el ploteado oficial que se había dispuesto en 2017 desde el Ministerio de Gobierno para todos los vehículos oficiales.

Ese vehículo se compró antes de 2015 para efectuar reconocimientos médicos, para que el médico vaya a domicilio, pero desde Comisión Médica aseguran que en los últimos cuatro años nunca se realizaron domicilios para controlar las licencias y el ausentismo y que el vehículo era utilizado para uso personal del agente policial. 

- un empleado de planta permanente de la Comisión Médica, en realidad trabajó siempre como chofer de Adán Bahl, por resolución del Ministerio de Gobierno. Debería haberse presentado a trabajar en la Comisión Médica a partir del 11 de diciembre, y no lo hizo.  

Más irregularidades a revisar: licencias truchas y desvío de fondos en hospitales públicos

Otra situación de gravedad se detectó a mediados del año pasado y derivó en una denuncia penal formulada en septiembre de 2022 y una denuncia administrativa en el ámbito del Ministerio de Salud por licencias truchas y confección de falsos certificados médicos en el Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, a las que pudo acceder Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

Es la misma maniobra que se descubrió en el Hospital “San Blas” de Nogoyá, donde actuó la Unidad Fiscal que dispuso efectuar allanamientos en el nosocomio y la sospecha es que se habrían desviado millones de pesos del área de Salud.

En el caso de Concepción del Uruguay, una trabajadora administrativa con 13 años de antigüedad, que se desempeña como secretaria de cirugía, terapia y quirófano, descubrió de manera fortuita, por un comentario de otra empleada, que desde hacía varios meses –casi un año- figuraba con partes de enfermo que ella no había solicitado.

En la denuncia se hace saber que “la maniobra defraudatoria consiste en licenciar en los registros a un empleado (sin que este lo sepa) para poder justificar la contratación de otra persona. Ese contratado, cobra por hacer una tarea que no realiza, e incluso ni siquiera concurren al hospital, porque a dicha tarea la sigue realizando el empleado que figura como licencia y que sigue concurriendo a trabajar con normalidad. Toda esta maniobra estaría acordada, organizada y ejecutada desde dentro del hospital, con la anuencia –por acción u omisión- de los responsables de las áreas respectivas”.  

Las áreas investigadas serían, al menos, el área de Recursos Humanos; la Secretaría Técnica a cargo de Gastón Pascal; la Dirección del nosocomio, a cargo de Pablo Lombardi y la Subdirección a cargo de Viviana Politti, ambos aún en funciones pese al recambio de autoridades en el Ministerio de Salud.

Por otra parte, los certificados médicos “truchos” están firmados y con sello de distintos profesionales, entre ellos Francisco Barbará, Gabriel González y Mario Rocca, según consta en la causa judicial.

Como parte de la prueba, se presenta el legajo de asistencias de los años 2020 y 2021 donde consta que la empleada concurrió a trabajar con normalidad de lo cual surge la contradicción entre el certificado que le indicaba reposo asentado en el Informe de Licencias y la realidad de los hechos que es la concurrencia a trabajar. Además, la concurrencia está asentada en el registro de huellas digitales de ingreso y egreso del nosocomio. Incluso es tan burda y grosera la maniobra defraudatoria que existe una superposición de licencias por enfermedad y la licencia profiláctica propia de la función que la empleada ostenta dentro del nosocomio.

En comunicación con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el abogado de la damnificada, Mariano Lacava, informó que “luego de que se realizaran allanamiento al área de Recursos Humanos del hospital, la causa entró en un estado de letargo, a la espera de la citación de los médicos a quienes, se sospecha, les falsificaron la firma para efectuar los certificados”.

Consideró el letrado que “la justicia está a la espera de la resolución administrativa” dado que el 6 de noviembre de 2022 se presentó la denuncia del caso ante el Ministerio de Salud lo que generó un expediente administrativo que ingresó en Fiscalía de Estado el pasado 14 de noviembre.

No es un dato menor, además, que el director del hospital, Pablo Lombardi, es hermano de Fernando Lombardi, actual jefe de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay.

Lacava planteó además que “teniendo en cuenta que el delito es de defraudación a la administración pública, es complejo que alguien pueda resultar punible, es decir, es difícil demostrar quién fue el ejecutor de la maniobra”. No obstante ello, aseguró que “está acreditado lo sucedido y quedó demostrado lo denunciado” con lo cual “es de esperar una próxima resolución del expediente administrativo por parte de Fiscalía de Estado, con la aplicación de las sanciones que correspondan, y a partir de allí se verá los pasos a seguir en la parte penal”.  Reiteró asimismo que “es todo muy lento y hay incertidumbre”.

Por otra parte, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) supo que la damnificada recibió aprietes y hasta ofrecimiento de dinero para que retire las denuncias, e incluso fue citada a una reunión con el director del hospital, Pablo Lombardi, y el jefe de personal en la cual le plantearon la posibilidad de olvidar la cuestión.