Ana Belinco, docente y referente del colectivo autoconvocado en defensa de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), advirtió sobre el proyecto de ley que busca reemplazar el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) siguiendo un modelo similar al de la obra social porteña, al que calificó como “fallido” y “opaco”.

“Realmente se tienen que preocupar, me pasaron el proyecto de ley para convertir al IOSPER en otra cosa y es una copia, con salvedades, a como funciona la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Belinco al programa Cosas que pasan (Radio Plaza). “Mariano Gallegos y Raúl Sánchez formaron parte de la intervención en ObsBA en 2008. De eso nada salió bien ni nada fue para mejor”, dijo en referencia al actual interventor de IOSPER y su colaborador.

En ese sentido, comentó que los autoconvocados de la obra social denuncian recortes sistemáticos en prestaciones y una falta total de representación real de los afiliados. “Tenemos las prestaciones recortadas. Los afiliados nos estamos autoconvocando porque los sindicatos no hacen nada por el derecho a la salud”, sostuvo Belinco, señalando la connivencia entre el gobierno porteño y el sindicato SUTECBA: “No tenemos forma de controlar la caja de nuestra obra social”.

Belinco también apuntó contra el actual entorno directivo. “El directorio de ObsBA está conformado en su mitad por el gobierno y la otra por representación sindical. El gobierno gestiona las obras sociales y es auditado por el propio gobierno. Es una burla”, afirmó, marcando la similitud con el proyecto de OSER que crea un Consejo Directivo con dos representantes del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales.

En ese marco, recordó los antecedentes de dos figuras clave: “Mariano Gallegos fue síndico de ObsBA. Y Raúl Sánchez en 2019 se tuvo que ir de la obra social. Era el asesor económico financiero. Hubo trascendidos de que había empresas prestadoras estaban ligadas a él. En ese run run se va, y en 2023 la dirección actual lo rehabilita en el cargo”.

La docente destacó que las denuncias por el vaciamiento de la obra social datan de hace años. “Desde 2022 venimos denunciando que la obra social había dejado de dar prestaciones. Nos daban un turno para cuatro o cinco meses. Las clínicas contratadas estaban colapsadas o directamente no atendían más por falta de pago”.

Desde el colectivo autoconvocado exigen una auditoría independiente, la renuncia de los directivos involucrados en la gestión cuestionada, y un nuevo esquema de gobernanza con participación directa de los afiliados.